La política industrial europea podríamos decir que ha estado dominada en los últimos años por la autonomía estratégica. La pandemia puso de manifiesto la fragilidad de las cadenas globales de suministro, la guerra en Ucrania convirtió la energía en un asunto de seguridad nacional y la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China terminó trasladando esa misma lógica al mundo digital. Hoy, las infraestructuras de telecomunicaciones ya no se consideran únicamente un negocio privado, sino un activo estratégico sobre el que descansa buena parte de la economía europea.
En ese contexto debe entenderse la propuesta de revisión del Reglamento Europeo de Ciberseguridad, conocido como CSA2. La iniciativa pretende ampliar las herramientas de Bruselas para proteger las infraestructuras críticas, permitiendo restringir o incluso exigir la retirada de equipos suministrados por fabricantes considerados de alto riesgo en redes móviles, fijas y de transporte. La lógica política es que la seguridad de una red depende tanto de la tecnología como de la confianza que generan quienes la suministran.
Sin embargo, toda decisión regulatoria tiene un costo económico. La cuestión ya no es únicamente si Europa debe reforzar la seguridad de sus redes, sino cuánto está dispuesta a pagar por ello.
Ese es precisamente el punto de partida de un nuevo estudio elaborado por GSMA Intelligence. Conviene señalar que el trabajo fue encargado y financiado por siete grandes grupos europeos de telecomunicaciones —Deutsche Telekom (DT), Fastweb, MEO, Orange, Telefónica, United Group y Vodafone—, aunque el análisis económico fue realizado de forma independiente por GSMA Intelligence. Más allá del inevitable debate sobre quién financia el estudio, el documento constituye probablemente la evaluación más completa realizada hasta ahora sobre el impacto económico que tendría la aplicación de estas medidas.
Lo primero que llama la atención es la metodología utilizada. En lugar de construir un escenario puramente teórico, GSMA Intelligence recopiló datos directamente de siete grandes grupos operadores que representan aproximadamente la mitad del mercado europeo de banda ancha fija y móvil. Cada compañía realizó una estimación interna del costo de sustituir los equipos afectados y, posteriormente, esos datos fueron agregados y extrapolados al conjunto de la Unión Europea (UE) mediante dos escenarios, uno conservador y otro más amplio.
La conclusión principal es que reemplazar el equipamiento existente costaría entre 30.000 y 40.000 millones de euros, con una estimación central cercana a los 35.000 millones. El mayor impacto recaería sobre las redes móviles, cuyo costo de sustitución se situaría entre 16.000 y 22.000 millones de euros. Las redes fijas añadirían hasta 5.000 millones, mientras que las infraestructuras de transporte representarían entre 9.000 y 12.000 millones. Sin embargo, el informe sostiene que esos 35.000 millones representan únicamente la factura inicial. El verdadero debate comienza una vez completado el reemplazo.
La regulación no solo obligaría a sustituir equipos. También modificaría la estructura competitiva del mercado europeo de fabricantes. Al reducir el número de proveedores disponibles, aumentaría inevitablemente la concentración y, con ella, el poder de negociación de los fabricantes que permanecieran en el mercado.
Para cuantificar ese efecto, GSMA Intelligence recurre a un modelo económico ampliamente utilizado por las autoridades de competencia para analizar fusiones empresariales, conocido como *Indicative Price Rise* (IPR). El objetivo no es predecir exactamente cuánto costará un determinado equipo dentro de cinco años, sino estimar el impacto que una menor competencia podría tener sobre los precios del equipamiento.
Los resultados son significativos. En redes móviles, donde el mercado ya presenta una elevada concentración, el estudio estima, mediante este modelo de precios indicativos, que el equipamiento podría encarecerse alrededor de un 24 por ciento. En redes fijas el incremento indicativo sería del 19 por ciento y en las redes de transporte rondaría el 10 por ciento.
Lo más interesante es que los propios autores consideran que estas cifras podrían quedarse cortas. El análisis parte de una visión relativamente amplia del mercado. Sin embargo, cuando se observan segmentos específicos, como determinadas soluciones ópticas o enlaces de microondas, la salida de algunos fabricantes dejaría en algunos casos únicamente uno o dos proveedores con verdadera capacidad industrial. En esos escenarios, la presión sobre los precios podría ser considerablemente mayor.
Desde la perspectiva de un operador, el problema no consiste únicamente en pagar más por un determinado equipo. Una menor competencia también reduce la capacidad de negociación durante los procesos de compra y convierte cada nuevo ciclo de inversión en un ejercicio más costoso.
Según las estimaciones de GSMA Intelligence, entre 2027 y 2030 los operadores europeos invertirán alrededor de 42.000 millones de euros en equipamiento activo afectado por las futuras restricciones. El incremento de precios derivado de una menor competencia añadiría aproximadamente 8.500 millones de euros a esa factura. Si el horizonte se amplía hasta 2035, el estudio estima que ese sobrecosto acumulado de inversión podría alcanzar los 24.000 millones de euros.
La diferencia entre ambas cifras resulta fundamental. Los 35.000 millones corresponden al costo extraordinario de sustituir la infraestructura existente. Los 24.000 millones representan la estimación del sobrecosto acumulado que afrontarían las inversiones futuras como consecuencia de unos precios más elevados del equipamiento derivados de una menor competencia. Son dos impactos distintos que el informe analiza por separado y que no deben interpretarse como una única factura.
Pero incluso esas cifras solo cuentan una parte de la historia. El informe recuerda que los presupuestos de inversión de los operadores no son ilimitados. Cuando el equipamiento se encarece y los ingresos permanecen prácticamente estancados, las compañías rara vez responden aumentando su gasto de capital. Lo habitual es reducir el número de proyectos, retrasar despliegues o priorizar aquellas inversiones con mayor retorno económico.
La consecuencia no sería una paralización de las redes europeas, sino una modernización más lenta. Menos estaciones base renovadas cada año, despliegues de fibra más graduales y una adopción más lenta de tecnologías como 5G Standalone (SA). Paradójicamente, una regulación diseñada para reforzar la seguridad podría terminar ralentizando la evolución tecnológica de las propias redes que pretende proteger.
Ese riesgo resulta especialmente relevante porque Europa ya afronta un importante déficit de inversión en infraestructura digital. Según el propio estudio, alcanzar los objetivos europeos de conectividad requerirá alrededor de 475.000 millones de euros, mientras que las inversiones actualmente previstas apenas alcanzan los 270.000 millones. La brecha supera los 200.000 millones de euros incluso antes de incorporar nuevos costos regulatorios.
Desde esta perspectiva, el informe plantea que si el costo del equipamiento aumenta y los presupuestos de inversión permanecen constantes, el resultado no será necesariamente que los operadores inviertan más dinero, sino que desplegarán menos infraestructura con el mismo capital. Es decir, el impacto de la regulación podría no medirse únicamente en euros adicionales, sino también en cobertura, capacidad o velocidad de despliegue que dejaría de materializarse.
GSMA Intelligence también llama la atención sobre otros efectos menos visibles. Sustituir miles de equipos antes de finalizar su vida útil generaría un importante volumen de residuos electrónicos, mientras que algunos operadores consideran que determinadas alternativas disponibles podrían presentar un menor nivel de eficiencia energética, incrementando los costos operativos durante años. El informe no cuantifica económicamente estos impactos, pero advierte de que podrían convertirse en otro elemento de presión sobre el sector.
Todo ello ilustra que el debate trasciende la mera sustitución de un proveedor por otro. La cuestión de fondo es cómo afecta una reducción del número de fabricantes a la dinámica competitiva de un mercado caracterizado por inversiones muy elevadas, ciclos tecnológicos largos y pocos actores globales con capacidad para suministrar redes completas.
Conviene subrayar que el estudio no cuestiona la necesidad de reforzar la seguridad de las redes europeas ni entra a valorar si determinados fabricantes representan o no un riesgo para la UE. Su objetivo, según explican sus autores, es aportar una estimación económica que permita evaluar los efectos secundarios que podría tener una decisión regulatoria de este alcance.
Y probablemente esa sea su principal aportación. Durante los últimos años, el debate sobre soberanía tecnológica ha estado dominado por argumentos geopolíticos. Este informe introduce una variable que había recibido mucha menos atención como es el costo económico asociado a esa soberanía.
Naturalmente, la seguridad tiene un valor que resulta difícil cuantificar. Evitar dependencias tecnológicas consideradas estratégicamente problemáticas puede justificar asumir costos adicionales. La cuestión es que esos costos no desaparecen. Alguien termina absorbiéndolos, ya sea el operador mediante menores márgenes, el consumidor mediante precios más elevados, los accionistas mediante una menor rentabilidad o, indirectamente, la propia sociedad si el ritmo de despliegue de las nuevas redes se ralentiza.
La discusión, por tanto, ya no gira únicamente en torno a qué proveedores deberían formar parte de las redes europeas. La verdadera pregunta es cuánto está dispuesta Europa a pagar para reducir sus dependencias tecnológicas y cómo afectará esa decisión a la velocidad con la que desplegará las infraestructuras digitales que necesita para competir en inteligencia artificial, automatización industrial, servicios digitales y futuras generaciones móviles.
El estudio de GSMA Intelligence no pretende responder esa pregunta. Lo que hace es aportar una base económica para un debate que hasta ahora se había desarrollado principalmente desde una perspectiva geopolítica y de ciberseguridad. Su principal conclusión no es que Europa deba o no avanzar en esa dirección, sino que las decisiones regulatorias tienen consecuencias que van mucho más allá de la seguridad.
Porque la soberanía digital no solo se decide en los organismos de ciberseguridad o en los ministerios de defensa. También se decide en los presupuestos de inversión de los operadores, en la estructura competitiva del mercado y en la capacidad de Europa para seguir desplegando las infraestructuras que sostendrán su economía durante las próximas décadas. Como pone de manifiesto este informe de GSMA Intelligence, el verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre tres objetivos igualmente legítimos: reforzar la seguridad, preservar la competencia y mantener el ritmo inversor necesario para construir las redes del futuro.
