Empiezo a tener la incómoda sensación de que estamos escribiendo el mismo artículo una y otra vez. Hace poco analizábamos un informe de Nokia que dibujaba un futuro en el que el tráfico de las redes móviles seguiría creciendo con fuerza, pero sin que necesariamente los ingresos de los operadores acompañaran esa expansión en la misma proporción. Ahora, la GSMA publica Vision 2040: The Economic Benefits of 6G, un estudio que estima que la próxima generación de redes móviles podría aportar 1,24 billones de dólares adicionales a la economía mundial en 2040. Dos informes diferentes, con objetivos y metodologías distintos, pero que terminan devolviéndonos a una pregunta que parece resistirse al paso del tiempo: ¿cómo conseguirá la industria de telecomunicaciones transformar en ingresos una parte suficiente del valor económico que sus infraestructuras hacen posible?
No se trata de cuestionar la calidad de los estudios ni de exigirles respuestas que quedan fuera de sus respectivos objetivos. Nokia analiza la evolución de la demanda de conectividad, mientras que la GSMA pretende cuantificar los beneficios macroeconómicos de la 6G y demostrar la importancia de disponer de suficiente espectro. Ambos ejercicios son relevantes. Sin embargo, la reiteración de una misma ausencia resulta cada vez más difícil de ignorar. La industria lleva años explicando cuánto crecerá el tráfico, cuántos dispositivos se conectarán, qué nuevas aplicaciones aparecerán y cuánto valor generará la conectividad para otros sectores. Lo que continúa sin encontrar una respuesta igualmente convincente es cómo se financiarán las sucesivas transformaciones de las redes si el crecimiento de los ingresos no acompaña al de las inversiones y las exigencias tecnológicas.
El nuevo informe de GSMA Intelligence constituye un buen ejemplo de esta contradicción. Su principal conclusión es que la 6G podría generar en 2040 una contribución económica adicional equivalente al 0,7 por ciento del producto interior bruto mundial. Pero conviene precisar —aunque seguramente no haga falta porque es obvio— que los 1,24 billones de dólares no representan ingresos para los operadores, ni tampoco el beneficio acumulado entre 2030 y 2040. Se trata de una estimación del valor económico adicional generado durante 2040 respecto de un escenario en el que la 5G continuara siendo la tecnología móvil más avanzada. Es una diferencia fundamental porque permite dimensionar la importancia que podría alcanzar la nueva generación, pero no dice prácticamente nada sobre su rentabilidad comercial.
Según la GSMA, la manufactura sería el sector con mayor contribución económica adicional, con 250.000 millones de dólares, seguido de las finanzas, con 240.000 millones. El comercio mayorista y minorista y la construcción aportarían otros 160.000 millones cada uno, mientras que las tecnologías de la información y las comunicaciones sumarían 150.000 millones. En conjunto, manufactura y finanzas concentrarían casi cuatro de cada diez dólares del beneficio estimado. Las cifras describen una tecnología cuya importancia económica dependería fundamentalmente de su capacidad para elevar la productividad de otras actividades, mucho más que del consumo directo de nuevos servicios de conectividad.
Y lo interesante es que la propia GSMA reconoce esta realidad. El documento explica que la contribución económica de la 6G procederá menos del gasto en conectividad y más de los incrementos de productividad de las industrias que utilicen sus capacidades. La GSMA está describiendo una tecnología cuyo éxito económico se medirá, principalmente, por el valor que genere fuera de la propia industria móvil. Nada impide que los operadores participen de ese crecimiento, pero tampoco existe una relación automática entre ambos fenómenos. La experiencia de las generaciones anteriores demuestra precisamente que la expansión de las actividades digitales puede superar ampliamente el crecimiento de los ingresos de quienes proporcionan la conectividad.
Esta cuestión adquiere mayor relevancia cuando se examinan las aplicaciones que, según el estudio, impulsarán el valor económico de la 6G. La GSMA identifica cinco grandes grupos: conectividad para sistemas de inteligencia artificial (IA), automatización industrial mediante dispositivos conectados y comunicaciones de alta fiabilidad, banda ancha móvil y acceso fijo inalámbrico, detección integrada del entorno mediante señales radio y redes no terrestres. De todos ellos, considera que la conectividad para IA será el mayor contribuyente económico, debido a su capacidad para elevar la productividad en prácticamente todos los sectores. Sin embargo, esa conclusión introduce una segunda pregunta que el informe tampoco termina de resolver: ¿cuánto del beneficio económico atribuido a la 6G necesita realmente capacidades exclusivas de esta tecnología?
La GSMA reconoce expresamente que la 6G no es necesaria para soportar las aplicaciones actuales de IA, aunque permitirá integrar y optimizar capacidades futuras. Además, en su apéndice metodológico, el estudio explica que utiliza estimaciones sobre mejoras de productividad asociadas a la IA y la proporción del tráfico de datos transportado por redes móviles para calcular los beneficios de IA originados en la tecnología móvil, que el modelo supone procedentes de la 6G. Es una hipótesis que merece examinarse con atención. Que una actividad utilice conectividad móvil no demuestra por sí mismo que necesite 6G, del mismo modo que el volumen de datos transportados no permite establecer automáticamente cuánto valor económico aporta la red frente a los sistemas de IA, los dispositivos o las aplicaciones que utilizan esa conectividad.
Esto no invalida el ejercicio de la GSMA. La organización advierte que sus resultados constituyen una estimación de la escala de la oportunidad y no una previsión económica exacta, precisamente porque la 6G todavía no existe comercialmente y muchas de sus capacidades están por definir. Pero la cautela metodológica debería tenerse presente cuando las cifras se trasladan al debate regulatorio. Una cosa es estimar los beneficios de una economía cada vez más digitalizada, conectada y automatizada, y otra demostrar qué proporción de esos beneficios depende específicamente de introducir una nueva generación de redes móviles en lugar de seguir evolucionando las tecnologías existentes.
El espectro ocupa, de hecho, el centro de la argumentación de la GSMA. El informe advierte que una asignación insuficiente de frecuencias podría reducir el beneficio económico de la 6G desde 1,24 billones hasta 720.000 millones de dólares en 2040. La diferencia, 520.000 millones, representa el 42 por ciento del valor potencial estimado. Para llegar a ese escenario, el modelo considera una disponibilidad de bandas bajas equivalente al 72 por ciento de las necesidades y una disponibilidad de bandas medias limitada a la mitad de lo requerido. Estas últimas concentrarían el 70 por ciento de los beneficios económicos, frente al 25 por ciento de las bandas bajas y apenas el cinco por ciento de las ondas milimétricas. La conclusión regulatoria es clara: liberar más espectro, especialmente en bandas medias, y hacerlo a tiempo para facilitar los despliegues previstos a partir de 2030.
La reivindicación tiene lógica desde el punto de vista de los operadores. El espectro adicional puede aumentar la capacidad, reducir la congestión, evitar determinados costes de densificación y mejorar la eficiencia de las redes. La GSMA también reclama licencias de larga duración, precios que no persigan maximizar la recaudación inmediata y condiciones que proporcionen certidumbre a la inversión. Sin embargo, conviene distinguir entre una pérdida económica demostrada y una diferencia proyectada entre escenarios. Los 520.000 millones no constituyen una pérdida observada, sino el resultado de comparar dos situaciones hipotéticas bajo las premisas del modelo. Tampoco equivale a una evaluación completa del valor económico de todos los usos alternativos que podría tener ese espectro.
Lo más significativo, sin embargo, es la asimetría que aparece en el razonamiento. La GSMA dedica un esfuerzo considerable a cuantificar el coste que tendría para la economía que los reguladores no pusieran suficiente espectro a disposición de la industria. En cambio, no realiza un ejercicio equivalente para determinar qué ingresos adicionales podrían conseguir los operadores, cuánto costaría desplegar las capacidades previstas o qué retorno ofrecerían esas inversiones frente a la evolución de las redes 5G. Es cierto que no se trata de un estudio financiero y que no tiene por qué responder a todas estas cuestiones. Pero la ausencia resulta relevante porque el despliegue que permitiría materializar los beneficios macroeconómicos seguirá dependiendo de empresas que necesitan recuperar su capital y obtener una rentabilidad adecuada.
Dicho de otra manera, la GSMA presenta un argumento económico para que los gobiernos faciliten la llegada de la 6G, pero deja pendiente el argumento empresarial que tendría que convencer a los operadores de invertir en ella. Y ambos son necesarios. Una infraestructura puede aportar enormes beneficios a la sociedad sin que su explotación resulte suficientemente rentable para quien la construye. En ese caso existe una diferencia entre el valor social y el retorno privado que no desaparece por disponer de más espectro. Puede reducirse mediante condiciones regulatorias adecuadas, mecanismos de compartición de infraestructuras, acuerdos comerciales o nuevas fuentes de ingresos, pero primero hay que reconocerla y analizarla.
América Latina ofrece un ejemplo particularmente interesante. La GSMA estima que la 6G podría aportar 70.000 millones de dólares adicionales a la economía regional en 2040, una contribución equivalente al 0,7 por ciento del PIB, similar en términos relativos a la prevista para Europa y Norteamérica. El informe atribuye parte de esa oportunidad a la importancia de las redes móviles en mercados donde la infraestructura fija está menos desarrollada. Sin embargo, también reconoce que muchas personas que todavía no utilizan Internet móvil ya disponen de cobertura y que la asequibilidad de los dispositivos y servicios constituye uno de los principales obstáculos a la adopción. Por tanto, disponer de una tecnología más avanzada no garantiza que sus beneficios se materialicen. En numerosos mercados latinoamericanos, las prioridades económicas podrían seguir estando en ampliar el uso efectivo de la conectividad, desarrollar la 5G SA, mejorar las capacidades digitales y promover su adopción empresarial antes que en acelerar el calendario de una nueva generación.
Esta observación conduce a una cuestión que debería ocupar un lugar más importante en la planificación tecnológica del sector y es que no todo avance en las capacidades de una red representa automáticamente una nueva oportunidad comercial. La IA aplicada a la operación puede reducir costes, pero no necesariamente aumentar los ingresos. La integración satelital puede extender la cobertura, pero no garantiza que aparezca suficiente demanda rentable. La detección del entorno mediante señales radio podría abrir mercados para servicios de información, seguridad y automatización, aunque su explotación dependerá de la precisión tecnológica, la regulación, los modelos comerciales y la existencia de clientes dispuestos a pagar. Las oportunidades son reales, pero ninguna debería confundirse con ingresos asegurados.
Y aquí regresamos, inevitablemente, al informe de Nokia. Uno proyecta un crecimiento del tráfico que no necesariamente se convertirá en más dinero para los operadores. El otro proyecta un enorme crecimiento del valor económico habilitado por la próxima generación móvil, pero tampoco establece cómo se distribuirá ese valor entre las empresas que desarrollen las aplicaciones, los proveedores de IA, los fabricantes de equipos, los operadores y los propios consumidores. No estamos ante una contradicción entre ambos estudios. Al contrario, sus conclusiones pueden coexistir perfectamente ya que hay cada vez más datos circulando por las redes, cada vez más actividades económicas dependiendo de ellas y una industria de conectividad que podría continuar enfrentándose a dificultades para aumentar sus ingresos al mismo ritmo.
Tal vez lo que debería preocuparnos ya no sea la repetición de esa paradoja, sino la naturalidad con la que parece haberse incorporado a las proyecciones sobre el futuro. La industria describe con creciente precisión las capacidades que necesitará desarrollar, los recursos regulatorios que reclama y el valor que generará para el conjunto de la economía. Pero sigue sin dar una importancia equivalente a demostrar cómo puede cambiar su posición en la distribución de ese valor. Si las nuevas generaciones tecnológicas se convierten principalmente en instrumentos para elevar la productividad de otros sectores, el reto económico de las telecomunicaciones no se resolverá únicamente desplegándolas con mayor rapidez o reduciendo sus costes.
La 6G podría representar una transformación tecnológica importante y generar beneficios económicos considerables. Nada en el informe de la GSMA obliga a concluir lo contrario. La cuestión es que la industria ya ha demostrado en varias ocasiones que puede desarrollar tecnologías capaces de transformar la economía mundial sin que esa transformación garantice una mejora proporcional de su propio negocio. Por eso, después de tantos informes sobre el futuro, quizás haya llegado el momento de exigir algo más que nuevas previsiones de tráfico, productividad o contribución al PIB. La pregunta decisiva no es cuánto valor podrá generar la próxima generación móvil, sino qué tendrá que cambiar para que las empresas que la hagan posible puedan participar de manera sostenible en ese crecimiento.
Porque, de lo contrario, dentro de diez años podríamos encontrarnos analizando otro informe, esta vez sobre la 7G, y estar preguntándonos exactamente lo mismo.
