Costa Rica es uno de los países de la región que más cambios introdujo en el mercado de las telecomunicaciones en los últimos años. Tras la adquisición de Movistar por parte de Liberty Costa Rica, justo antes de la pandemia, pasó a donimar el mercado móvil, hecho que motivó a un nuevo reodenamiento en este segmento, aunque el rubro de los MVNOs no ha logrado despegar pese a que esta figura fue habilitada hace 15 años.

No obstante, la licitación 5G concretada a principios de 2025 sí podría redinamizar a la industria, especialmente por el ingreso de prestadores regionales que accedieron a espectro. Liberty y Claro se hicieron de frecuencias por las que pagaron 32 millones de dólares. El ICE, por su parte, siempre tuvo espectro en la banda de 3.5 GHz para avanzar con esa tecnología. Los nuevos prestadores del mercado móvil son Ring Centrales, y cuatro cooperativas: la de Alvaro Ruiz, Los Santos, Guancate y San Carlos. El compromiso asumido por cada uno de ellos fue el de iniciar los despliegues de esta tecnología durante el segundo semestre de 2025.

Del desarrollo de negocios que se desprenda de la implementación de la nueva infraestructura y de lo acumulado con las tecnologías anteriores dependerá la recuperación del ARPU móvil, que tuvo una contracción estrepitosa a partir de 2021 -luego de haber registrado un fuerte ascenso durante la pandemia- y que desde entonces no se recupera.

Por el lado de la banda ancha fija, más del 40 por ciento del mercado es atendido por prestadores pequeños, más allá del ICE, Claro y Liberty. En 2024, este segmento comenzó a ser dominado por la fibra óptica por encima de las tecnologías anteriores, básicamente el cablemódem, híbridas y algo de ADSL. Se trata de un negocio que permanece estable desde 2020 aunque entre 2023 y 2024 se dio un repunte, que pareciera explicarse justamente por el advenimiento de la fibra óptica. El ARPU de este segmento es mucho más estable que el de los servicios móviles.

Otro aspecto importante de este país se vincula con la definición de su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, luego que en 2021 sufriera un brutal ciberataque que dejó inactivas a distintas áreas del Estado nacional durante varias semanas. Esa experiencia motivó a los funcionarios a diseñar un plan destinado a prevenir y mitigar los efectos de eventuales nuevas amenazas. Proyecto que no ha estado exento de polémica dadas las restricciones que decidieron imponerse para la adopción de equipamiento de origen chino en las redes.