La primera y hasta ahora única iniciativa que presentó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con uso de los Fondos de Servicios Universales en Paraguay en 2019 quedó en manos del consorcio Vox Ingeniería, formado por Hola Paraguay S.A y Lecsa Lex Ingeniería S.R.L. Se ocupará de llevar distintos servicios a comunidades indígenas del país.
El regulador subsidiará la suma de 24.968,5 millones de guaraníes (3,8 millones de dólares), cifra muy cercana al monto máximo que podía entregar (25.000 millones de guaraníes). Con uso de estos recursos, la compañía escogida como brazo ejecutor beneficiará a un total de 23 comunidades con la instalación de 13 radiobases. Prestará telefonía móvil, fija e Internet.
Entre los sitios alcanzados se encuentra la Comunidad Indígena Campo Loro; Comunidad indígena Tunucojai; Comunidad indígena Laguna Negra Nueva Estrella; Comunidad indígena Laguna Negra Ko’e Pyahu; Hugua Nandú; Kurusu de hierro; Comunidad indígena Campo Loa – Primavera; Comunidad Campo Loa – San Ramón; Comunidad indígena Campo Loa – Nasuc y Comunidad indígena San Pio 10.
“En este caso el consorcio ganador no desembolsa una contraparte como en otras ocasiones, teniendo en cuenta que las comunidades a las que se va a llevar el servicio son muy aisladas, con poca población y un retorno de inversión a muy largo plazo”, dijo al respecto el responsable de los FSU en Paraguay, Martín Gómez.
El subsidió se otorgará en porcentajes: 40 por ciento tras firmado el acuerdo, 30 por ciento tras la instalación de infraestructura en un 70 por ciento de los sitios contemplados y el resto cuando se completen las otras disposiciones. Por cada día de retraso sobre el plan previsto, se aplicará al consorcio una multa de casi 1.000 dólares, lo equivalente al 0,02 por ciento de lo entregado por Conatel.
En este contexto, Vox —único oferente— vuelve a dejar en evidencia que en proyectos que conllevan dificultades para el retorno de inversión, es decir, que tienen como foco central la conectividad en sitios rurales o aislados, las firmas públicas de telecomunicaciones se constituyen como aliados habituales de las autoridades. Lo mismo se observó antes con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en Costa Rica.
El Fondo de Servicios Universales se alimenta del aporte de operadores por la explotación comercial de recursos públicos, además de donaciones o legados. La última licitación relacionada a telecomunicaciones antes que ésta adjudicada a fines de septiembre se completó en octubre de 2018. El adjudicatario fue Tigo, que recibió unos 16.200 millones de guaraníes (2,4 millones de dólares) para prestar servicios en la Región Occidental.
