Una oferta internacional y la tranquilidad de haber resuelto los desafíos que se propuso alejaron a las últimas horas a Sylvia Constaín del Ministerio de TIC. Presentó la renuncia en las últimas horas y será reemplazada por Karen Abudinen. Dejará el puesto quien asumió horas después de que Iván Duque se convierta oficialmente en presidente de Colombia y quien la releva se queda con los desafíos de alcanzar las metas propuestas en la ley sectorial.
Constaín fue presentada en agosto de 2019. De inmediato puso como objetivos centrales de su gestión la aprobación de la ley de Modernización y la subasta de espectro en distintas bandas. Un proyecto dependía, de alguna forma, de otro y se resolvieron en cadena aunque algo más tarde de lo planeado. En el medio hubo quejas de la oposición, primero, y reclamo de los operadores por la subasta después. Al principio no hubo acuerdo por los pormenores del proceso y luego por la decisión del regulador sobre la oferta “equivocada” de Grupo Novator.
Con la subasta sobre 700 MHz convertida en realidad, la nueva ejecutiva deberá reunir los documentos y trabajar en el camino local hacia 5G. Ya se avanzó algo al respecto pero todavía no hay un calendario claro de los pasos a seguir. También tendrá que concentrarse en el cierre de la brecha digital, pues la normativa aprobada el año pasado persigue el objetivo de “crear condiciones para que Colombia llegue al 70 por ciento de los hogares conectados a Internet, gracias a la reactivación de las inversiones TIC”.
Abudinen es una abogada de Barranquilla con estudios en asuntos legales y conocimientos en educación. En su curriculum figuran entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. La ejecutiva conoce el campo de juego, pues según información del portal local El Tiempo se desempeñaba hasta ahora como Alta consejera para las regiones y tuvo participación directa en los detalles de la ley de modernización.
Ahora también deberá estar atenta a los movimientos esperados, entre ellos la consolidación de un regulador convergente en Colombia — un viejo pedido de entidades del sector y la propia OCDE— y la revisión de medidas sobre América Móvil por su robusta participación en el mercado móvil local. Seguramente en su mandato volverá a ponerse en tela de juicio que el Estado tenga participación en Telefónica pero en lo inmediato deberá que asumir la polémica por la licitación del dominio .CO sobre la que pesa una demanda por violación al debido proceso.
