El precio del espectro es un tema de discusión permanente. En general, el pedido de los operadores de telecomunicaciones es por precios más bajos para las licitaciones de frecuencias, con el objetivo de poder disponer de mayores recursos para las inversiones en infraestructura. Sin embargo, eso no siempre es posible: los reguladores suelen encontrarse entre la espada y la pared, con operadores que demandan pagar lo menos posible por las frecuencias mientras que gobiernos y ministros de Hacienda piden subir los precios para generar nuevos recursos para el Tesoro Nacional.
La discusión ya lleva sobre la mesa algunos años, pero recién ahora los reguladores empiezan a pensar en tomar posición por licitaciones que no tengan vocación recaudatoria —aunque eso signifique, como en Chile, tener que enfrentarse a una oposición que se queja de una propuesta de licitación de espectro 5G “sin contraprestaciones”, como señalan los medios del país—.
En México, una discusión empieza a aflorar con la propuesta para el paquete económico 2021. Es que la Secretaría de Hacienda acaba de enviar una propuesta por la cual se pretende subir el costo de los derechos de espectro, especialmente en la banda de 800 MHz.
En México ocurre una situación particular. En 2018 un estudio señalaba que el costo del espectro en ese país —que toma como consideración el precio que se paga en licitación mas el pago anual por derechos de uso— era muy alto, especialmente porque el porcentaje que los operadores pagan por derechos de espectro es muy superior al que pagan en el momento de la licitación —la relación es del 10 por ciento el pago inicial y el 90 por ciento el pago a lo largo del tiempo—.
Eso hace que, por ejemplo, Movistar tome la decisión de desprenderse de parte de sus frecuencias y seguir operando en acuerdo con AT&T, con el objetivo de ahorrar en un gasto de mantenimiento muy alto para unas finanzas demasiado débiles.
Con una licitación de espectro en marcha, planes de licitar frecuencias para 5G en 2021, y un paquete económico que será discutido en el Senado, la pregunta sobre el valor del espectro en México vuelve a ponerse sobre la mesa.
En la propuesta enviada al Parlamento mexicano se prevé la actualización del costo por derechos de espectro para frecuencias en las bandas de 800 MHz. El documento señala que las cuotas por los derechos que se pagan hoy en México por estas porciones “se encuentran por debajo de las referencias internacionales, de conformidad con una muestra de valor de estas frecuencias en 14 países, representando el 34 por ciento de la mediana y constituyendo solo una quinta parte del promedio de las mismas”.
En una conferencia con periodistas, Alejando Navarrete, titular de la Unidad de Espectro del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), señaló que la propuesta enviada al Congreso difiere con lo propuesto por el regulador, que había previsto una reducción en los costos de derechos, mientras que propuesta plantea alzas en varias bandas, especialmente la de 800 MHz. También se prevén actualizaciones para 600 MHz y 3,5 GHz, mientras que mantiene el sistema para las bandas AWS y PCS.
Navarrete indicó que valores muy altos del espectro “pueden ser una barrera de entrada para nuevos operadores” y resaltó que desde el regulador se hace necesario eliminar todas las barreras artificiales que puedan desincentivar la participación de los operadores en las licitaciones.
Pero el documento parece tener una idea de cómo mantener constante los ingresos por espectro para el Tesoro Nacional y, al mismo tiempo, solventar el problema de las barreras artificiales que pudiera generar un costo alto del espectro. Para la banda de 600 MHz, por ejemplo, se planea la posibilidad de ejecutar “vacatio legis” para que los artículos recién entren en vigor a partir de 2024 o 2025 —dependiendo cuando se realicen las licitaciones— con el objetivo de que haya mayor participación en las licitaciones para 5G y “se generen mayores incentivos para que en los primeros meses posteriores a la licitación las empresas utilicen nuevas tecnologías y se acelere el despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones”.
Habrá que ver si esta suspensión del pago será suficiente para que las licitaciones empiecen a funcionar de una forma más parecida a como se espera en la industria de telecomunicaciones.
