La revisión del marco regulatorio de las telecomunicaciones en Europa ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que lleva años dividiendo al sector: ¿deben los operadores de telecomunicaciones y las grandes plataformas digitales competir bajo las mismas reglas cuando ofrecen servicios que, desde la perspectiva del usuario, parecen prácticamente idénticos?
En un reciente artículo publicado en su blog corporativo, Vodafone Group sostiene que ha llegado el momento de revisar el modelo regulatorio europeo y adoptar un principio sencillo: si dos servicios cumplen la misma función para el consumidor, deberían estar sujetos a obligaciones equivalentes.
Para el operador, el ecosistema digital ha cambiado mucho más rápido que la legislación. Mientras hace dos décadas las comunicaciones estaban dominadas por llamadas telefónicas y SMS, hoy millones de europeos utilizan aplicaciones como WhatsApp, Signal, Telegram, Teams o Zoom como principal herramienta para comunicarse, tanto en el ámbito personal como profesional.
Vodafone recuerda que, en 2025, el 82 por ciento de los europeos de entre 16 y 74 años utilizaban habitualmente servicios de mensajería basados en Internet. Además, destaca que el negocio generado por las aplicaciones y los servicios digitales ya supera al de los servicios tradicionales de telecomunicaciones dentro del ecosistema europeo de las comunicaciones.
Sin embargo, según argumenta la compañía, la regulación sigue respondiendo a un mercado que prácticamente ha desaparecido. Gran parte de las obligaciones relacionadas con la protección del consumidor, la seguridad, la resiliencia de las redes o la cooperación con las autoridades continúan recayendo casi exclusivamente sobre los operadores de telecomunicaciones, mientras que otros actores digitales que desempeñan un papel cada vez más relevante en la experiencia final del usuario están sujetos a exigencias mucho menores.
Como ejemplo, Vodafone cita la lucha contra el fraude. Según explica el operador, las compañías de telecomunicaciones invierten importantes recursos en sistemas de detección, bloqueo y colaboración con las autoridades, mientras que una parte creciente de las estafas tiene su origen o se propaga a través de plataformas digitales y servicios online que no afrontan obligaciones equivalentes.
La empresa extiende este razonamiento a otros ámbitos, como la resiliencia de los servicios digitales, la calidad de la experiencia del usuario o el acceso a las comunicaciones de emergencia. En todos estos casos, sostiene que la responsabilidad regulatoria continúa concentrándose en los operadores, aunque la prestación efectiva del servicio dependa cada vez más de plataformas digitales, proveedores cloud, redes de distribución de contenidos y otros actores del ecosistema.
Como respuesta, Vodafone propone que la futura Digital Networks Act incorpore un principio explícito de “equivalencia funcional”, de manera que las obligaciones regulatorias dependan de la función que desempeña un servicio y no del tipo de empresa que lo presta. El operador también plantea revisar definiciones que considera obsoletas, como la distinción entre servicios basados en numeración telefónica y aquellos independientes de la numeración, así como redistribuir de forma más equilibrada las responsabilidades relacionadas con la resiliencia, la mitigación del fraude y la protección del consumidor.
El planteamiento de Vodafone resulta difícil de ignorar. Es evidente que el ecosistema digital de 2026 poco tiene que ver con el que dio origen al actual marco regulatorio europeo y que algunos grandes actores tecnológicos desempeñan hoy un papel determinante en la experiencia de comunicación de millones de ciudadanos sin estar sometidos al mismo nivel de obligaciones sectoriales que los operadores. Sin embargo, el debate probablemente sea más complejo que el mensaje “same service, same rules”.
Los operadores de telecomunicaciones no solo ofrecen servicios de comunicaciones. También despliegan y mantienen infraestructuras consideradas críticas, gestionan redes nacionales y explotan un recurso público limitado como es el espectro radioeléctrico, cuya utilización depende de concesiones otorgadas por los Estados tras procesos de adjudicación que implican importantes inversiones y el cumplimiento de compromisos de cobertura, calidad de servicio, continuidad operativa y acceso universal.
Ese elemento diferencia a un operador de telecomunicaciones de una plataforma digital, incluso cuando ambos participan en la misma experiencia de usuario. Una aplicación de mensajería puede sustituir funcionalmente a un SMS, pero no tiene la responsabilidad de construir una red móvil, desplegar estaciones base, garantizar cobertura en zonas rurales o asegurar el funcionamiento de las comunicaciones durante una emergencia nacional.
Eso no significa que el modelo actual no deba revisarse. Al contrario. La creciente influencia de las plataformas digitales, los proveedores cloud y otros intermediarios tecnológicos hace razonable preguntarse si determinadas obligaciones —especialmente aquellas relacionadas con el fraude, la ciberseguridad, la resiliencia de los servicios digitales o la protección del consumidor— deberían extenderse de forma más equilibrada al conjunto del ecosistema.
Quizá, por tanto, el verdadero debate no sea si todos los actores deben cumplir exactamente las mismas reglas, sino si cada uno está asumiendo una responsabilidad proporcional al papel que desempeña y al impacto que tiene sobre el usuario.
La futura Digital Networks Act representa una oportunidad para redefinir ese equilibrio. El reto para Bruselas no será igualar artificialmente a operadores y plataformas, sino construir un marco regulatorio capaz de reconocer que el ecosistema digital ha cambiado y que las responsabilidades también deben evolucionar. Porque, más que hablar de “mismo servicio, mismas reglas”, quizá el principio que mejor refleje la realidad actual sea “misma responsabilidad, obligaciones equivalentes”.
