Perú tiene un gran desafío por delante, si de cerrar la brecha digital se trata; pero también una oportunidad. Con ese punto de partida, una pareja de expertos locales, el especialsta en políticas públicas y regulación de servicios públicos de transporte y telecomunicaciones, Jose Aguilar Reátegui, y la abogada y ex asesora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Gislayne Blanco Romero, desarrollaron una estrategia basada en inteligencia artificial (IA) para mapear las áreas no conectadas, mediante criterios de priorización no subjetivos, y mejorar la planificación de los despliegues de telecomunicaciones, que posibilitan la inversión pública y la privada.
En diálogo con TeleSemana.com, Aguilar y Blanco, ofrecieron los detalles de una apuesta que podría beneficiar a casi 400.000 habitantes y que tiene tres componentes. El primero, identificar las áreas que aún no están conectadas y que, a partir del Índice de Prioridad (PRI), se cuantificaron en 11.218 localidades. El segundo, utilizar el algoritmo DBSCAN (siglas de Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise), un método de agrupamiento no supervisado que permite detectar clusters o zonas desatendidas que comparten proximidad geográfica y características similares; y que arrojó la existencia de unos 160 en diferentes regiones. Y, el tercero, priorizar y seleccionar; cuyo primer relevamiento identificó a un cinco por ciento de las localidades más requeridas, con la potencialidad de beneficiar a 389.445 personas.
“Perú tiene varios mecanismos para impulsar la infraestructura. Tenemos el canon por cobertura para las licitaciones de espectro, de forma que las empresas no tengan que pagar una obligación económica, sino que asuman compromisos de inversión para las zonas desatendidas”, dijo Aguilar y recordó que los indicadores oficiales advierten que de las 110.000 localidades que existen en Perú, unas 60.000 tienen cobertura y otras 50.000, no. “Es un número fuerte, ¿no?”, inquirió el especialista.
Foto creada con ChatGPT
Aguilar detalló que, hasta ahora, el gobierno presentaba a las operadoras un listado de localidades a cubrir a través del mecanismo de canon de cobertura, unas 400 localidades, y por los contratos de concesión, cerca de 1.500 localidades, aproximadamente. Sin embargo, son las operadoras las que eligen las localidades que servir. “Lo que pensamos con la coautora del documento, es que el Estado pierde un poco la priorización de algunas zonas. Pasa en todos lados, las empresas telco van desplegando infraestructuras donde les es rentable y donde le resulta menos costoso. Y nos propusimos cambiar eso para que sea el Estado quien lo defina y priorice, por ejemplo, zonas donde exista una mayor cantidad de población o la cercanía a redes ya existentes”. Ese fue el punto de partida: pensar que el Estado pueda diseñar un plan gradual, “del mismo modo que se planea una red”.
Las fuentes de información ya existen y son oficiales, e incluyen localidades donde ya hay cobertura 2G, 3G, 4G, y hasta las bases de datos demográficas del país. En ese sentido, el aporte de este trabajo radica en proponer un criterio (que se pueda reajustar). “Creamos un algoritmo que depende de varios filtros: considera a aquellas localidades que no fueron ponderadas o que son muy chiquititas (las hay de cinco viviendas, por ejemplo); separamos las zonas rurales de urbanas para enfocarnos en las rurales, y dimos puntajes. También, priorizamos las distancias, por ejemplo, de un radio de hasta 100 kilómetros de una antena o nodo de fibra, para evitar costos altos”, explicó Aguilar.
Según Blanco, para que toda esta estrategia tenga razón de ser, es vital que haya una periodicidad en la actualización de la información oficial, porque ese es el indicador de cómo avanza -o no- la conectividad. “Es importante contar con esa data actualizada y, en función a ello, poder tomar mejores decisiones. Sabemos que existe una brecha significativa y que es importante orientar los esfuerzos para que la regulación y de despliegue -del Estado y de los privados- tengan sentido”.
Lo importante de que la base de datos de localidades priorizadas se mantenga actualizada radica en permitir que el algoritmo acompañe los esfuerzos. Sin embargo, no todas las localidades forman parte de ese listado. “Perú tiene 100.000 centros poblados y un porcentaje de ellas, entre el 10 y el 20 por ciento, son localidades que se mueven en el tiempo; porque son pequeñitas y se mudan por distintas razones. Y, justamente, el hecho de que se puedan ir moviendo cerca, alrededor de las localidades en las que pueda haber cobertura, lo facilita todo. Por ejemplo, puede que una localidad no tenga una cobertura con todos los cánones que exige el operador en su momento inicial, pero sí garantizar el servicio”, explicó Aguilar y aclaró importante que “estos mecanismos o marcos aprobados de sandbox regulatorios, permitan que más localidades se conecten sin exigir a los prestadores todo el estándar de calidad de 24 horas; porque es muy difícil y porque, tal vez, esas personas no lo necesiten las 24 horas”.
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“La idea es avanzar como una red, empezar con los 1.000 pueblos que están más cerca y luego, se ampliarlo. Con lo cual, algún grupo de localidades que no esté en esa primera lista podría estar en una subsiguiente. Por eso, la importancia de renovar anualmente ese listado que el ente rector entregue a las empresas operadoras para el mecanismo de canon por cobertura”, sostuvo el especialista.
Por todo este razonamiento, la propuesta -diposibible aquí- advierte que puede facilitar que los operadores concreten esos compromisos de despliegue por cobertura.
“En Perú existen dos tipos de intervenciones, las directas y las no directas. Las directas son las que hace el privado, a través de estos compromisos de inversión derivados de concursos, de renovaciones, de ordenamiento de espectro, entre otras medidas del Estado. Y las no directas son aquellas que realiza Pronatel”, explicó Blanco y precisó, además, que “muchas veces, dentro de estas obligaciones, se deja en rezago ciertas zonas. Es el denominado brecha residual o grupo de localidades que no cumplen con ciertas condiciones o características para ser cubiertas por la empresa que debe dar servicio en el marco de sus intervenciones directas comprometidas y que, conforme van pasando los años, siguen siendo relegadas. Entonces, son regiones a las que nunca les da la debida priorización”.
La apuesta de que la IA intervenga es, justamente, otorgar ese nivel de atención y foco. “Aprovechar esas oportunidades para conectarlas con los privados, sin esperar que en el largo plazo llegue el Estado, porque el Estado tiene sus propias dificultades para poder desplegar a todas las localidades. Aprovechemos, justamente, estas herramientas como la IA para identificar a aquellas que, estando desconectadas, se encuentran dentro del radio de una localidad ya conectada”.
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Cómo conectarlas y para qué, forma parte de otros pasos. En ese sentido, los creadores de esta estrategia subrayan la posibilidad de propiciar la existencia de otros actores, como los de redes comunitarias; pero también de iniciativas de alfabetización y de creación de talentos digitales.
“Cuando hacemos un análisis en políticas públicas decimos que lo más importante es la identificación del problema, y justamente para identificarlo necesitamos contar con evidencia y con información. Luego, saber si vamos a lograr aportar un cambio significativo”, destacó la especialista que, a su vez, amplió el abanico al ponderar que esta propuesta pueda ser tomada tanto por el Ministerio -que estaría evaluándola-, como por un operador que aspirara a mejorar el cumplimiento de sus obligaciones.
Por tratarse de una IA, “siempre es importante que exista la supervisión de los especialistas en el MTC”, dijeron los creadores de la estrategia, del mismo modo que plantearon que los sesgos son plausibles de reorientarse por parte del MTC en función de intervenciones específicas. “El modelo no es estático, puede adecuarse a la visión que pueda tener el ente rector, pero es importante que existan criterios objetivos para poder eliminar evaluaciones subjetivas que impidan considerar elementos básicos o necesarios para poder llegar a las localidades”, concluyó Blanco.
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