En un nuevo capítulo de la discusión para avanzar hacia 5G en Brasil, el Tribunal de Cuentas (TCU) cuestionó algunas consideraciones del concurso de espectro y le comunicó a la Anatel el desafío que representará cumplir con metas de política pública orientadas a la administración pública y obligaciones de inversiones en el Plan Amazonia Integrada y Sustentable (PAIS), cuya red se construirá a partir de lo que se obtenga en el concurso de la banda de 3,5 Ghz.
El TCU consideró que se trata de los dos aspectos más problemáticos y le señaló al regulador el posible indicio de ilegalidad en el que se podría incurrir a partir de la inclusión de estas obligaciones, tal como se manifestó en una reunión entre ambos organismos celebrada la semana pasada y que contó con los principales funcionarios y técnicos de las dos partes, lo que dio cuenta de la importancia del encuentro, según informó Teletime.
Este organismo ya venía alertando que los proyectos involucrados en PAIS y en redes privadas iban a ser problemáticos. De hecho, fue uno de los principales temas que se tocó en una reunión previa y que había originado idas y vueltas entre el TCU, la Anatel y los ministerios de Comunicaciones y de Economía.
El TCU solicitó un detalle de los proyectos para PAIS y de las redes privadas. Quiere saber cómo se construirán, quienes las operarán y las mantendrán puesto que el Ministerio de Comunicaciones sólo había presentado una estimación preliminar de costos sin detallar cómo se desarrollará el proceso de implementación.
Otro punto que cuestionó el TCU está vinculado con la adecuación de estas políticas a la legislación presupuestaria pues dejó entrever que podría ser tanto una forma de esquivar el tope de gastos como de eludir las obligaciones de licitación de los organismos públicos.
Según la Anatel, esas redes serán construidas por la Entidade Administradora da Faixa (EAF), creada por los ganadores del concurso que gestionará un presupuesto fijo para el cumplimiento de las obligaciones impuestas para la banda de 3,5 GHz, incluida la migración de la banda C a Ku.
Para el TCU mantener las obligaciones de redes privadas y de PAIS dentro de la licitación de 5G sería más un problema legal que de operación, lo que se torna en una situación de difícil solución. La Secretaría del Tesoro del Ministerio de Economía tiene una lectura parecida.
Si esta situación se mantiene, el gobierno tendrá que decidir si retira esos puntos de la licitación. En paralelo, podría tener un efecto meramente recaudatorio en el marco de la licitación pero el texto de la Anatel prevé que, en el caso que se produzcan excedentes de esos recursos económicos, éstos serán orientados para cumplir con otros compromisos.
Las observaciones del TCU abren también otras consideraciones que, seguramente, comiencen a formar parte de las futuras discusiones de ahora en adelante.
