A poco más de un mes de que el presidente de Colombia ponga su firma para la sanción de la nueva ley TIC, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) puso manos a la obra para cumplir con los deberes que se le atribuye en la normativa. Hace unos días presentó una consulta preliminar sobre compartición de infraestructura, que estará abierta para comentarios hasta el cinco de septiembre.
El artículo 22 de la ley TIC establece las nuevas funciones de la CRC, que tiene 12 meses como máximo para adoptar su estructura y planta de personal para el ejercicio de sus funciones como regulador convergente. Como parte de ello, la comisión tendrá que expedir “una nueva regulación en un término máximo de seis meses, previa elaboración de un estudio técnico, donde se establezcan las condiciones de acceso a postes, ductos e infraestructura pasiva que pueda ser usada por los proveedores de servicios de telecomunicaciones”. En ella se definirán, por ejemplo, esquema de precios, condiciones, capacidad de cargas de los postes y ocupación requerida para la ocupación, entre otros.
El regulador ya se ha puesto en marcha y, considerando el plazo establecido, indicó que se “ha empeñado en recopilar de manera temprana información relevante sobre las diferentes problemáticas y retos que de manera general envuelve la compartición de infraestructura”. En el formulario que deben llenar los interesados se pregunta con qué otros sectores acuerdos de compartición y cuáles son las tres problemáticas que cree que deben solucionarse.
La entidad también deberá ocuparse de aspectos como promover y regular la libre competencia, prevenir conductas desleales, solicitar información a los proveedores de servicios de comunicaciones, de televisión abierta y radiodifusión sonora y determinar estándares y certificados de homologación internacional de equipos, entre otros. Sin embargo, solo se determinó plazo para lo referido a la conformación del regulador único y la compartición de infraestructura.
Así las cosas, mientras distintas organizaciones presentaron recursos contra la ley de Modernización TIC por considerarla inconstitucional, quienes forman parte del texto ya iniciaron sus labores para cumplir en tiempo y forma con la normativa. Ya pasaron 33 días de la sanción presidencial y los parámetros para la compartición deberían estar listos antes del 26 de enero. El regulador tendrá una lucha contrarreloj para un tema complejo que se establece como su primer desafío a superar en el nuevo contexto normativo.
