Una docena de diputados nacionales argentinos, liderados por Pablo Todero, de Unión por la Patria, presentaron un pedido de citación en la Cámara de Diputados para que el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios comparezcan ante la Comisión de Defensa del Consumidor para explicitar los alcances de la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC).
Se trata de la demanda de explicaciones por la disposición que desde hace dos semanas rige en la Argentina y que exige la certificación estadounidense TIA SCS 9001 a los proveedores de equipos de telecomunicaciones en redes críticas del Estado en primera instancia, pero que también invita al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a hacerlo extensivo a las redes de los operadores privados.
La normativa está vinculada a las listas restrictivas que estableció Estados Unidos para excluir el uso de equipamiento proveniente de empresas chinas, como Huawei y ZTE, y que se busca implementar también en la Argentina; algo que tuvo su antecedente en Paraguay y Costa Rica.
Este llamamiento de los diputados argentinos se suma a los reclamos sectoriales, como el planteado por Asiet y por otros actores de telcos (como ATVC, Cabase, PyMEs y cooperativas), al argumentar que hay injerencias políticas en infraestructuras públicas como es el caso de Arsat, a la vez que se plantean impactos económicos en las que tendieron las operadoras privadas.
Se inserta, además, en una discusión más amplia, vinculada al papel del CNC y CERT.ar en la política de soberanía y seguridad de los datos, tal como publicó TeleSemana.com recientemente.
El pedido, al detalle
“A partir de la Disposición 7/2026, la Argentina podría estar iniciando un proceso administrativo que podría devenir en un serio problema técnico en las telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con afectación a millones de usuarios. Y la única manera de afrontarlo, inevitablemente sería un reemplazo estructural de los equipos. ¿Quién pagaría ese costo extra?”, dice el texto presentado el 16 de noviembre en la Cámara de Diputados de la Nación, que quedó identificado con el número de expediente 6246-D-2026.

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Publicado en el portal no estatal dedicado a monitorear la actividad regulatoria de los poderes públicos locales, DeQuéSeTrata.org, el texto de la cita a funcionarios nacionales a comparecer ante la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia a explicar los detalles de la implementación Disposición 7/2026 está disponible aqui.
Se trata de la convocatoria a Diego Santilli, Jefe de Gabinete de Ministros; Adriana Baravalle, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros; Walter Fabián Agüero, Director Ejecutivo del CNC, y Andrés Michelazzo, Interventor del Enacom.
En esa misiva, los diputados plantean interrogantes vinculados a la cuestión regulatoria, la técnica, las operativas y otras internacionales. Por ejemplo, solicita los motivos que fundamentan su exigencia o saber qué organismos públicos nacionales o cámaras empresariales, cooperativas y otros actores fueron consultados para su diseño.
Consulta sobre el impacto que la medida tendrá para el Estado y en infraestructuras como Arsat o la Red Federal de Fibra óptica (Refefo), junto con los costos estimados de adecuación o reemplazo y sobre la política local en materia de homologación de materiales y obligaciones de licenciatarios TIC.
Inclusive, interroga sobre si la medida forma parte de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos (que incluya compromisos de estándares o reemplazo de equipos) y, en ese sentido, sobre cuál sería el análisis de compatibilidad con el Mercosur.
Los diputados firmantes, entre los que se destacan Pablo Todero, Lorena Pokoik, Diego Giuliano, entre otros, plantean que la Disposición 7/2026 pone en riesgo el acceso a un servicio adecuado y a precio razonable para millones de usuarios, así como la libre elección de proveedores y la competencia para empresas y cooperativas.
Señalan que se genera una exclusión administrativa basada en criterios de seguridad nacional estadounidense y no en evaluaciones técnicas propias, y lo ponen en perspectiva de impacto en la infraestructura local. Por ejemplo, recuerdan que empresas como Huawei llevan más de 20 años en el mercado argentino (proveyendo a operadores como Telecom, Movistar, Claro y Arsat, con presencia en redes 4G, transmisión de datos y fibra óptica) y que cerca de dos tercios de la infraestructura troncal y de acceso de Arsat opera con equipos de origen chino (principalmente Huawei y ZTE).
Para ellos, prohibir nuevos componentes o licencias dificultaría reponer equipos averiados, ampliaciones y interoperabilidad en la Refefo, además de generar costos de reemplazo estructural.
Pero también extienden su reclamo a la realidad de las cooperativas locales, en buena medida los ISPs locales que llegan con conectividad a las zonas más alejadas del país y advierte sobre el impacto financiero de la medida.
“A nivel global, el estándar TIA SCS 9001 tampoco lo tienen la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Corea ni Australia, para destacar algunos casos de relevancia. Por su parte, el propio Estados Unidos tampoco lo adoptó como tal, y el criterio de exclusión de empresas lo realizó a través de una ley (la Secure and Trusted Communications Networks Act de 2019), con una consulta pública y un programa de casi 5.000 millones de dólares para financiar el reemplazo de unos 85 operadores, en su mayoría rurales y pequeños”, dice la carta.
Y continúa: “En la Argentina se busca un efecto equivalente con una disposición de un organismo descentralizado, sin ley, sin consulta pública, y sin ningún fondo previsto. Todo este procedimiento, por la magnitud e impacto en diversos servicios públicos, constituye violatorio del Artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce a los usuarios el derecho a la calidad y eficiencia de los servicios, ordena defender la competencia y exige la participación de las asociaciones de usuarios en los marcos regulatorios”.
“Y como si todo lo expuesto no fuera relevante, la Argentina no tiene ningún tipo de participación en lo que dispone la Telecommunications Industry Association, a diferencia de otros ámbitos de certificación técnica internacional, como el caso de ISO, donde nuestro país participa a través de Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) Por todo esto, resulta indispensable que los funcionarios competentes asistan a la H. Cámara para dar las explicaciones que el tema amerita”, insta.
Los legisladores, esta vez, se sumaron a la reacción que ya tuvo todo el ecosistema de las en Argentina: el consenso está dado en que se trata de una medida tan inconconsulta e innecesaria, que atenta contra la neutralidad tecnológica, que merma la competencia, que genera sobrecostos y que fuerza el recambio de infraestructura que funciona, además de señalarsele un sesgo geopolítico. En el dia de la soberanía nacional argentina, el debate sobre sus alcances en materia digital multiplica en matices.
