La subasta 5G de Costa Rica sigue pendiendo de resoluciones vinculadas con los proveedores habilitados a construir esas redes. El pasado miércoles, el Tribunal Contencioso Administrativo de este país suspendió de manera temporal el reglamento que impide a las empresas chinas a participar de las licitaciones que realizarán las operadoras de telecomunicaciones para desplegar sus redes de quinta generación, en el marco de la subasta prevista para la primera mitad de este año.
El tribunal dictó una medida cautelar temporal luego de un recurso presentado por el Frente Interno de Trabajadores, el sindicato que representa a los trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La cosa, sin embargo, debe resolverse rápidamente. La Justicia le dio tres días al Gobierno para que presente los argumentos contrarios a la posibilidad de que las empresas chinas participen de esos procesos, con el objetivo de resolver luego la cuestión de fondo, según indicó la agencia EFE.
Rápidamente, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) expresó a través de un comunicado que “confía en que, en el transcurso del proceso judicial, se considerarán debidamente todos los aspectos pertinentes para garantizar un resultado justo y equitativo, en línea con los intereses nacionales que conlleva el desarrollo de redes 5G”.
Hubert Vargas, viceministro de Telecomunicaciones, dijo a TeleSemana.com que “esta medida se ha concedido sin dar al Poder ejecutivo la oportunidad de defender el reglamento y sus intereses públicos. Sin embargo, confiamos que durante el proceso judicial se considerarán todos los aspectos relevantes para garantizar un resultado justo y equitativo, especialmente en lo que respecta a la seguridad nacional, la protección de derechos de los usuarios finales y la promoción de un ambiente propicio para la innovación y la inversión en el sector de las telecomunicaciones2.
Todo indica, de acuerdo a lo señalado por el funcionario y lo que se desprende del comunicado oficial, que el ministerio responderá en tiempo y forma. “El Estado ejercerá oportunamente sus derechos procesales, a fin de que el juzgador pueda contar con todos elementos para revocar la medida dispuesta”, subrayó.
El conflicto comenzó en agosto de 2023 cuando, en el marco de las conversaciones orientadas a avanzar en el proceso de licitación 5G, se introdujo como condición excluyente haber firmado el Convenio de Budapest. China es uno de los países del mundo que no ha adherido a ese pacto de 2001 en donde se establecieron premisas para combatir los delitos informáticos a nivel transnacional.
Tras haberse determinado esa condición, Huawei se quejó, al igual que le Embajada China en San José de Costa Rica. Esa condición se estableció luego de una serie de reuniones entre el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y su par en Estados Unidos, Joe Biden. De hecho, a partir de esos encuentros Estados Unidos incrementó la cooperación en materia de ciberseguridad en Costa Rica. Vale recordar que este país experimentó uno de los ciberataques más violentos sucedidos en la región en 2022, cuando durante casi un mes el Estado estuvo prácticamente paralizado.
En ese mismo año, Huawei también interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra del ICE por haber sido excluido de la licitación 5G. Ese tribunal se declaró incompetente para resolver ese tema.
Como para que no queden dudas del posicionamiento geopolítico que se está jugando en Costa Rica, hace un par de semanas la Unión Europea (UE) emitió un comunicado apoyando la estrategia de ciberseguridad que viene desplegando este país. En ese pronunciamiento, anticipado por TeleSemana.com, la Delegación de la UE y un grupo de 16 embajadas europeas acreditadas en en el país felicitaron “al gobierno de Costa Rica por sus esfuerzos a favor de la transformación digital y por su liderazgo en Centroamérica en el despliegue de la tecnología 5G y manifiestan su voluntad de ser socios estratégicos de Costa Rica en la creación de un entorno digital seguro y sostenible”.
Se refería a las iniciativas encaradas en los últimos meses, vinculadas tanto con la estrategia nacional de ciberseguridad como por la definición de los reglamentos destinados a agilizar el proceso de construcción de infraestructura de telecomunicaciones.
Todo indica que el Micitt dará su respuesta, a más tardar el lunes. De ella dependerá la continuidad del amparo, recurso al que echan mano todos los actores de la industria de las telecomunicaciones sin importar el país del que se trate, para profundizar negociaciones y tratar de inclinar la balanza a favor de sus intereses.
La licitación 5G de Costa Rica seguirá, por lo pronto, en modo suspenso.
