El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) envío al Congreso de la Unión y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un documento en el que defiende que los incrementos previstos en el presupuesto para los derechos de espectro tendrán, de aplicarse, un impacto negativo para el sector. “Hay que fortalecer al sector, que fue clave para enfrentar a la pandemia y que será necesario para la recuperación económica”, disparó.
El debate por el precio del espectro tiene larga cola en una región en la que a cada rato los operadores se quejan del precio que deben pagar para la adjudicación y mantenimiento del activo. En México ya las quejas eran más recurrentes que en otras latitudes y, para más, la propuesta para el paquete económico local 2021 propone subir el costo de los derechos. “El IFT comprende la necesidad de financiar el gasto público (pero) expresa su preocupación por los efectos” de la medida.
Los costos por el uso de espectro en México se dividen en el pago por el otorgamiento o prórroga, a cargo del regulador, y los pagos anuales, que son definidos por el Congreso en la Ley Federal de Derechos. En el paquete económico para el año próximo se propuso una suba del 48 por ciento en el precio a pagar por las bandas de 800 y 850 MHz, de 148 por ciento en la de 600 MHz, banda L y 3,3 a 3,6 GHz. En tanto, se mantuvo sin cambios los montos para AWS, PCS y 2,5 GHz.
El documento presentado por IFT señala que el espectro es un insumo indispensable para la prestación del servicio y, por lo tanto, el costo tiene consecuencias directas en la posibilidad de elevar la cobertura y la calidad de telefonía e Internet móviles. El aumento, entonces, “resulta en barreras de entrada a nuevos competidores, desincentiva la participación en procesos de licitación, promueve la devolución de espectro al Estado —como ya ocurrió —, pone en riesgo el despliegue y las inversiones”, señaló en un comunicado.
Los montos actuales de los derechos por el uso de espectro son, en promedio, superiores en 60 por ciento a la media internacional y la propuesta elevaría ese porcentaje a casi el 70 por ciento, defendió la entidad. Recodó que en junio presentó dos iniciativas: una modificación en la Ley de Derechos para provocar un ajuste a la baja con base en las mejores prácticas internacionales y otra en la que incluye la opción de acreditar el pago por derechos en inversiones con foco en población hoy sin acceso.
Adicionalmente, sigue, la propuesta consiste en que el 80,5 por ciento del valor de cada banda corresponda a los derechos anuales y solo el 19,5 al pago por concesión o prórroga cuando la media internacional es que el 30 por ciento de pago anual y 70 por ciento al momento de la adjudicación. La decisión, que ya se vislumbra como nuevo encontronazo entre el regulador autónomo y las autoridades nacionales, impactará en lo que suceda con el proceso IFT-10 y los próximos, entre ellos el que involucra espectro compatible con 5G previsto para 2021.
