Un cúmulo de errores produjo que el tendido de 13.500 kilómetros de fibra óptica que se desplegó en Perú a través de una asociación entre el Estado y Azteca se encuentre subutilizado. La respuesta definitiva sobre qué sucederá con la Red Dorsal se tendrá en tres meses y, mientras tanto, se analizan opciones. El Banco Mundial propuso tres caminos para revertir lo que hasta ahora se presenta como un dolor de cabeza para todas las partes involucradas.
Cuando inicio el proyecto no se tuvieron en cuenta cuestiones básicas, como la eventual superposición de la red con la que desplieguen otras empresas ni la aparición de 4G. También fueron equivocadas las estimaciones, pues se esperaba una demanda de transporte de 137 Gbps para mediados de 2018 pero los registros de esa fecha solo marcaban 21 Gbps. Ante esto, hubo intenciones del Estado de modificar su contrato con el privado, pero el operador no lo consideró.
Azteca dijo en las últimas presentaciones de sus resultados que se encontraba “analizando su situación en Perú”. De acuerdo a El Comercio, la Red Dorsal presentó 6.500 averías y 200 interrupciones de servicio durante 2018. En el primer trimestre se registraron 1.842, en el segundo 1.517, entre julio y septiembre 1.636 y en el último trimestre 2.014. Del total, 607 corresponden a cortes de fibra que se resolvieron, en muchos casos, fuera del tiempo exigido por contrato.
Entre quejas y ponencias de las autoridades explicando las fallas ante el Congreso fue avanzando el calendario hasta llegar a la situación actual: apenas se utiliza el 10 por ciento de la capacidad de la red y ninguna de las instituciones públicas la usa, indicó el periódico local Gestión. En este contexto es que Perú pidió ayuda internacional para resolver el tema, como un estudio al Banco Mundial que recientemente llegó a las manos de la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa.
La primera opción que propuso el Banco Mundial es optar por un modelo “competitivo integrado”. Contempla integrar la Red Dorsal con las 21 redes regionales de transporte y permitir que la empresa pueda ofrecer servicios de telecomunicaciones a operadores y consumidores finales. Si se toma está opción, se incluirá la obligación del concesionario de prestar servicio de transporte a entidades del Estado e introducir incentivos contractuales con el ojo puesto en incrementar la demanda.
Otra posibilidad, la segunda, es mejorar el contrato actual para que el concesionario tenga más flexibilidad en su oferta comercial. En esta propuesta también se habla de obligaciones de la empresa respecto a entidades públicas y la integración de la red troncal con los despliegues regionales. Azteca podría, en este caso, prestar servicios a operadores y también a usuarios pero mediante empresas vinculadas.
La tercera posibilidad que ofrece el documento de la entidad internacional es un modelo de desinversión, a través del cual el Estado mantenga la titularidad de segmentos de la red exclusivamente donde no exista competencia. No aparecen detalles sobre el rol de Azteca si se tiene en cuenta esta propuesta. El Banco Mundial, sin embargo, advirtió que esta opción no solucionaría de forma definitiva los problemas del proyecto.
La consultora de la entidad financiera, Maite Quiñones, señaló que los modelos expuestos se basan en el contrato existente. “En la eventualidad de que el contrato se termine podrán plantearse otros escenarios. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de opciones en base a lo que tenemos hoy”, explicó ante la consulta de por qué en todas las propuestas se toma a Azteca como brazo ejecutor de la iniciativa.
Nakagawa señaló que la posibilidad de que se otorgue luz verde a Azteca para llegar a usuarios finales “es algo que tenemos que pensarlo mucho. Debemos respetar el rol del Estado, sobre todo el uso eficiente de recursos escasos. Donde hay competencia habría que pensarlo muy bien, porque económicamente no tiene mucha racionalidad que se subsidie a una empresa”, indicó y agregó que esta opción “obviamente” generará rechazo de la competencia.
Todas las opiniones, ideas y documentos sirven a Perú para ganar certezas de cara a una decisión que hace tiempo se convirtió en urgente. Cualquiera de los caminos que se elija traerá como mínimo adendas en el contrato actual y hasta posibles cambios en la ley de banda ancha y su reglamento. En 90 días se conocerá la elección y en algún tiempo más si fue la correcta para quebrar la idea de que la Red Dorsal es un elefante blanco.
