La compartición de infraestructura importa y es necesaria, pero resulta un debate dificil de delimitar. Por estas horas, la Cámara de Diputados de Brasil dio un paso adelante al aprobar el proyecto de Ley 3.220/2019 por el que se busca crear un precio máximo obligatorio para el uso de postes eléctricos por parte de los proveedores de telecomunicaciones. La propuesta también obligaría al sector a adaptar los contratos vigentes dentro de los próximos 18 meses, de cara a permitir la gestión comercial de los puntos de conexión por empresas independientes; a la vez que concedería cinco años para regularizar redes instaladas de manera irregular.
La medida involucra un avance, sin dudas. Sin embargo, el uso del potencial está dado porque las disposiciones aún no están vigentes. Tal como lo publicó el medio local Telesíntese, el proyecto fue aprobado con enmiendas que, introducidas por los diputados, hace que el texto deba regresar al Senado Federal para una nueva revisión. Recién después de este paso administrativo, la iniciativa sería elevada al Poder Ejecutivo para su aprobación. Por tanto, tanto los precios como los plazos y los mecanismos de fiscalización dependerán de que ese trámite legislativo se concluya, y luego entre en vigor con fuerza de ley.
El uso compartido de postes de energía eléctrica por parte del sector telco en Brasil tiene una larga historia de debates, avances y retrocesos que acumula casi, casi, una década. Pero la historia reciente indica que, hace un año, el tema enfrentó las posiciones y los intereses de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y su par energética (Aneel). El principal desacuerdo radicó en que Aneel aprobó una versión modificada del reglamento que otorgó a las distribuidoras eléctricas la opción de gestionar directamente sus postes o ceder su explotación comercial a un tercero, un operador de poste, en contraste con la visión de la Anatel, que buscaba hacer obligatoria esa cesión, con el argumento de garantizar la transparencia.
El debate no es menor y ambas entidades coinciden en la urgencia que involucra regularizar entre 10 y 15 millones de postes que se encuentran en estado crítico. Inclusive, en materia económica, el cambio principal que se introdujo por estas horas pasa por convertir el precio de referencia utilizado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) en un límite aplicable de forma general.
Imagen: ASEP
Por eso, la medida pasó por establecer un precio máximo provisional hasta que Aneel y Anatel desarrollen conjuntamente una metodología definitiva por la que, según el diputado y ex ministro de Comunicaciones Juscelino Filho, Aneel tendría un plazo máximo de 30 meses para fijar el denominado precio estructural y que será vital para estimar el costo del caso.
Con todo, y a partir de la entrada en vigor de esta posible regulación, los contratos existentes tendrían que ajustarse a las nuevas condiciones en un plazo de 18 meses. Y esta posibilidad supone, además, un nuevo proceso de negociación entre las partes de sus acuerdos vigentes, siempre y cuando los cargos superen el límite obligatorio.
Además, el proyecto autoriza la transferencia de la explotación comercial de los espacios de telecomunicaciones a una empresa independiente, bajo un esquema denominado gestión neutral. En este caso, la distribuidora eléctrica conservaría la propiedad y la responsabilidad sobre el poste, mientras que el tercero podría administrar los puntos de conexión y los contratos asociados. Y, en ese sentido, la normativa prohíbe que esa función sea transferida a las empresas de telecomunicaciones.
Se trata de una separación que permitiría concentrar en una entidad distinta la administración comercial de los puntos de fijación sin alterar la titularidad de la infraestructura eléctrica; cuyo alcance efectivo dependerá de las reglas que adopten los reguladores y de cómo se organicen la contratación, el inventario de ocupaciones y la coordinación entre distribuidoras, proveedores y gestores independientes, etc.
Además, se conceden cinco años para regularizar las redes sin contrato o que incumplan las condiciones de ocupación, incluidas las instalaciones que utilizan de manera irregular la franja de 60 centímetros reservada para telecomunicaciones. Los proveedores en esa situación tendrían 180 días para solicitar la regularización sin penalización, aunque ese plazo no cubriría instalaciones que representen riesgos para la seguridad, que deberán retirarse de inmediato.
Red eléctrica – Crédito: Agencia Brasil, Marcello Casal
A su vez, Aneel quedaría encargada de definir mediante resolución los objetivos, indicadores y plazos del proceso de ordenamiento. Los reguladores también podrían celebrar acuerdos con municipios y consorcios municipales para apoyar la fiscalización, una medida que ampliaría la participación de las administraciones locales en el control de una infraestructura distribuida por calles y espacios públicos.
Tal como lo divulgó la prensa local, se trata de una propuesta regulatoria que, en caso de concretarse, modifica la Ley General de Telecomunicaciones brasilera porque pasa a considerar que la ocupación de infraestructura sin contrato es una infracción grave. En ese caso, un proveedor que fuera notificado pero que no corrigiera su situación podría ser sancionado y hasta revocada su licencia.
Con todo, se trata de un proyecto que combina un límite económico para los contratos con reglas de regularización y sanciones, aunque su aplicación seguirá condicionada por la revisión que haga el Senado y la posterior reglamentación que concreten las agencias. Pero, de momento, es un proceso vivo y en avance.
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