A una semana que el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica suspendiera de forma temporal el reglamento de Ciberseguridad, por el que se impide a las empresas chinas a participar de la subasta de espectro 5G prevista para la primera mitad de este año, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ratificó la convocatoria y descartó que el proceso licitatorio estuviera suspendido.
TeleSemana.com conversó de forma exclusiva con la Unidad de Comunicación Institucional del Micitt, que explicó que la medida cautelar “provisionalísima”, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, suspende temporalmente algunos artículos (los N° 4,5,6,9,10) y algunos incisos (c, d, e y f; el 11 y el 13), y el “Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil y superiores” y que, por ende, entiende que “el proceso de 5G en Costa Rica continúa”. Para la cartera, sólo resta que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) publique el cartel, pero este órgano no está funcionando desde hace casi un mes porque el Consejo Directivo aún está incompleto.
“Esperamos próximamente la publicación del pliego de condiciones definitivo por parte de la Sutel para la celebración de concurso respectivo como parte de la fase de instrucción que le compete a dicho Órgano Regulador”, dijeron desde el Micitt a TeleSemana.com, pero también resaltaron que en las últimas semanas, la Sala Constitucional ratificó, a través de dos fallos diferentes, que dicho reglamento “es conforme con nuestra Constitución Política y que no transgrede ningún derecho fundamental, rechazando inclusive de plano una acción de inconstitucionalidad contra esta normativa, y reafirmando que el Poder Ejecutivo cuenta con la potestad de emitir este tipo de política pública, la cual procura garantizar la seguridad nacional y la protección de los derechos e intereses legítimos de los usuarios finales en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente en el contexto del 5G”.
Fuentes oficiales de la cartera valoraron que “esta medida se adopta sin que se haya brindado oportunidad procesal al Estado de ejercer su derecho de defensa, por lo cual esperamos que muy pronto la medida sea revocada. Para estos efectos procesales se trabaja en coordinación con la Procuraduría General de la República para atender los requerimientos del Tribunal citado y se está trabajando en ejercer oportunamente los derechos procesales correspondientes para que el juzgador cuente con todos los elementos necesarios para tomar una decisión justa y equitativa en el marco del proceso judicial en curso”.
Mientras este medio aguarda recibir más comentarios sobre esta coyuntura, todo parece que el conflicto se profundiza y los interrogantes se multiplican. ¿Es posible avanzar con la subasta aún en este contexto de judicialización? ¿Qué tipo de equipamiento podrán utilizar los operadores de telecomuniaciones que accedieran al recurso? ¿Cuál es el estado de situación en este momento?
La Audiencia Judicial no fue convocada aún y, como la defensa del caso la hace el Micitt junto a la Procuraduría es esta última quien presentó los argumentos ante el Juzgado y ahora el tema está en sus manos, ya sea para emitir una cita de audiencia oficial para la defensa o levantar la medida cautelar por considerar suficiente la respuesta recibida.
Y, aunque el proceso no fue detenido por la medida cautelar, lo que sí hizo fue poner en cuestionamiento las condiciones específicas de la subasta y, por lo tanto, es imposible precisar ahora si el cartel definitivo incluirá o no los aspectos que resultaron impugnados.
