México dispone de una infraestructura de telecomunicaciones considerable, pero sus indicadores de cobertura, competencia y consumo pueden estar ofreciendo una imagen demasiado optimista del mercado. El problema no es que las estadísticas sean necesariamente incorrectas, sino que sus promedios esconden a millones de usuarios y miles de localidades cuyas necesidades no aparecen adecuadamente reflejadas. Y cuando el diagnóstico no identifica correctamente el problema, las decisiones de inversión, regulación y desarrollo comercial terminan apuntando en la dirección equivocada.
Esta es una de las principales conclusiones de “México: El país que ya tiene la red”, un nuevo informe estratégico de TeleSemana que analiza las contradicciones de un mercado donde la infraestructura ha avanzado más rápido que su aprovechamiento efectivo. La investigación identifica tres dimensiones que se refuerzan mutuamente: unas métricas que no siempre representan la realidad, instituciones que dificultan la coordinación de inversiones y modelos comerciales todavía demasiado dependientes de una concepción tradicional del consumidor.
La primera contradicción aparece en el dato más elemental de cualquier mercado móvil: el número de líneas. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) contabilizó 146,1 millones de líneas activas al cierre de 2025, frente a los 161,6 millones estimados por The Competitive Intelligence Unit (The CIU). Una diferencia superior a 15 millones de líneas, equivalente a más que la base del tercer operador del país.
Ambas cifras pueden ser correctas porque miden realidades distintas. El regulador contabiliza líneas que cursan tráfico, mientras la consultora estima el parque comercial. La dificultad comienza cuando estos universos se utilizan indistintamente para calcular cuotas de mercado, valorar adquisiciones o evaluar la competencia. Dependiendo del criterio elegido, los operadores móviles virtuales representan aproximadamente entre el 12 y el 19 por ciento de las líneas. Su importancia como fenómeno de mercado no desaparece, pero su posición competitiva cambia sustancialmente según la estadística utilizada.
La segunda contradicción es geográfica y probablemente más importante para la política pública. Nueve de cada diez mexicanos viven en municipios donde existe disponibilidad de fibra óptica, un indicador que sugiere un despliegue muy avanzado. Sin embargo, buena parte de esa infraestructura se concentra en las cabeceras municipales. Cuando el análisis desciende al nivel de localidad, aparecen aproximadamente 52.000 localidades que requieren intervención de red y donde habitan cerca de 24 millones de personas.
La diferencia no es simplemente cartográfica. Un municipio puede figurar como conectado mientras una parte de sus habitantes sigue sin acceso efectivo por los costos de última milla, la baja densidad poblacional o la ausencia de incentivos para extender la infraestructura. El municipio resulta, por tanto, una unidad demasiado amplia para determinar dónde debe concentrarse la inversión. Una política construida sobre esa estadística corre el riesgo de considerar resueltos territorios que todavía necesitan intervención.
La tercera contradicción afecta directamente al negocio. El ingreso promedio mensual por usuario móvil alcanzó aproximadamente 151 pesos (unos ocho dólares) durante el segundo trimestre de 2026, pero cuatro de cada cinco líneas pertenecen al segmento de prepago. Mientras tanto, los operadores virtuales registran ingresos estimados de entre 58 y 70 pesos mensuales (aproximadamente entre tres y cuatro dólares).
Ese contraste revela que el usuario promedio es una abstracción estadística poco representativa de buena parte del mercado. Un consumidor de prepago vuelve a decidir si contrata el servicio cada vez que realiza una recarga, en función del dinero disponible, sus necesidades inmediatas y las alternativas comerciales. Diseñar productos pensando exclusivamente en el ingreso promedio significa ignorar el comportamiento de una mayoría de clientes.
El crecimiento de los operadores virtuales encuentra parte de su explicación precisamente en ese vacío. Muchos proceden del comercio minorista, los servicios financieros y las plataformas de distribución, y utilizan relaciones comerciales preexistentes para ofrecer conectividad con estructuras de costos diferentes. No necesariamente buscan competir por el cliente promedio de los operadores tradicionales, sino atender a segmentos que esos modelos han tenido dificultades para monetizar.
Las tres contradicciones responden al mismo problema: México está utilizando unidades agregadas que no siempre permiten identificar dónde existe demanda insatisfecha, quién puede pagar por el servicio o cuál es la verdadera posición competitiva de cada actor. Sin embargo, mejorar las estadísticas no resolverá por sí solo las dificultades de despliegue, porque existe una segunda barrera de naturaleza institucional.
Una evaluación del Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP) sobre las políticas digitales de los 32 estados mexicanos asigna al componente de infraestructura digital una calificación promedio de apenas 0,12 puntos sobre uno. Quince estados obtienen cero y ninguno alcanza la mitad del puntaje posible. Muchas administraciones carecen de cartografía pública de sus infraestructuras, mientras los municipios mantienen procedimientos, costos y plazos diferentes para autorizar despliegues.
La consecuencia es que el costo y la velocidad de instalación de nuevas redes dependen de una multiplicidad de decisiones locales que no siempre responden a una estrategia coordinada. México dispone de instrumentos legales para simplificar y homologar procedimientos, pero su aplicación efectiva continúa siendo desigual. Allí donde hace falta extender una red, el obstáculo puede estar menos relacionado con la ingeniería que con los permisos, la información disponible o la rentabilidad de la inversión.
A esta situación se añade el costo recurrente del espectro radioeléctrico, establecido mediante un marco fiscal que no controla directamente el regulador sectorial. Existe una controversia sobre su nivel respecto de otros países, pero el informe identifica consecuencias observables: operadores que han devuelto frecuencias, licitaciones con escasa participación y una recaudación efectiva decreciente. El riesgo es que una política orientada a maximizar ingresos fiscales termine reduciendo los recursos destinados a construir y densificar redes.
Mientras tanto, las estrategias empresariales también están cambiando. La operación anunciada entre Movistar México y Melisa/OXIO apuesta por gestionar clientes y servicios sin poseer directamente la infraestructura de acceso. En el extremo contrario, el acuerdo de Televisa y Fintech para adquirir AT&T México por 2.000 millones de dólares busca integrar una red móvil nacional y cerca de 25 millones de suscriptores con negocios de banda ancha fija, contenidos y servicios satelitales. Ambas operaciones están sujetas a sus correspondientes procesos y condiciones de cierre, pero representan estrategias diferentes para perseguir un mismo objetivo: controlar una relación comercial más amplia con el usuario.
Estas transformaciones muestran que la discusión ya no puede limitarse a quién dispone de más espectro, antenas o kilómetros de fibra. La infraestructura continúa siendo indispensable, pero la capacidad de combinarla con distribución, software, servicios y conocimiento del cliente adquiere una importancia creciente para capturar valor.
La dimensión económica de la brecha refuerza esta conclusión. El informe recoge una estimación de 744 millones de dólares de inversión inicial, otros 400 millones para última milla y 230 millones anuales de operación, además de subsidios de asequibilidad. No basta con financiar nuevas redes si después los usuarios no pueden mantener una conexión o no encuentran motivos suficientes para contratarla. Las encuestas oficiales citadas en el estudio muestran que alrededor del 55 por ciento de los hogares sin internet señala razones económicas y cerca del 35 por ciento afirma no encontrarle utilidad, frente a una proporción mucho menor que identifica explícitamente la falta de disponibilidad.
El principal desafío mexicano no consiste, por tanto, en escoger entre construir infraestructura o desarrollar nuevos modelos comerciales. Necesita ambas cosas, pero también información más precisa y una coordinación institucional capaz de convertir las inversiones en servicios efectivamente utilizados. Mientras las decisiones se sigan tomando sobre promedios que esconden necesidades reales y las responsabilidades permanezcan fragmentadas, aumentar la capacidad de las redes no garantizará una mejora proporcional de la conectividad.
México demuestra que el siguiente salto de las telecomunicaciones no puede medirse únicamente por la infraestructura desplegada. También debe medirse por cuántos usuarios pueden utilizarla, sostener económicamente su conexión y obtener valor de ella. De lo contrario, el país seguirá ampliando una red cuyo potencial económico y social no consigue aprovechar plenamente.
Puedes descargar el informe completo aquí.
