Los grandes operadores europeos han vuelto a escribir a Bruselas —es un poco cansino el asunto—. Esta vez son 17 primeros ejecutivos, entre ellos los responsables de Deutsche Telekom (DT), Orange, Telefónica, TIM, Swisscom, KPN y Telenor, quienes advierten, otra vez, de que Europa corre el riesgo de perder el control de sus las redes de conectividad. Su diagnóstico se basa en cifras escandalosas como por ejemplo, que el sector invierte 64.000 millones de euros anuales y, sin embargo, Europa necesitaría otros 475.000 millones para disponer de redes móviles de primer nivel.
La receta vuelve a pasar en buena medida por Bruselas. Los operadores quieren licencias de espectro indefinidas o, excepcionalmente, de al menos 40 años; mayor facilidad para consolidarse; menos regulación ex ante; mayor flexibilidad en neutralidad de red para ofrecer servicios diferenciados; menos burocracia y una revisión de las obligaciones de sustitución de determinados equipos (Huawei) que, según la industria, podrían costarle hasta 40.000 millones de euros. Son reclamaciones que merecen discutirse por sus propios méritos. El sector recuerda, por ejemplo, que ha desembolsado 110.000 millones de euros en espectro durante los últimos doce años, capital que difícilmente puede gastarse dos veces.
Pero llevo 26 años cubriendo el sector de las telecomunicaciones y resulta difícil no tener cierta sensación de déjà vu. Desde la llegada de 3G, hace ya más de dos décadas, los operadores de todo el mundo, y particularmente los europeos, han dedicado una enorme cantidad de energía a explicar por qué las condiciones que los rodean no les permiten capturar el valor que generan sus redes. Puede sonar injusto e incluso excesivamente simplificado decir que las telcos han protestado más de lo que han innovado. Probablemente lo sea. Pero quizá sea más útil decirlo así que continuar otros veinte años con un discurso que hasta ahora no ha conseguido resolver el problema. (Por cierto, lo explico mejor en mi libro El Gran Legado)
Porque las reclamaciones cambian, las cifras aumentan y el vocabulario se moderniza, pero el problema de fondo permanece sorprendentemente estable. En 2021, cuando Connect Europe todavía se llamaba ETNO, la brecha estimada para alcanzar los objetivos gigabit era de 300.000 millones de euros. Una de las grandes respuestas entonces era el denominado Fair Share, —también tratado en mi libro con bastante detalle— donde las grandes plataformas tecnológicas, responsables de buena parte del tráfico que circulaba por las redes, debían contribuir directamente a financiarlas. También se reclamaban consolidación, reformas del espectro y menor presión regulatoria.
Cinco años después, el Fair Share prácticamente ha desaparecido del centro del discurso y ha sido sustituido por una ambición mucho mayor. Los operadores europeos ya no se presentan simplemente como proveedores de conectividad que necesitan financiar fibra y 5G. Quieren construir fábricas y gigafactorías de inteligencia artificial (IA), desarrollar plataformas soberanas con esta tecnología, desplegar capacidad de inferencia en sus redes, construir centros de datos y nubes soberanas, proporcionar comunicaciones militares seguras, detectar drones, operar escudos de ciberseguridad, ofrecer servicios satelitales y crear capacidades 5G específicas para industrias y defensa.
La lista es impresionante. Pero también plantea una pregunta bastante elemental: si alrededor de las redes existen todos esos negocios potencialmente multimillonarios, ¿por qué los operadores necesitan que el regulador haga posible su crecimiento?
No estamos hablando de mercados hipotéticos que quizá aparezcan dentro de diez años. Cloud, IA, ciberseguridad, centros de datos, servicios digitales empresariales y satélites son negocios que ya existen y en los que otras compañías están invirtiendo y generando ingresos. La oportunidad que describen los operadores no necesita ser creada por Bruselas, ya se está materializando delante de ellos. Eso no significa que las telcos tengan derecho a capturarla por el simple hecho de poseer las redes. Tendrán que competir por ella, desarrollar capacidades y demostrar qué pueden hacer mejor que hyperscalers, integradores, fabricantes o especialistas. Pero esa es precisamente la cuestión, es un problema empresarial antes que regulatorio.
Ahí está, posiblemente, el verdadero problema detrás de la brecha de inversión europea. Se habla constantemente de cuánto capital falta para construir las próximas redes, cuando quizá habría que hablar también de cuánto crecimiento falta para justificar ese capital. Una empresa invierte cuando espera obtener un retorno. Si existen centenares de miles de millones de euros de oportunidades alrededor de la infraestructura digital y, aun así, quienes poseen esa infraestructura no encuentran suficientes razones económicas para invertir, el problema no puede explicarse únicamente por el coste del espectro o por la regulación.
Los operadores construyeron las redes sobre las que aparecieron algunos de los negocios digitales más rentables de las últimas dos décadas, pero fueron otras compañías las que encontraron mejores fórmulas para convertir la digitalización en crecimiento. No les regalaron ese negocio, desarrollaron productos, asumieron riesgos y construyeron plataformas globales que las telcos no consiguieron construir. Precisamente por eso, después de veinte años, resulta insuficiente explicar el problema únicamente como una transferencia de valor hacia las capas superiores de Internet. También hay que preguntarse por qué los propietarios de una infraestructura tan estratégica han tenido tantas dificultades para crear nuevos motores de crecimiento alrededor de ella —perdón, la respuesta está en mi libro—.
Cuando llegó el vídeo, otros encontraron mejores fórmulas para monetizarlo. Cuando llegaron el cloud y las plataformas digitales, otros capturaron gran parte del crecimiento. La reacción del sector fue durante años pedir que algunas de esas empresas contribuyeran al coste de las redes que utilizaban.
Ahora llega otra oleada de valor alrededor de la infraestructura y sería preocupante que la respuesta volviera a comenzar por una lista de cosas que debe cambiar el regulador antes de preguntarse qué tienen que cambiar los propios operadores.
Esto no significa que Bruselas tenga razón y las telcos estén equivocadas. Sería una conclusión demasiado cómoda. Puede resultar contradictorio exigir inversiones masivas en 5G y 6G mientras durante doce años se extraen 110.000 millones de euros del sector mediante licencias de espectro. También merece revisión mantener regulación concebida para antiguos monopolios de cobre en mercados donde hoy compiten diferentes infraestructuras. Y si determinadas decisiones de seguridad obligan a sustituir equipamiento antes de finalizar su vida económica, alguien tendrá que asumir ese coste. Los operadores tienen argumentos legítimos cuando señalan esas incoherencias. Pero tener razón frente al regulador no resuelve el problema estratégico.
Lo más interesante de la carta de 2026 es precisamente que los propios operadores parecen saber hacia dónde deberían moverse. Ya no hablan solamente de transportar datos. Se imaginan participando en las capas superiores de la economía digital europea. Es una visión de la telco bastante más atractiva que la de una compañía condenada a aumentar cada año la capacidad de sus redes mientras disminuye el valor unitario de aquello que transporta.
Ahora tienen que demostrar que pueden construirla. Porque si las redes son realmente la infraestructura sobre la que se levantarán la IA europea, el cloud soberano, la defensa digital y la próxima generación de servicios industriales, sus propietarios deberían encontrarse ante una oportunidad extraordinaria. No todas esas actividades tienen que ser realizadas directamente por una telco, ni todos los operadores tienen que convertirse en proveedores de cloud, empresas de defensa o compañías de IA. Pero resulta difícil sostener simultáneamente que se controla una de las capas más estratégicas de la futura economía europea y que no existe suficiente valor para financiarla.
Después de más de veinte años escuchando variaciones del mismo argumento, quizá haya llegado el momento de invertir la pregunta. En lugar de preguntarnos solamente qué tiene que hacer Europa para que sus operadores puedan invertir, deberíamos empezar a preguntar qué tienen que hacer los operadores europeos para que invertir vuelva a ser un gran negocio. Bruselas puede cambiar las reglas. No puede cambiarles el modelo de negocio.
