Infocom respaldó el objetivo del proyecto de Ley 25.727 para fortalecer la ejecución del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) en Costa Rica, pero sostuvo que trasladar su administración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación no resolverá por sí solo los retrasos. La entidad también propuso fijar en 1,5 por ciento la contribución especial parafiscal destinada al Fondo, en lugar del 3 por ciento.
Según la posición remitida por Infocom, los principales problemas de FONATEL están relacionados con la coordinación, la gobernanza y la ejecución de los proyectos, y no con una insuficiencia de recursos. La entidad indicó que su diagnóstico coincide con pronunciamientos de la Contraloría General de la República y planteó que la reforma debería atender esas causas antes de modificar los mecanismos de financiamiento.
En particular, Infocom identificó permisos ambientales, consultas indígenas y trámites ante instituciones públicas y gobiernos locales entre los factores que retrasan los proyectos. Todos ellos se encuentran fuera del control directo de la entidad que administra el fondo. Bajo esa lectura, el cambio de administrador previsto en el expediente podría formar parte de la reorganización institucional, pero sus resultados dependerían también de la coordinación con los organismos responsables de esas autorizaciones.
En consecuencia, la posición de Infocom separa dos discusiones que el proyecto reúne: quién administra FONATEL y cómo se determina la contribución que lo financia. Sobre el segundo punto, la entidad considera inconveniente mantener abierta la posibilidad de elevar el aporte hasta el 3 por ciento y que su nivel anual quede sujeto a una decisión del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Su alternativa es establecer por ley una tasa de 1,5 por ciento y someter cualquier revisión futura a criterios técnicos verificables.
En términos regulatorios, fijar el porcentaje legalmente daría a los contribuyentes una referencia estable para calcular sus obligaciones, aunque también trasladaría cualquier modificación posterior al proceso previsto para revisar la norma. Infocom argumentó que una metodología basada en criterios objetivos reduciría los riesgos de cuestionamiento y daría mayor previsibilidad al Estado, a las empresas obligadas a contribuir y a los beneficiarios de los programas.
Además, la entidad advirtió que una contribución más alta podría restar capacidad de inversión a los operadores. Para sustentar esa posición citó el informe Mobile Economy Latam 2026 de la GSMA, que estima inversiones cercanas a 75.000 millones de dólares en infraestructura móvil en América Latina entre 2025 y 2030. La proyección corresponde al conjunto regional y, según el planteamiento de Infocom, la capacidad para sostener ese desembolso no es uniforme entre los distintos mercados.
Por otra parte, Infocom propuso discutir quiénes deben sostener FONATEL si la reforma amplía el universo de actores habilitados para ejecutar proyectos con sus recursos. La entidad pidió que esa discusión considere la naturaleza parafiscal del aporte y los principios de beneficio, proporcionalidad y equidad, pero no identificó a los eventuales nuevos contribuyentes. También solicitó que la ley establezca expresamente que el pago al fondo sea deducible del impuesto sobre las utilidades.
Al mismo tiempo, la posición plantea ampliar el alcance de las intervenciones financiadas. Infocom señaló que la brecha digital ya no se limita a la disponibilidad de cobertura en zonas rurales, remotas e indígenas, sino que también comprende la adopción tecnológica, las habilidades digitales y el uso de la conectividad. Bajo ese enfoque, los programas podrían incorporar dispositivos, servicios en la nube, ciberseguridad, licenciamiento e integración tecnológica, además del despliegue de redes.
Finalmente, el planteamiento de Infocom no supone un rechazo al expediente 25.727, sino una petición para que el debate legislativo priorice la capacidad de convertir los recursos de FONATEL en proyectos ejecutables. La cuestión de fondo será si el traslado administrativo viene acompañado por mecanismos para coordinar permisos y trámites, mientras la discusión sobre la tasa parafiscal definirá cuánto margen conserva el MICITT para ajustar la recaudación y cuánta previsibilidad reciben los actores obligados a financiar el Fondo.
