La relación entre el gobierno mexicano y el autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha perdido calidez en los últimos tiempos. Sin embargo, la pandemia podría funcionar como un argumento que unifique esfuerzos y, casi de paso, mejore las cosas entre las partes. El regulador confirmó en las últimas horas que transferirá 207 millones de pesos (9,2 millones de dólares) a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que se destinen a las acciones definidas para combatir la emergencia sanitaria.
La primera pregunta que surge ante la novedad es si resulta buena decisión que el regulador de telecomunicaciones ceda dinero para atender la contingencia, más en momentos en que el sector ha demostrado con creces ser esencial para mantener a la población comunicada, informada y entretenida. El segundo punto es si esto tendrá o no impacto en los proyectos anuales del IFT, que ya ha dicho que menos presupuesto es igual a falta de recursos para completar las metas establecidas.
Los problemas entre el regulador mexicano y el gobierno actual iniciaron ni bien Andrés Manuel López Obrador asumió como presidente. Ya en los discursos previos el presidente habló de austeridad como un concepto que regiría su mandato. Luego, los dos presupuestos anuales de IFT fueron más bajos que lo solicitado y se empezó a hablar de la necesidad de achicar sueldos de altos ejecutivos. Esto llevó a comunicados de un lado y el otro exponiendo posturas bien distintas.
Un proyecto, ya descartado, puso sobre la mesa la opción de crear un Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob) como autoridad que fusione tres autoridades, entre ellas el IFT. La posibilidad fue descartada de inmediato, con fuertes críticas del sector, pero dejando más a la vista los papeles que ponen en duda la necesidad de mantener esa cantidad de recursos para el regulador de telecomunicaciones.
Después de la tormenta, entonces, la situación parece ir para mejor. Para la transferencia fue firmado un acuerdo de colaboración entre el IFT y la Secretaria de Hacienda a fin de etiquetar y destinar el monto señalado exclusivamente a la población afectada por el covid-19. El dinero representa el 13 por ciento de los recursos destinados al regulador para 2020 en un año en el que se esperan dos licitaciones y la revisión de las medidas asimétrica a preponderantes, entre otros objetivos.
