Durante la pandemia, las telecomunicaciones se colocaron en el centro de la escena. La decisión de los gobiernos de los Estados latinoamericanos de declararlas servicio esencial fue recibido con gran aceptación por una industria que necesitaba movilizar sus trabajadores para mantener las redes funcionando en una situación crítica de incremento de tráfico por los aislamientos sociales obligatorios.
La pandemia representó una oportunidad para mostrar cuán flexibles pueden ser los operadores, los reguladores y la industria en general. Sirvió como un banco de pruebas, un sandbox, de regulaciones y normas que algunos esperan que puedan llegar a permanecer en el futuro.
En la última reunión de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (Citel) representantes de gobierno, regulación e industria coincidieron en que muchas de las decisiones extraordinarias que se tomaron por la pandemia deberían ser trasladadas al escenario post-pandemia. Por ejemplo, se alabó la estrecha colaboración entre operadores, gobierno y reguladores, que en conjunto pudieron encontrar soluciones para que las redes sigan operando y los usuarios puedan acceder a contenidos relevantes, aunque la caída económica haya puesto en jaque su capacidad de compra. También se celebró la entrega de espectro temporal en Perú y especialmente en Panamá, donde los operadores tenían muy poca capacidad espectral para atender la demanda.
También se valoró positivamente la decisión de los OTTs de reducir el bitrate de sus contenidos, entre otras maniobras, para evitar colapsos por el aumento de tráfico. “La pandemia nos demostró que los OTTs deben estar dentro de la ecuación, tienen que formar parte de las decisiones. Si no hubiesen realizado la reducción del bitrate, habría que ver si los operadores hubieran podido realizar una buena gestión del tráfico”, apuntó Carlos Lugo, presidente de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia. “Es destacable la coordinación entre reguladores, operadores y OTTs. Nos dieron el espacio para acomodar el tráfico y poder ofrecer un mejor servicio al usuario”, subrayó Horacio Romanelli, director de Asuntos Regulatorios, Millicom.
Hacia el futuro, la regulación post-pandemia debe reacomodarse. Las lecciones aprendidas en la pandemia permiten pensar en mantener algunas de las decisiones y acomodar otras, con la mirada en garantizar servicios y llevar conectividad a zonas aisladas y rurales donde hoy no existe cobertura. Todo esto, en medio de una crisis económica que golpeará a toda la región.
Para Virginia Nakagawa, viceministra de Telecomunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) de Perú, los planes existentes “no se deben detener y los plazos se deben cumplir” aunque remarcó que debe hacerse todo con “racionalidad económica”. “Hay que saber escoger nuestras peleas”, apuntó.
Por ejemplo, señaló que Perú avanzará con las licitaciones de espectro previstas para el segundo trimestre del año que viene y avanza con el reordenamiento para licitar 3,5 GHz, con el objetivo que los operadores puedan alcanzar 100 MHz de forma contínua en esa banda.
Las licitaciones de espectro 5G, que muchos países están evaluando, se empiezan a enfocar desde el lado de la cobertura y no tanto desde la recaudación, con un objetivo de promover las inversiones. “Intercambiar espectro por cobertura es algo muy importante”, mencionó Ana Valero, directora de Asuntos Públicos y Regulación para Hispanoamérica de Telefónica.
Esta es la batalla que los operadores están tratando de ganar y que, en menor o mayor medida, los reguladores empiezan a escuchar. Mario Fromow, comisionado del IFT de México, señaló que están revisando el sistema mexicano de pago por derecho de uso de espectro para que sea más accesible para los operadores acceder a los recursos espectrales. Otros, coinciden con la necesidad de revisar los concursos para que no tengan un objetivo meramente recaudatorio.
Desde Uruguay, Guzmán Acosta y Lara, director de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) señaló que están analizando junto con el regulador los temas de espectro 5G para poder ofrecérselo a los operadores con el objetivo de “seguir contribuyendo al acceso de la población a Internet y a un menor costo”.
Otro eje de acuerdo ha sido la necesidad de reducir ciertas cargas regulatorias o incluso trámites que deben realizarse presencialmente o en papel. El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) acaba de promover la digitalización de muchos procedimientos, que se traducen en una reducción de costos para los operadores. “Es una oportunidad para revisar la carga regulatoria que hoy existe pero que no se traduce en un mejor servicio al usuario”, apuntó Ángel Melguizo, vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de AT&T y DirecTV Latinoamérica. Con esta apreciación coincidió Ana Valero, que también destacó la decisión de algunos gobiernos de prorrogar los pagos de impuestos y otras cargas regulatorias con el objetivo de aliviar a los operadores en un contexto complicado.
Otro eje que se discutió es la necesidad de contar con mejores métricas para evaluar el mercado. “El análisis del tráfico que se inició con el Covid-19 debe permanecer”, resaltó Melguizo. En tanto, José Otero, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de 5G Americas, señaló que hace falta aprovechar la “información originada durante el Covid-19 para generar métricas necesarias para identificar las localidades que requieren más atención en caso de emergencia”.
América Latina tiene el potencial de impulsar la economía post-pandemia con el desarrollo de las telecomunicaciones y la economía digital. En ese sentido, el foco de la regulación deberá estar puesto en ofrecer las condiciones para que las empresas inviertan, se pueda conectar a los desconectados y los usuarios puedan acceder a servicios y dispositivos capaces de aprovechar todas las ventajas de la digitalización. Las discusiones para empezar a delinear este objetivo ya iniciaron.
