Con la GSMA a la cabeza, Andesco, Asomóvil, Asotic y Asiet pidieron al Gobierno de la Colombia, al Congreso de la República de ese país, y a los entes de control y de regulación “establecer reglas claras y justas sobre el uso de las redes”, porque de lo contrario no se realizarán las inversiones necesarias -calculadas en 4.500 millones de dólares- para lograr el objetivo de conectar al 95 por ciento de la población, tal como lo planteó la administración nacional cuando asumió, a finales de 2022. El reclamo se hace cuando falta poquito más de un año de las nuevas elecciones presidenciales.
A través de un comunicado distribuido por las entidades junto a las operadoras de telecomunicaciones en las que están nucleadas, el sector volvió a exponer sobre la necesidad de que las compañías digitales cumplan con responsabilidades impositivas, al igual que las telcos.
Imagen: Aleksandar Cvetanovic/Unsplash
“Colombia debe avanzar hacia un modelo de uso equitativo y sostenible de las redes y la infraestructura digital, donde todos los actores, especialmente quienes más tráfico generan, paguen por los insumos que usan”, señalaron. Y para que quede claro a quién va destinada la demanda, agregaron: “Regular el uso justo de las redes no es solo una medida económica. Es una decisión política y social que impacta el derecho a la conectividad, la equidad territorial, la democracia y el futuro digital de todos los colombianos”.
Se trata de una “otra manera” de abordar el tema del fair share, discusión que parece estar perdiendo potencia en América latina. Semanas atrás, la Alianza para la Internet Abierta (AIA) se pronunció de manera contundente en contra de este sistema, y en el inicio del año hubo pronunciamientos en ese sentido en el Parlamento de Brasil.
Con la mira bien apuntada
Eligieron puntualmente a quiénes hacerles llegar esta solicitud: al ministro TIC, Julián Molina Gómez; al presidente del Congreso, Lidio García Turbay; a su par de la Cámara de Representantes, Juan David López Tenorio; y a la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas. También, y puntualmente, a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC): a su directora, Claudia Ximena Bustamante Osorio, al experto comisionado de ese ente, Felipe Augusto Díaz Suaza, y a la Directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso. Como para que ningún funcionario pueda decir que no se enteró del reclamo.
“En la actualidad las grandes plataformas digitales no se encuentran afectas a la regulación local, lo que genera enormes asimetrías, sino que también no pagan por el uso de las redes, y definen unilateralmente las condiciones para alojar su infraestructura de entrega de contenidos y la calidad requerida para que sus contenidos lleguen al usuario. Recordemos que los contenidos de las grandes plataformas tienen como único medio, para llegar a los usuarios, las redes de telecomunicaciones desplegadas por los operadores, gracias a las cuantiosas inversiones que estos últimos hacen. Esta situación configura una falla estructural de mercado que necesita una corrección regulatoria urgente.
Fundamentaron que en los últimos siete años, las telcos invirtieron más de 55 billones de pesos colombianos (más de 13.600 millones de dólares) tanto para mantener como para ampliar y modernizar la infraestructura de redes. “Estas inversiones han sido decisivas para sostener la calidad del servicio, responder al crecimiento de la demanda y llevar conectividad a cada territorio del país. Pese a estos esfuerzos, la brecha digital persiste”, indicaron en el comunicado.
En este punto, citaron datos de la GSMA de noviembre de 2023, que señalaron que “superar las metas del MinTIC y alcanzar el 95 por ciento de cobertura nacional demandará cerca de 4.500 millones de dólares adicionales, destinados a conectar a aquellos colombianos que aún están excluidos, principalmente en zonas rurales”.
Desbalance y oportunismo
En el comunicado volvieron a señalar el impacto del tráfico de video generado por las plataformas digitales en las redes móviles, la caída del ARPU, establecida en un 70 por ciento en la última década “debido a la necesidad de mantener precios bajos”.
El reclamo de las entidades apunta directamente a la CRC, a la que recordaron que “diversos centros de pensamiento y estudios recientes —Universidad Nacional, JSM y NERA (2024-2025)— coinciden en que Colombia necesita adoptar una regulación justa y equitativa, que implique una simplificación de la misma hacia las empresas de telecomunicaciones y, que requiera a los grandes generadores de tráfico a asumir una parte proporcional de los costos de red, como ya sucede en otras jurisdicciones, como es el caso de Corea del Sur que recientemente ha implantado un régimen de negociaciones comerciales entre operadores y grandes generadores de tráfico supervisadas por el regulador”.
Por eso, subrayaron que, de persistir esta “situación desbalanceada” habrá “una afectación directa sobre los servicios de telecomunicaciones pues continuará disminuyendo la capacidad financiera de los operadores para sostener las inversiones en redes, las cuales son indispensables para otorgar a los usuarios finales un servicio de calidad a precios asequibles”.
¿Tiempos políticos? Es posible. La presión que decidieron hacer estas entidades en este país no tiene, al menos por ahora, antecedentes en otro lugar. A menos que el paso dado en Colombia sea el primero para luego verlo extendido en la región. Para este año quedan pendientes comicios presidenciales en Bolivia, Chile y Honduras, y ya en 2026 se dirimirán elecciones en Perú, Costa Rica, y Colombia.
Las telcos insisten con el fair share, discusión que ya peina 15 años. ¿Vale insistir con lo mismo o dar una vuelta de rosca? Las señales parecen estar yendo en otra dirección.
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