Con diferentes niveles de avances y pragmatismo, Chile, Perú y Argentina, trabajan en el retiro de infraestructura obsoleta. Por estas horas, Chile anunció su Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables en la Región del Biobío; Perú dejó en suspenso el plazo que vencía en marzo de 2026, tendiente a descolgar los cableados; y Argentina debate normativas pero por ahora solo en la provincia de Buenos Aires. Las discusiones, las dilaciones y las urgencias forman parte de un mismo proceso.
Chao cables
A más de seis años del inicio de su tramitación, Chile inició la implementación de su Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables, una iniciativa que es popularmente conocida como “Chao Cables” y que apuesta por el retiro de cableados en desuso, el ordenamiento del tendido aéreo y la mejora de la seguridad; que pondera más de 66.000 puntos de intervención en las 16 regiones y que se extenderá durante tres años.
Esta semana, fue la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, quien dio el primer paso en Concepción, una de las comunas de la Región del Biobío que cuenta con la mayor cantidad de puntos a intervenir, 722. Segunda se encuentra Temuco, en el marco de una hoja de ruta que se continuará en todo el territorio nacional, con una ejecución masiva tendiente a eliminar la basura aérea y mejorar la seguridad urbana.
“Con este plan, Chile inicia la mayor operación de ordenamiento de infraestructura digital del país, una iniciativa que refleja el valor de la coordinación entre el Estado, los municipios, los operadores y la ciudadanía”, dijo Garrido y valoró que “este esfuerzo público-privado permitirá contar con telecomunicaciones más confiables, una mejor gestión de la infraestructura aérea y espacios públicos más seguros y agradables para todos”.
Esta política pública, diseñada hace más de seis años y con un horizonte de implementación de tres años, da sus primeros pasos en el terreno. En el primer año, se prevé que se avance en 34 comunas y 9 regiones del país. La primera región, la del Biobío, involucra obras en más de 1.600 puntos durante 2026, de los más de 7.200 puntos de intervención previstos para los tres años de alcance.
Se trata de un abordaje público-privado donde, sólo en Biobío, se espera la cooperación de una decena de operadores de telecomunicaciones que deberán ejecutar trabajos durante el período del plan, entre los que se destacan Mundo Telecomunicaciones, Claro-VTR, Telsur, Entel, WOM, ON NET Fibra, Movistar, Silica Networks, ATP Fiber y CTR.
Para dimensionar el caso, vale subrayar que entre las comunas con mayor cantidad de puntos a intervenir se destacan Concepción, con 722; Hualpén, con 500; San Pedro de la Paz, con 478; Chiguayante, con 449; Los Ángeles, con 448; Talcahuano, con 443; y Penco, con 422.
En el acto inaugural del plan, también participó Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital IDICAM, quien valoró el trabajo colaborativo invertido en esta iniciativa, entre la industria y el Estado, por haber “permitido coordinar capacidades técnicas, operativas y territoriales para enfrentar uno de los mayores desafíos de infraestructura urbana y telecomunicaciones del país”.
“La experiencia desarrollada en la mesa de cables demuestra que, cuando existe articulación público-privada, es posible avanzar en soluciones técnicamente viables, financieramente sostenibles y con impacto concreto en la recuperación del espacio público, la seguridad urbana y la calidad de vida de las personas”, subrayó Ramírez.
La provincia de Buenos Aires también mira el espacio aéreo urbano
Argentina no posee una normativa nacional que ordene la eliminación del cableado de telecomunicaciones ocioso a nivel federal. En este caso, hablar de cómo se estructura este país en términos regulatorios es hablar de su historia y de sus tensiones, y es por ello que la normativa general de las telecomunicaciones (como la Ley de Telecomunicaciones N° 19.798 o la Ley Argentina Digital N° 27.078) establece el marco de las licencias, las frecuencias y la infraestructura de red, pero deja el ordenamiento del espacio público y aéreo en manos de las jurisdicciones locales.
Iniciativas hubo, pero ninguna que prospere. Por ejemplo, hay provincias que establecieron lineamientos para forzar al retiro de tendidos en desuso o a soterrarlo, como es el caso de Mendoza desde hace casi una década. Hay otros casos, como la Ciudad de Buenos Aires, donde hay lineamientos y códigos urbanísticos que exigen planes de migración tecnológica y facultan al gobernó a intimar o retirar tendidos abandonados.
Con esa inspiración, invocando la experiencia chilena y porteña, la gobernación de la Provincia de Buenos Aires avanza en el debate de una iniciativa legislativa para que las empresas de telecomunicaciones sean las responsables de remover el cableado eléctrico aéreo de la vía pública que esté en desuso, cortado o suelto.
El proyecto, disponible aquí, fue presentado hace casi un semestre. Actualmente, avanza en su trámite legislativo con el afán de crear un régimen que imponga a las operadoras de telecomunicaciones la obligación de remover el tendido ocioso en un plazo perentorio y de identificar el tendido activo, además de ponderar incentivos fiscales a quienes reutilicen el material removido.
Su autor, Carlos Puglelli, subrayó entre los considerandos que “los tendidos en desuso no solo implican un riesgo físico, sino que también simbolizan una forma de contaminación visual que degrada el entorno urbano y desincentiva la inversión en zonas afectadas”, y valoró que las experiencias de Chao Cables o de la Ciudad de Buenos Aires “demuestran que es posible compatibilizar el crecimiento tecnológico con el respeto al espacio público y la mejora de la calidad de vida urbana”.
¿El últimatum peruano cuenta con dos años de plazo?
En 2022, Perú sancionó la Ley N° 31595 para promover el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado pero que recién en 2024 contó con un reglamento técnico que, publicado a través del Decreto Supremo N° 007-2024-MTC, fijó un plazo máximo de 24 meses para que las empresas limpien las calles de cables inservibles, pero sin trasladar el costo a los usuarios.
El 13 de marzo vencía ese plazo y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) quedaba facultado para empezar a aplicar multas monetarias a las empresas de electricidad y telecomunicaciones que no hubieran limpiado las calles. En ese momento, se encendieron todas las alertas, porque no todas las operadoras estaban listas.
Fue el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el que identificó la existencia de 240 toneladas de cable –aquí– que debían ser retirados del tendido a lo largo de unas 25.000 calles del país.
Pero la industria pujó por mover los plazos. En aquel momento, Rafaela Ojeda, coordinadora del área legal de AFIN, había valorado en un reporte al respecto –aquí– que “no se trata de una falta de diligencia de las empresas obligadas -quienes ya han retirado más de 230 toneladas de cables a nivel nacional- sino de un diseño normativo que no dialoga con la realidad operativa, técnica y urbana sobre la cual pretende incidir”, y planteó la necesidad generar un nuevo cronograma.
Ya a fin de 2025 se comenzó a discutir en debate parlamentario una posible modificación de los plazos a través del proyecto de Ley 13605/2025-CR que -disponible aquí– planteó una prórroga de dos años. Esta nueva iniciativa entró en un cuarto intermedio y, hasta el momento, dejó partes del plan en suspenso y los cables colgados.
Otras experiencias
Desde hace años, por cuestiones de ordenamiento y de seguridad aérea, pero también de embellecimiento urbano, los países de la región apuntan a establecer criterios para el tendido o levantamiento del cableado.
En Panamá, por ejemplo, fue un tema de agenda hace casi año donde el regulador local, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) advirtió que, tras 15 años de existencia de un Plan Nacional de Reordenamiento de Cables de Telecomunicaciones, había desorden en los tendidos.
Con todo, la limpieza de los cielos urbanos en América Latina demuestra que el retiro de la infraestructura obsoleta dejó de ser un asunto estético para convertirse en un imperativo de seguridad y gestión pública, aunque sin dejar de lado los temas de salud y belleza urbana. Mientras que el modelo chileno evidencia que la clave está en la coordinación activa entre el Estado y los privados, las dificultades de Perú y la fragmentación legislativa de Argentina confirman que las leyes no prosperan si no dialogan con la realidad técnica y territorial.
La descontaminación del espacio aéreo es un desafío técnico-político impostergable, para la mejor calidad de vida de sus ciudadanos pero también para facilitar el despliegue de las tecnologías del futuro.
