Un informe público confirmó la información: Argentina alquiló un satélite a la europea SES para evitar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) le quite los derechos sobre el espacio orbital 81° Oeste. Ese lugar debía ocuparlo el Arsat-3, que aunque formaba parte de la agenda nacional en materia satelital, todavía permanece solo en los papeles.
La Secretaria de Gobierno de Modernización, que antes era un ministerio, informa que “está dentro de los objetivos de la gestión cumplir con la política satelital dispuesta por la Ley 27.708 y que el gobierno mantiene como una de sus prioridades el desarrollo de la industria”. Así inicia el descargo 120 que el jefe de Gabinete Marcos Peña presentó a la Cámara de Diputados de la Nación. Siete de las 780 hojas del documento se refieren al “desarrollo del sector de las TICs”.
Luego empiezan los reparos, destacando de inmediato que el gobierno trabajó en el desarrollo local “entendiendo que era necesario pensar cuál es la mejor alternativa a adoptar respecto a la construcción de una plataforma satelital”. Se señala que el Arsat-1 tiene una ocupación del 92 por ciento de banda Ku mientras que el Arsat-2 presenta un 100 por ciento de ocupación en Ku y 15 por ciento en banda C. También se habla de contratos para la construcción de nuevos artefactos.
Los satélites han sido uno de los puntos fuertes de discusión política en Argentina en materia de telecomunicaciones. El Arsat-1 y el Arsat-2 fueron lanzados bajo la administración de Cristina Fernández de Kirchner en 2014 y 2015 respectivamente. En diciembre de 2015 asumió el cargo el actual presidente Mauricio Macri y, casi de inmediato, empezaron las críticas a lo hecho por sus antecesores.
Aunque se lanzó en septiembre de 2015, en época de elecciones, no fue hasta 2017 que Arsat anunció que comercializó toda la capacidad de su segundo satélite. El por entonces presidente de la estatal, Rodrigo de Loredo, valoró las buenas acciones del gobierno de Macri para lograr el hito y disparó contra la gestión anterior al indicar que “pusieron en órbita un artefacto sin haber gestionado su preventa y sin siquiera iniciar los procesos de comercialización. Esta negligencia nos impuso una pérdida de al menos 10 millones de dólares”.
Un poco antes, en marzo de 2016, la gestión actual hizo un anuncio que no escapó a la polémica: decidió suspender la construcción del Arsat-3, que había quedado a su cargo. Iba a ser puesto en órbita en 2019 y Arianspace sería su lanzador, pero nada de eso sucedió. De Loredo argumentó lo de siempre: ¿cómo se podía pensar en un nuevo satélite si no se había comercializado su antecesor? La oposición hizo algo de barullo por la decisión y el tema quedó en suspenso.
A mediados de 2017 Arsat dijo que estaba trabajando en el rediseño del Arsat-3. Detalló que avanzaría con Invap y que el Estado se ocuparía de operarlo aunque bajo un esquema que lo llevaría a compartir ganancias con un inversor privado. Antes de eso, ya estaba corriendo una negociación con Hughes de la que no se volvió a saber. Las dudas empezaron a ganar los pasillos. ¿Y si Argentina pierde su posición orbital por la demora? Eso no va a pasar, contestó el ejecutivo, y añadió que algo parecido había ocurrido en 2014 y el gobierno en actividad pidió la prórroga.
A inicios de 2018 De Loredo, yerno del actual ministro de Defensa Oscar Aguad, renunció a su cargo tras la publicación del decreto que fijo límites en la designación de familiares en la administración pública. Desde ahí y por un tiempo no hubo más noticias de los movimientos de Argentina respecto de la construcción del nuevo artefacto que ayude a las necesidades de conectividad desde el cielo. El documento firmado por Marcos Peña recoge el guante y despeja dudas sobre el asunto.
Tal como había anunciado Página 12, el gobierno confirmó el “arrendamiento del satélite Astra 1H para reubicarlo en la posición 81° Oeste permitiendo así conservar la posición orbital frente a la UIT”. El contrato fue entre septiembre de 2018 y enero de 2019 por un monto de siete millones de euros. El informe detalla que “no se pagó ni registró pérdida en Arsat por los compromisos postergados en el proyecto Arsat-3”.
El portal Latam Satelital habla de “déjà vu”. Indica que la creación de Arsat, en 2006 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, fue impulsada por el fracaso de la operación comercial de Nahuelsat, que puso en riesgo la asignación de la UIT a Argentina en sus posiciones orbitales. Esta situación, sigue el medio, parecía haber quedado fuera de las opciones con el plan satelital que presentó Argentina a 20 años pero, lejos de eso, ahora se alquiló un artefacto con el objetivo de no perder la órbita.
También hay quejas por la elección de SES ante la urgencia de ocupar la posición. En el documento se indica que se consultó a cinco operadores satelitales antes de la decisión pero solo SES informó que contaba con los servicios que Arsat requería en el momento de la solicitud.
Para el ex vicepresidente de Arsat, Guillermo Rus, la compra directa (a SES) fue una decisión controversial porque otras empresas están en condiciones de brindar ese servicio en la región y no fueron consultadas. Entre ellas mencionó a Eutelsat, Yahsat y TeleSat. Tampoco se contactó a DirecTV, cuestionó. Las otras cuatro firmas que aparecen como consultadas en el informe de Peña son Hughes, Hispasat, Intelsat y Viasat.
En junio la secretaria de Modernización emitió una resolución mediante la que autorizó a la empresa estatal Arsat a brindar servicios en banda Ka sobre el satélite Telstar-19 de Telesat, agregó Página 12. Una polémica más que se suma al hilo que mezcla posiciones orbitales con decisiones políticas. La bomba estalla justo a pocas semanas de las elecciones primarias y a menos de tres meses de que Argentina elija nuevamente presidente. Oficialismo y oposición luchan por ganar la puja en la tierra y la pelea tiene su réplica en las alturas.
