El decreto firmado por el Presidente de la Nación que declara a las telecomunicaciones y la TV paga como servicio público tuvo como respuesta una ola de rechazos por parte de la industria. Primero fueron las organizaciones internacionales, como Asiet y GSMA las que se pronunciaron en contra de decisiones inconsultas que, además, podrían poner en jaque las inversiones del sector. Luego, lo hicieron las principales empresas de telecomunicaciones —entre los firmantes están Claro, DirecTV, Telecom, Telefónica, Telecentro y las cámaras del sector, entre otros— en una solicitada publicada en los principales medios de comunicación. Allí también se hacía hincapié en la necesidad de generar consensos y hasta hablaba del fantasma del congelamiento de precios de la telefonía fija, que estuvo vigente desde 1999 a 2015.
Pero es que frente a un control de precios como el que parece que espera hacer el Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom), por el cual se negociará con las empresas topes de aumentos de acuerdo a su estructura de costos, las pymes consideran que se encuentran en desventaja con respecto a los operadores más grandes. Desde las cámaras que agrupan el sector les preocupa que las negociaciones se realicen únicamente con los operadores más grandes del mercado y no se tengan en cuenta las necesidades específicas de los pequeños operadores, que aseguran haber perdido casi un 20 por ciento de sus márgenes por la pandemia, debido a una combinación de suba de sus costos en dólares, morosidad y congelamiento de precios.
Por eso, desde la Cámara de Intenernet (Cabase) se alertó que la concentración del sector podría agravarse “si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para pymes y cooperativas, diferenciado del que se establecerá para los grandes operadores”. De acuerdo con la cámara, el DNU pone en riesgo la subsistencia de más de 1.200 pymes y cooperativas que prestan servicio, especialmente, en el interior del país.
Desde el sector de la TV paga también llegaron las alarmas, también por parte de los operadores más pequeños. Comunicados por parte de asociaciones provinciales que nuclean a los operadores de televisión por suscripción indican que la medida “va a favorecer a nuestros competidores que brindan servicios desde el extranjero mediante plataformas de contenidos que ingresan libremente al país y hacen usufructo gratuito de nuestras redes”, es decir, los OTTs. Además —y el siguiente es un pedido que se repite en la Cámara de Internet— solicitan créditos “a tasas razonables para mantener actualizada la infraestructura” y alertan, al igual que los grandes, que el exceso regulatorio será negativo para los intereses de los abonados. “Los usuarios saben, por experiencia, que servicios públicos con tarifas congeladas, lejos de fomentar la inclusión y alivio económico, significan una degradación de las prestaciones que reciben”.
En general, los operadores coinciden que el control de precios por parte del regulador puede ser un desincentivador de la inversión. Los más pequeños, además, temen no poder tener la espalda suficiente para soportar la presión que puede significar precios fijados bajo los estándares de los más grandes. Las negociaciones —al menos en los medios de comunicación—ya comenzados, ahora todo dependerá de cómo se reglamente el decreto.
