El Ministerio de TIC expidió la resolución 57/2021 con el ojo puesto en “optimizar la prestación de servicios de telecomunicaciones” a partir de “promover que los operadores tomen medidas puntuales para evitar incumplimientos, posibles infracciones y sanciones administrativas”. También aplicará a los servicios postales.
La normativa modifica la resolución ministerial 3160/2017 por la que Colombia adoptó la política pública de vigilancia preventiva. En concreto, se modificaron sus primeros cuatro artículos y se agregaron otros cuatro apartados. Las medidas aplicadas “no relevan ni excluyen la potestad sancionatoria que la ley atribuye al Ministerio de TIC”.
El artículo primero ahora incluye las acciones correctivas que adopten los vigilados dentro del objeto de aplicación de la normativa. En el segundo, en tanto, se agregan algunas definiciones, como autoevaluación. El tercero y el cuarto, en tanto, modifica “los principios que orientan la política pública de vigilancia preventiva” y los criterios de su aplicación.
Luego, se deja claro que las acciones y acuerdos firmados previo a esta resolución quedarán sometidos a los efectos de la normativa de 2017 y se añade que la nueva política puede ser adoptada de forma voluntaria por entidades adscritas. Además, queda para la cartera sectorial la obligación de realizar los ajustes necesarios para adaptar la vigilancia a la ley ahora vigente.
La idea es mantener una comunicación constante con operadores y sumar herramientas para facilitar el acceso a la información. Los vigilados, dice la nueva norma, tendrán la posibilidad de autoevaluarse e implementar acciones y medidas destinadas a generar acciones correctivas respecto de sus obligaciones legales, regulatorias y reglamentarias.
“Los beneficiados serán los ciudadanos. Buscamos mejorar las condiciones en la que se prestan los servicios”, dijo la ministra Karen Abudinen. La política se articulará con mediciones semanales que la entidad realizará en departamentos, donde se evaluará la calidad de servicios que ofrecen los operadores. El primer ejercicio de este tipo se realizó en Chocó, al noroeste del país.