Estados Unidos ha decidido que la carrera por el liderazgo de la 6G debe comenzar mucho antes de que la tecnología llegue al mercado. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA, por sus siglas en inglés), organismo dependiente del Departamento de Comercio, anunció una “Llamada a la acción por el liderazgo y la seguridad en 6G” junto con más de 20 gobiernos aliados de Europa, Asia-Pacífico y el hemisferio occidental. La iniciativa busca coordinar durante los próximos 12 meses, y posteriormente, una visión común sobre seguridad, interoperabilidad, resiliencia e inteligencia artificial (IA) aplicada a las futuras redes. También pretende establecer hitos que faciliten la innovación del sector privado y refuercen el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y sus aliados.
China no aparece mencionada en el comunicado. Sin embargo, resulta difícil interpretar el anuncio fuera de la creciente competencia tecnológica entre Washington y Pekín. La iniciativa parece diseñada para evitar que Occidente vuelva a encontrarse ante una situación similar a la experimentada con 5G: sin un fabricante estadounidense de redes móviles de extremo a extremo y con Huawei ocupando una posición central en el mercado mundial.
La intención política resulta comprensible. La cuestión es si la estructura económica de la industria permitirá convertirla en una estrategia industrial viable.
El anuncio recuerda inevitablemente al impulso político que recibió Open RAN cuando Estados Unidos buscaba alternativas a los grandes proveedores tradicionales de infraestructura móvil. La apertura y desagregación de la red de acceso prometían reducir la dependencia de un número limitado de fabricantes, facilitar la entrada de empresas especializadas y permitir que los operadores combinaran componentes de diferentes proveedores. En teoría, una arquitectura más abierta debía generar innovación y competencia en un mercado cada vez más concentrado.
Open RAN no puede considerarse simplemente un fracaso. Abrió el debate sobre la desagregación, aceleró el desarrollo de interfaces interoperables y cambió la manera en que operadores y fabricantes conciben la arquitectura de la red de acceso. También introdujo nuevos modelos de colaboración y obligó a los proveedores tradicionales a responder a una demanda creciente de apertura.
Pero no consiguió transformar la estructura económica del negocio ni desarrollar el ecosistema competitivo que prometía. Dividir una solución tecnológica en diferentes componentes no hace desaparecer la complejidad; la redistribuye. Alguien debe conseguir que las piezas funcionen conjuntamente, optimizar su rendimiento y responder cuando el sistema falla.
Ser especialista en una parte de la red tampoco garantiza disponer de un mercado suficiente para sostener una empresa. Los ciclos comerciales son largos, el número de compradores es reducido y el desarrollo exige inversiones continuas. La desagregación puede repartir las funciones técnicas entre más actores, pero también fragmenta los ingresos y multiplica las dependencias entre proveedores.
Por eso los operadores, aunque desean más alternativas en las licitaciones, se muestran prudentes al seleccionar compañías que deberán mantener elementos críticos de su infraestructura durante muchos años. Open RAN amplió las posibilidades tecnológicas y cambió el lenguaje del sector, pero no alteró la economía básica de las redes móviles.
Con la 6G, Estados Unidos quiere intervenir desde una etapa mucho más temprana. Esta vez no se trata únicamente de abrir las interfaces de la red de acceso. La coordinación incluye investigación, propiedad intelectual, IA, semiconductores, cloud, seguridad, resiliencia, espectro, sistemas de prueba, estándares y cadenas de suministro. Pero ampliar el número de componentes no resuelve el problema descubierto con Open RAN. Lo hace todavía más complejo. Si Occidente no consiguió construir un ecosistema comercial sostenible alrededor de una parte delimitada de la red, no existen razones evidentes para pensar que podrá conseguirlo incorporando ahora toda la cadena tecnológica de la 6G.
Antes de buscar nuevos competidores para la próxima generación móvil, convendría preguntarse por qué desaparecieron tantos proveedores occidentales durante las generaciones anteriores. Nortel quebró. Motorola abandonó su negocio de infraestructura de redes. Lucent se fusionó con Alcatel y posteriormente ambas terminaron dentro de Nokia. Siemens creó una empresa conjunta con Nokia y acabó saliendo del negocio.
El mercado occidental pasó de contar con numerosos fabricantes de gran tamaño a depender principalmente de Ericsson y Nokia, junto con la presencia de Samsung en determinados mercados. Fuera de China, buena parte del negocio de redes de acceso móvil gravita alrededor de estas compañías, mientras numerosos especialistas dependen de contratos selectivos o de su participación en soluciones lideradas por actores de mayor tamaño.
No parece razonable atribuir toda esta consolidación al ascenso de Huawei. El fabricante chino aumentó enormemente la presión competitiva, pero llegó a una industria cuyas propias dinámicas ya favorecían la concentración. Desarrollar infraestructura móvil exige inversiones constantes en investigación, patentes, chips, software, laboratorios y estándares. Los proveedores deben operar internacionalmente, mantener diferentes generaciones tecnológicas y atender a un número relativamente limitado de grandes compradores con una considerable capacidad de negociación.
Cada nueva generación exige más inversión, mientras que los ingresos de los operadores no crecen necesariamente al mismo ritmo. En estas condiciones, la escala no es una ventaja adicional, sino una condición para sobrevivir. Si el mercado no pudo sostener a Nortel, Lucent, Motorola, Alcatel y Siemens cuando la industria móvil se encontraba en plena expansión, resulta legítimo preguntar por qué debería producir ahora una nueva generación de fabricantes cuando los costes tecnológicos son mayores y el crecimiento del negocio de conectividad es más limitado.
El problema no es que Occidente haya dejado de saber construir tecnología ni que carezca de empresas capaces de innovar. Continúa desarrollando algunos de los componentes más avanzados de la economía digital. Construye centros de datos, diseña procesadores y servidores, desarrolla plataformas cloud, modelos de IA y software utilizado en todo el mundo. Nvidia, Intel, AMD, Microsoft, Amazon, Google y muchas otras empresas demuestran que no existe una incapacidad occidental para crear tecnología de escala mundial. El problema es otro: el negocio de la infraestructura de telecomunicaciones ha dejado de resultar suficientemente atractivo frente a las oportunidades disponibles en otras capas de la economía digital.
El capital busca mercados con mayor crecimiento, mejores márgenes y una expansión menos dependiente de un reducido número de compradores. Las redes móviles ofrecen casi lo contrario. Exigen inversiones continuas, largos procesos de certificación, adaptación a múltiples mercados, participación permanente en estándares y negociaciones con grandes operadores capaces de ejercer una enorme presión sobre precios y condiciones.
Mientras un proveedor de cloud o IA puede comercializar capacidades similares entre miles de empresas de diferentes sectores, un fabricante de redes depende de un número limitado de operadores, de contratos complejos y de ciclos de inversión determinados por cada generación tecnológica. Incluso cuando consigue un gran contrato, debe comprometerse a mantener la solución durante años y continuar invirtiendo para no quedar fuera del siguiente ciclo.
Los fabricantes occidentales no desaparecieron porque Occidente dejara de entender la tecnología. El mercado fue expulsando capital y empresas de un negocio que ofrecía una relación cada vez menos atractiva entre inversión, riesgo y rentabilidad.
La experiencia deja a la estrategia occidental atrapada entre dos alternativas que ya han mostrado sus límites. Crear un nuevo fabricante integral resulta prácticamente imposible porque el mercado no ofrece las condiciones necesarias para que alcance escala. Construir una constelación de empresas especializadas tampoco resuelve el problema, porque Open RAN ya demostró que dominar un componente de la red no garantiza un negocio sostenible. La iniciativa estadounidense no explica cómo piensa escapar de esta contradicción.
Coordinar empresas de semiconductores, cloud, software, IA, ciberseguridad y sistemas de prueba puede producir avances tecnológicos. Pero esas compañías no existen para rescatar el negocio telco. Participarán cuando puedan vender componentes o servicios con márgenes atractivos y evitarán asumir las obligaciones de un fabricante de redes cuando la rentabilidad no compense el riesgo.
Nvidia puede beneficiarse del crecimiento de la IA aplicada a las telecomunicaciones sin convertirse en proveedor integral de redes. Amazon, Microsoft y Google pueden vender capacidad cloud a los operadores sin asumir la economía de la infraestructura móvil. Los fabricantes de semiconductores pueden suministrar chips sin responsabilizarse del funcionamiento completo de una red durante los próximos quince años.
La existencia de estas capacidades en Occidente no significa que puedan combinarse políticamente para recrear una industria que el mercado ha ido desmontando. Muchas de esas empresas son fuertes precisamente porque eligieron capas tecnológicas más escalables y rentables. Pedirles que reconstruyan el ecosistema telco supone invitarlas a entrar en el negocio del que otras grandes compañías occidentales terminaron saliendo.
China opera bajo una lógica diferente. Considera las telecomunicaciones una capacidad industrial y estratégica, dispone de un enorme mercado doméstico y puede coordinar fabricantes, operadores, financiación y objetivos nacionales durante periodos prolongados. Esa estructura permite sostener inversiones que el mercado occidental evalúa principalmente mediante su rentabilidad.
Por eso la iniciativa estadounidense no se enfrenta solamente a Huawei o ZTE. Se enfrenta a una diferencia estructural entre dos modelos económicos. China está dispuesta a tratar la infraestructura telco como una capacidad nacional que debe conservarse. Occidente pretende obtener un resultado parecido sin abandonar una lógica de mercado que lleva décadas expulsando empresas y capital del sector. Los gobiernos pueden financiar investigación, subvencionar proyectos, coordinar posiciones en los organismos de estandarización y restringir proveedores extranjeros. Lo que no pueden hacer fácilmente es obligar al capital privado a permanecer en un negocio menos atractivo cuando existen oportunidades superiores en centros de datos, semiconductores, cloud e IA.
Las restricciones impuestas a los proveedores chinos tampoco crean por sí solas nuevas alternativas. Excluir a Huawei y ZTE de determinados mercados no produce automáticamente empresas capaces de ocupar su lugar. En ausencia de nuevos competidores, la demanda se redistribuye principalmente entre los fabricantes que ya existen. El resultado puede ser paradójico. Una política diseñada para reducir la dependencia tecnológica de China podría aumentar la dependencia de un grupo todavía más reducido de suministradores occidentales.
Para los operadores, esto significa menos opciones en las licitaciones, menor capacidad de negociación y posiblemente mayores costes. También puede traducirse en retrasos en las inversiones si las alternativas promovidas políticamente no ofrecen el rendimiento o la madurez necesarios. El conflicto surge porque los gobiernos y los operadores no evalúan el mercado desde la misma perspectiva. Los gobiernos buscan autonomía tecnológica, seguridad nacional y control sobre infraestructuras críticas. Los operadores necesitan productos maduros, precios competitivos y proveedores capaces de responsabilizarse del funcionamiento de sus redes.
La autonomía puede justificar mayores costes desde una perspectiva política. Pero esos costes acabarán siendo asumidos por los operadores, los accionistas, los consumidores o los propios gobiernos. El debate debería reconocer claramente este sacrificio en lugar de prometer simultáneamente mayor seguridad, más competencia, menores precios y una innovación más rápida. La división del mercado mundial podría agravar todavía más el problema. China dispone de un enorme mercado doméstico en el que fabricantes y operadores pueden coordinar inversiones, alcanzar volumen y probar nuevas tecnologías. También cuenta con una política industrial sostenida y con capacidad para financiar proyectos durante periodos prolongados.
Si Occidente construye un ecosistema separado, las empresas chinas podrán continuar desarrollándose dentro de su propio mercado y posteriormente ofrecer sus soluciones a los países que no formen parte del bloque liderado por Estados Unidos. El mundo podría terminar dividido en dos ecosistemas tecnológicos. Aunque ambos mantuvieran formalmente unos estándares comunes, podrían aparecer diferencias en componentes, inteligencia artificial, seguridad, propiedad intelectual, interfaces y cadenas de suministro.
Esa fragmentación perjudicaría especialmente a una industria que se benefició durante décadas de estándares comunes y volúmenes mundiales. Fabricantes, operadores y usuarios terminarían pagando el coste de desarrollar y mantener ecosistemas paralelos. También podría producirse un resultado contrario al buscado: que la estrategia diseñada para contener el avance chino termine ralentizando la inversión occidental, mientras China continúa desarrollando y desplegando tecnología dentro de su propio mercado.
Cuestionar la viabilidad de esta estrategia no significa ignorar los riesgos asociados a la dependencia tecnológica ni defender una confianza incondicional en China. Las redes móviles son infraestructuras críticas y los gobiernos tienen razones legítimas para exigir seguridad, transparencia y resiliencia. Pero reducir una dependencia estratégica no es necesariamente lo mismo que excluir completamente a China del ecosistema. Podrían explorarse modelos basados en estándares globales, interoperabilidad, auditorías independientes, transparencia sobre componentes y software, diversificación en funciones críticas y reglas de reciprocidad comercial.
El objetivo sería gestionar las dependencias y limitar los riesgos comprobables sin destruir las economías que sostienen al mercado. Llegar a acuerdos con China no eliminaría la competencia geopolítica, pero podría permitir que esa competencia se desarrollara dentro de unas reglas compartidas, evitando que cada bloque tuviera que reproducir por separado toda la cadena tecnológica. Esta opción tampoco resulta sencilla. Para Estados Unidos, la 6G no es únicamente una nueva oportunidad comercial. Es una infraestructura relacionada con la defensa, la inteligencia, el control de datos y la influencia internacional. Desde esa perspectiva, depender de proveedores chinos puede considerarse políticamente inaceptable, aunque resulte económicamente eficiente.
La cuestión que debe plantearse entonces es cuánto está dispuesto a pagar Occidente para reducir esa dependencia. La iniciativa estadounidense puede ser racional como política de seguridad nacional. Puede preservar determinadas capacidades estratégicas, financiar investigación y garantizar que Estados Unidos y sus aliados mantengan influencia sobre el desarrollo de los estándares. Pero eso es muy diferente de construir una industria competitiva capaz de enfrentarse al ecosistema chino.
Como política industrial, la iniciativa no parece resolver ninguna de las restricciones que provocaron la concentración del mercado. No explica cómo aparecerán nuevos fabricantes, cómo sobrevivirán las empresas especializadas ni por qué el capital occidental debería regresar a un negocio que abandonó para dirigirse hacia actividades más rentables. El Estado puede decidir que una capacidad tecnológica es demasiado importante para dejarla desaparecer. En ese caso, deberá asumir que no está creando un mercado competitivo, sino financiando y protegiendo una industria estratégica. Eso exigiría compras garantizadas, subsidios permanentes y una coordinación mucho más profunda de la que describe el anuncio.
Incluso así, conservar capacidad industrial no equivaldría a generar competencia. Podría evitar que Ericsson y Nokia desaparecieran o ayudar a mantener determinadas tecnologías bajo control occidental, pero difícilmente produciría una nueva generación de empresas capaces de competir mundialmente contra los fabricantes chinos. Ese es el vacío central de la llamada a la acción de la NTIA. Estados Unidos ha definido el resultado geopolítico que quiere alcanzar, pero no ha explicado qué estructura económica permitirá conseguirlo.
No falta tecnología. Falta una razón económica para utilizarla en la reconstrucción de un negocio que Occidente lleva décadas abandonando. La iniciativa puede coordinar gobiernos, distribuir fondos, levantar barreras y declarar estratégicas determinadas capacidades. Lo que no puede hacer es abolir las economías de escala ni obligar al mercado a sostener una estructura industrial que ya rechazó. Si Occidente no puede crear un nuevo gigante, tampoco consiguió construir mediante Open RAN un ecosistema de especialistas capaz de sustituirlo. Pretender que la fórmula funcionará ahora, aplicada a una cadena 6G todavía más compleja, parece menos una estrategia industrial que un acto de voluntad política.
Y la voluntad política, por sí sola, no construye redes.
