Mientras la Argentina sigue convulsionada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 83 páginas que desregulariza diversas actividades económicas, incluidas algunas de telecomunicaciones, este viernes se publicó un nuevo decreto que da más claridad sobre cómo quedará conformada el área relativa a las políticas de conectividad, y a qué órbita responderá Arsat.
Como se había definido al principio de la gestión del nuevo gobierno, las telecomunicaciones quedarán bajo el paraguas del Ministerio de Infraestructura, junto con otros sectores como energía, minería, transporte, puertos y vías navegables, y desarrollo territorial.
De este ministerio dependerá la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad que, a su vez, contará con dos subsecretarías: una de Políticas de Comunicaciones y Conectividad, y otra de Planeamiento de Comunicaciones y Conectividad.
Si bien la semana pasada se había determinado que las empresas de capital estatal pasarían a la órbita de la Jefatura de Gabinete -según el decreto 45/2023-, en este decreto 73/2023 de la Administración Pública Nacional, se especificaron los organismos y entes descentralizados, entre ellos Arsat. La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales quedará también bajo la órbita de Ferraro, junto a otros entes del sector público nacional como el Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos y Aerolíneas Argentinas, entre otros.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a su vez, quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. En tanto, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología quedó a cargo de Germán Vigne, ingeniero en sistemas especializado en la transformación digital de las organizaciones, tal como lo describe en su perfil de Linkedin. Hasta ahora se venía desempeñando en el área de sistemas del Banco Nación.
El DNU 70/2023 publicado el último miércoles introduce una multiplicidad de cambios en el funcionamiento de diversos sectores de la economía y de la administración pública, entre ellos, la posibilidad de privatizar las empresas públicas, como Arsat. El texto debe ser aprobado o rechazado por una comisión bicameral del Congreso para que entre en vigor. En caso de no haber pronunciamiento, comenzará a estar vigente a partir del próximo 29 de diciembre.
Mientras tanto, y mientras la ciudadanía argentina y los ámbitos de decisión discuten fuertemente sobre forma y contenido de este decreto, las áreas que ya tienen funcionarios a cargo siguen avanzando con la reorganización de las diversas áreas, y las responsabilidades que le competen a cada una.
