La FCC volvió a plantear la necesidad de regular las telecomunicaciones. Así lo consideró su presidenta, Jessica Rosenworcel el martes pasado, día en que presentó un plan para restablecer la neutralidad de la red, condición perdida en 2018 durante el gobierno de Donald Trump.
La funcionaria presentó un proyecto para que Internet sea considerada un servicio esencial, al mismo nivel que el agua, la luz y la telefonía, aunque este último forme parte del combo de las telecomunicaciones en general. De adquirir ese carácter, Internet quedará sujeto nuevamente a las normas que determine el regulador de Estados Unidos. Hace dos años, el presidente Joe Biden solicitó a la FCC garantizar la neutralidad de la red, pero desde entonces no se avanzó en nada concreto para lograr ese objetivo. Tal vez la propuesta de Rosenworcel permita dar lugar a esa solicitud.
Se trata de una propuesta que estará en consulta pública hasta el mes próximo. La intención de Rosenworcel es que el servicio tome el mismo status que tuvo entre 2015 y 2018 y que abarque tanto a la banda ancha fija como a la móvil.
Retomar esa condición permitirá, según la mirada de la funcionaria, una mayor apertura, pues los proveedores de Internet no podrán bloquear contenidos legales como tampoco reducir velocidades ni crear vías rápidas a favor de aquellos prestadores que puedan pagar por eso. A esto se sumará seguridad, pues la reclasificación del acceso de banda ancha permitirá tanto a la FCC como a otras agencias federales tomar medidas de seguridad cuando se presente una amenaza digital.
Esto se traducirá, el mismo tiempo, en una mayor seguridad para el usuario, siguió explicando la presidenta del regulador. Al tener reglas claras, la FCC podrá desarrollar políticas orientadas a mejorar la resiliencia de la red, la privacidad y obligar a las empresas a notificar sobre congestiones, cortes u otros problemas a los consumidores. El reglamento propuesto por Rosenworcel también permitiría definir una estandarización nacional en cuanto a la neutralidad de la red, y no dejar librada la situación a cada estado.
La propuesta de la FCC tiene que ver específicamente con la situación en ese mercado. Por eso, la funcionaria insistió en la necesidad de considerar a Internet como un servicio esencial. Es el modo, agregó, para poder desarrollar políticas de universalización.
“A raíz de la pandemia y la inversión generacional en el acceso a Internet, tenemos una ventana para actualizar nuestras políticas y asegurarnos de que Internet no solo sea abierta, sino también rápida, justa, segura y protegida. Estoy comprometido a aprovechar esta oportunidad. Ahora es el momento de que nuestras reglas de conducta para los proveedores de servicios de Internet reflejen la realidad de que el acceso a Internet es una necesidad para la vida diaria. Hagámoslo”, dijo la presidenta del organismo.
En el comunicado dado a conocer, se señaló que, desde la adopción de la declaración política de 2005 que afirmaba los principios de neutralidad de la red, y hasta 2018, la FCC tuvo una política clara en cuanto a la necesidad de hacer respetar los estándares abiertos de internet. “Sin esta autoridad, ninguna agencia federal puede monitorear o ayudar efectivamente con cortes de banda ancha que amenazan empleos, salud, educación y seguridad”, señaló.
Agregó que “las políticas de Internet abierta protegen la libertad y la expresión de los estadounidenses, y sólo consagran límites a la capacidad de las empresas de banda ancha para limitar las actividades de los consumidores y las empresas”.
Por esta razón, la nueva reglamentación propone eliminar 26 disposiciones del Título II y más de 700 normas de la Comisión “que podrían representar una amenaza para la inversión en redes o ser innecesariamente gravosas. En consecuencia, políticas como la regulación de tarifas y la desagregación de redes estarían estrictamente prohibidas”.
La decisión final sobre esta propuesta se tomará el próximo 19 de octubre, día en que se votará el proyecto. Si obtiene el sí, se iniciará el proceso de redacción del reglamento que, una vez más, será sometido a consulta pública antes de su versión final y su puesta en práctica.
