El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) procedió a intimar a las empresas a que “ajusten la facturación de manera inmediata, retrotrayendo los aumentos mal aplicados y devolviendo a los usuarios el dinero facturado de forma indebida” en un nuevo capítulo de la polémica por las tarifas en Argentina. El regulador inició procesos administrativos y prometió sanciones.
Tras meses de polémica, el gobierno local reglamentó a fines del año pasado el decreto 690, con lo que autorizó una suba del cinco por ciento a ser aplicada por los licenciatarios para el servicio de Internet, TV paga, telefonía fija y móvil. Para las empresas con hasta 100.000 abonados que no hubieran aumentado los precios durante 2020 se avaló un aumento de hasta ocho por ciento.
Los operadores no vieron con buenos ojos esta medida, que corre desde el primero de enero, y tampoco la prestación mínima obligatoria, que consiste en planes con tarifas “accesibles” a determinados usuarios. En distintas reuniones, las empresas intentaron frenar la decisión y, luego, pidieron a las autoridades revisar su impacto.
La Cámara Argentina de Internet (Cabase), por ejemplo, tomó la normativa como “una sentencia de muerte para las pymes y cooperativas”. Agregaron que es muestra de “un absoluto desconocimiento del gobierno sobre la estructura de costos” para prestar servicios. También se quejaron Telecom Argentina, Claro y Movistar, entre otros.
Lo cierto es que, lejos de terminar, la polémica está más vigente que nunca en Argentina. El reclamo de los operadores no alcanzó para revertir la decisión y ahora Enacom usará sus facultades, dijo, “para resguardar el cumplimiento de las normas y garantizar la accesibilidad de los usuarios”. Así, la aplicación de sanciones será el segundo episodio de este año de una novela que promete nuevos y acalorados capítulos en los próximos meses.
