Uno de los mercados más impactados por los OTTs es el de televisión paga, que debió reconvertirse para poder atender la demanda de usuarios que buscan la flexibilidad en el acceso de contenidos que le ofrece Netflix. La irrupción OTT hizo que los operadores debieran mostrar sus cartas en el mundo digital y hasta promovió la salida de sus propias plataformas, bajo un modelo que intenta llevar mayor personalización de cara al usuario y, en lo posible, un único punto de acceso para todos los contenidos, incluyendo los OTTs —al menos, ese parece ser el objetivo de propuestas de Movistar, Flow o Claro Video, entre otros—.
Datos de Digital TV Research señalan que en América Latina hay 27,2 millones de suscripciones a servicios de video bajo demanda (VoD), que crecerán hasta alcanzar 51,10 millones para 2024. Las seis empresas más regionales más importantes —Netflix, Amazon Prime, Claro Video, HBO, Blim y Movistar Play— representarán el 85 por ciento de las suscripciones regionales, con Netflix manteniendo el primer lugar, en amplia diferencia con sus competidores.
En los 10 países de la región que concentran el 85 por ciento de la población de América Latina, analizados por un reciente estudio publicado por Cet.la, hay 66,9 millones de suscriptores de televisión paga y unos 15,9 millones de suscriptores de Video OTT. Estos servicios sumaron 20.100 millones de dólares y 1.200 millones de dólares, respectivamente.
Si bien la TV paga es todavía más importante que el video OTT, las estimaciones de crecimiento de los próximos años indican que la importancia relativa de los servicios tradicionales de televisión por suscripción caerá. De hecho, al igual que lo que sucedió hace algunos años en Estados Unidos, el mercado de TV paga comenzó a desacelerarse, cobrando importancia las suscripciones de banda ancha. Según Digital TV Research, mientras que las suscripciones SVOD se duplicarán entre 2018 y 2024, la TV paga agregará sólo cinco millones de clientes, alcanzando un total de 77 millones a nivel regional. La penetración del servicio, en tanto, no subirá por sobre el 44 por ciento actual.
El informe de Cet.la se plantea la pregunta si con la disrupción de los OTTs en la provisión de contenidos audiovisuales no es hora de revisar la regulación “para promover un mercado eficiente, dinámico y competitivo”.
Las nuevas dinámicas de mercado plantean escollos a una regulación que debe adaptarse a un nuevo ecosistema y los reguladores, hasta ahora, no han sabido reaccionar a estos cambios. Lo único que se ha implementado en América Latina —y en realidad sólo en algunos países— es la aplicación del impuesto a las ventas para los servicios OTT. Es el caso de Argentina, Colombia y Uruguay, mientras que avanzan en el tema México, Costa Rica, Paraguay, Chile y Bolivia. Sin embargo, estas medidas parecen ser más un paliativo que una solución real a un problema que no sólo aparece en el segmento de televisión.
El impuesto a las ventas apenas toca a las compañías OTTs en el último eslabón de la cadena, el usuario final, lo que no alcanza para nivelar del todo el campo de juego. “Será fundamental nivelar hacia abajo la regulación conforme se hace claro que ambos servicios están convergiendo y juegan un papel similar para satisfacer las necesidades de entretenimiento de los usuarios”, dice el reporte de Cet.la. Es decir, ante la imposibilidad de implementar regulaciones a compañías OTTs —que están fuera del país y no siempre pueden ser alcanzados por la legislación nacional— la industria plantea desregular a los operadores de ciertas obligaciones que les pesan en materia de concesiones, gravámenes, contenidos y publicidad, retransmisión de contenidos, protección a los derechos de los usuarios, registro y entrega de información, y sanciones. Una propuesta que ya hemos visto en varios foros pero que no parece tener resultados concretos en el mercado.
La propuesta que se desprende del informe de Cet.la es eliminar gravámenes específicos de la TV de paga —existen impuestos que rondan entre el uno y el cinco por ciento de los ingresos en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela—, aligerar los controles regulatorios sobre contenidos y publicidad, sustituir el régimen de concesiones de TV paga por uno de registro y aligerar los requerimientos de información a los proveedores de TV paga, entre otros.
Ninguno de estos temas son nuevos: la carga impositiva es un reclamo histórico de toda la industria por la aplicación de impuestos específicos a las telecomunicaciones que suelen trasladarse al precio final, haciendo los servicios menos asequibles. Sin embargo, todavía ningún político parece querer rechazar la posibilidad de seguir sumando ingresos para el Estado, por más estudios que presente la industria sobre el efecto derrame que una reducción de la carga impositiva tendrá en la economía.
En el área de contenidos, alguna vez se evaluó en la región imitar el modelo francés y establecer cupos de producción nacional en los servicios OTTs, una medida que emparejaría la situación con los canales de aire que tienen cuotas de producción local como con los operadores de cable que tienen obligaciones de must carry. Sin embargo, tampoco esa idea prosperó.
Por ahora, la industria sigue pidiendo por una regulación más pareja, mientras aprovecha la oportunidad que le ofrece las plataformas OTTs para lanzar nuevos servicios que compitan o integren contenidos de los nuevos jugadores. Equilibrar el mercado dependerá en parte de los reguladores y en parte en la capacidad que tengan los operadores de seguir innovando.
