Vodafone ha publicado el informe A Bridge Across Communities. How reversing digital exclusion can level up Europe and build political resilience. El documento presenta una radiografía contundente de la brecha digital en Europa. Casi la mitad de los ciudadanos de la Unión carece de competencias digitales básicas, uno de cada cinco hogares rurales sigue sin cobertura de 5G y, si no se toman medidas, hasta un cuarenta por ciento de la población podría quedarse rezagada en habilidades digitales en 2030, dice.
El informe también advierte del coste económico de la inacción. Se estima una pérdida de 1,3 billón de euros de producto interior bruto hacia 2033 si la transformación digital no se acelera. Los ejemplos que se incluyen refuerzan la tesis. En Portugal las empresas digitalmente maduras pagan un treinta y siete por ciento más en salarios. En Alemania la expansión de redes aporta 5.000 millones de euros anuales al producto interior bruto (PIB). En los países nórdicos la alfabetización digital se asocia a una mayor confianza en las instituciones.
El diagnóstico que plantea el documento es claro. La digitalización es hoy tan vital como la electricidad o el agua. Sus beneficios se reflejan en la productividad de las pequeñas y medianas empresas, en la eficiencia de los sistemas de salud y en la resiliencia democrática frente a la desinformación. El mensaje central insiste en que la inclusión digital debe convertirse en una prioridad estratégica para los gobiernos europeos y que debe estar acompañada de inversiones en conectividad, capacitación y servicios públicos en línea.
Conviene, sin embargo, leer estos documentos con una dosis de escepticismo. Su valor es real, porque aportan datos, casos y un sentido de urgencia. Pero también contienen una doble intención. No sorprende que los ejemplos de buenas prácticas coincidan con programas impulsados por Vodafone ni que la responsabilidad se desplace con tanta fuerza hacia los gobiernos.
Al enfrentarse a estos informes es útil recordar que los operadores de telecomunicaciones, como los equipos de fútbol, tienden a ver las reglas y a los árbitros como responsables de sus resultados. La narrativa que se despliega sugiere que los problemas del mercado derivan en gran medida de la regulación y de la falta de incentivos adecuados, mientras se minimizan las decisiones comerciales y estratégicas de los propios operadores.
La manera más adecuada de interpretar estos estudios es separar lo que constituye un diagnóstico genuino de la realidad de lo que es una estrategia corporativa para influir en la agenda regulatoria. No se trata de descalificar el documento, sino de leerlo con filtro crítico. La exclusión digital es un problema político y económico de primera magnitud y el informe acierta al subrayarlo. Sin embargo, no lo dice todo.
El debate sobre la inclusión digital en Europa debe reconocer la responsabilidad compartida. Los gobiernos diseñan políticas y regulaciones, los operadores deciden dónde y cómo invierten, y los ciudadanos necesitan precios asequibles y competencias suficientes para participar plenamente en la sociedad digital.
Solo con esta visión completa se puede avanzar hacia un ecosistema más equitativo y sostenible, sin quedarse en el relato parcial de ninguno de los jugadores.
