Los Pequeños Proveedores de Internet (PPP) ocupan un lugar destacado en Brasil, no sólo porque garantizan alrededor del 60 por ciento de la conectividad en el país, sino porque llegan con enlaces de banda ancha fija a las zonas en las que residen las poblaciones más vulnerables por tener los más bajos indicadores del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones del país (Anatel) realizó un relevamiento del sector en el que detectó irregularidades en 5.800 empresas e instrumentó lineamientos para que se normalicen. El plazo para hacerlo vence el 29 de octubre.
A mediados de año, el regulador brasilero aprobó el Plan de Acción para combatir la competencia desleal y regularizar la prestación del servicio de banda ancha fija (Servicio de Comunicación Multimedia – SCM), a través de la Resolución Interna N.º 449 –disponible aquí-, mediante el que regula la prestación de servicios y propone incorporar herramientas de control, con sello de seguridad, cooperación institucional y trazabilidad de equipos, entre otras.
Imagen: Sean MacEntee / Flickr
“La creciente presencia de empresas informales y clandestinas, que prestan servicios sin cumplir con las regulaciones de Anatel, ha generado riesgos para la competencia, la infraestructura y la ciberseguridad, además de perjudicar a los consumidores y a los proveedores tradicionales”, dijo el organismo en aquel momento, y reveló indicadores propios por los que se identificó que más del 41 por ciento de las empresas autorizadas a prestar servicios de SCM no presentaron la información obligatoria sobre el número de accesos. La cifra supera el 55 por ciento entre las que están exentas del requisito.
En un sondeo realizado por la agencia, se identificó que hay 5.800 empresas que aún no solicitaron la autorización necesaria y que “están al borde de convertirse en irregulares”, pero también transparentó que, tras analizar los datos de concesión de entre junio y octubre, hubo un incremento en el número absoluto de empresas concesionadas, que pasó de 12.100 en junio a las 15.700 en octubre. Esto supone un incremento de 3.600 empresas. Inclusive, la cantidad de empresas exentas se redujo en un 2,2 por ciento, al pasar del 47 por ciento al 25 por ciento. ISegún los datos de Abrint, el país posee más de 320 millones de conexiones de banda ancha (fija y móvil).
La normativa
La resolución se conoció hace cuatro meses, junto con la actualización 2025 del Plan Estructural de la Red de Telecomunicaciones (PERT) con el que se identificó que aún hay 1.207 municipios que carecen de infraestructura de fibra óptica en el backhaul; y que persisten las brechas en la cobertura móvil, porque hay 7.923 localidades que no cuentan con servicio de 4G o superior, entre otras conclusiones. Por ello, se evaluó la necesidad de ofrecer condiciones de igualdad a los prestadores, pero también seguridad jurídica.
Sucede que la imposibilidad de tener una trazabilidad total del sector se traduce en una “situación que compromete la transparencia, que dificulta la planificación regulatoria y que fomenta prácticas desleales”, tal como lo detalló el regulador. Por ello, entre las principales medidas reunidas en el Plan de Acción, se destaca la obligatoriedad para que los PPP que operen con exención de licencia, soliciten autorización para operar el servicio en un plazo de 120 días que, justamente, vence el 29 de octubre. Con esto, el organismo busca que todos los proveedores actualicen la información vinculada al acceso a la red y a los datos de registro, bajo pena de exclusión del registro e inspección para quien no suscriba al llamado.
Además, se prevé la creación de un sello de seguridad con aval público para identificar a los proveedores habituales, crear o mejorar los canales de denuncia de actividades irregulares, con protección de la identidad del denunciante; y desarrollar campañas de concienciación para poner el acento en los riesgos que supone contratar servicios de empresas no autorizadas.
La cuenta regresiva
Este 29 de octubre se cumplen los 120 días de plazo establecido por el Consejo de Administración del regulador para que todos los proveedores completen los trámites para obtener la autorización de servicio de Anatel. Y, transcurrido este plazo, promete cancelar los registros de aquellas empresas que no posean la autorización, con la interrupción de la provisión de infraestructura.
Además de la solicitud de autorización por parte de los operadores que aún no la tengan, la Anatel busca actualizar la información de las empresas, tanto del acceso a sus redes, como del número de abonados y de los datos sobre las estaciones destinadas a la explotación de servicios de telecomunicaciones, sujetas o no a licencia.
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