El derecho a la privacidad que ofrecen las diversas plataformas de servicios y de las redes sociales, el origen de los contenidos y de los videos que se ofrecen en Internet bajo demanda (OTT, por sus siglas en inglés), y hasta el comercio electrónico, son algunas de las iniciativas que muestran un nuevo perfil regulatorio regional y que abren escenarios de debate acerca de la jurisdicción, la protección de los datos, la responsabilidad de los intermediarios y los derechos de empresas y de los usuarios, entre muchos otros.
Las normas no permean por todos los poros de las plataformas porque la dificultad de intervenir regulatoriamente en Internet es grande. Sin embargo, la región empieza a dar algunos pasos en la redacción de letras y el establecimiento de normativas al respecto.
Por ejemplo, en Argentina, el Estado Nacional interpuso una medida cautelar ante las nuevas políticas de actualización de WhatsApp y obligó a Facebook a frenarlos, por considerar que los usuarios se encuentran en una relación “asimétrica” frente a las empresas, al tiempo que en Brasil se cuestiona la iniciativa oficial de Marco Civil de Internet por propiciar la inseguridad jurídica.
El tema de la privacidad y la protección de los datos de los usuarios de las plataformas es un tema de agenda regional, pero en diversos aspectos. Aunque en casi todos los países hay regímenes de protección de datos, tanto en Chile, en Colombia y en Argentina se discuten actualizaciones; al tiempo que en Paraguay apenas hace unas semanas se presentó el proyecto de Ley “Protección General de los Datos Personales”, que lo inauguraría entre su normativa, y Brasil lo posee desde 2020.
Pero volvamos al caso de las plataformas y, en particular, a la cautelar con la que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de argentina instó a Facebook a suspender la puesta en vigor de las nuevas “Condiciones del Servicio y Políticas de Privacidad” de WhatsApp, el 15 de mayo, por considerar que “podrían lesionar” la competencia y el interés económico general.
En Argentina, WhatsApp es utilizado por 76 por ciento de los teléfonos móviles y el órgano considera que los usuarios están en desventaja ante la empresa dado que no pueden optar por sustituirla ya sea porque las demás aplicaciones de mensajería tienen una menor penetración o porque perderían muchos de sus contactos si lo hicieran. Por ello, mientras dure la cautelar la oficina de Competencia investigará el uso que Facebook le dará a los datos obtenidos de los usuarios de WhatsApp que, presume, podrían tener fines comerciales.
De esta manera, la medida cautelar impidió que la empresa impusiera sus nuevas condiciones o desactivara la prestación a quienes no las aceptaran cuando lunes 17 de mayo, y a través de la Resolución 429/2021, la Secretaría de Comercio dispuso que las filiales argentinas de ambas compañías (WhatsApp y Facebook) abandonaran la idea durante 180 días o hasta la finalización de la investigación.
Entre la información sensible del caso se encuentran el acceso a la libreta de direcciones, el número de teléfono, los datos de operaciones (por ejemplo, si se usa Facebook Pay o Tiendas en WhatsApp), la información relacionada con el servicio y con la interacción con las empresas cuando se emplea la aplicación, pero también propone recoger datos sobre el dispositivo móvil en sí y la dirección IP, además de aquellos que proporciona el usuario o que son recopilados automáticamente.
La experiencia argentina fue similar a la realizada por Estados Unidos o la Comunidad Económica Europea, donde pusieron límites a la información que las redes sociales pueden recopilar y compartir, u otros como India, Brasil y Turquía que investigan su funcionamiento para proteger y promover el bienestar de los consumidores en el marco de un entorno competitivo.
Por estos días, el debate también se instaló en Brasil de la mano de la regulación del Marco Civil de Internet (MCI), en el Congreso Nacional a partir de un decreto de Jair Bolsonaro, presidente de la Nación, y la intervención en los términos de uso de las plataformas de contenidos respecto a sus usuarios.
El objetivo de la iniciativa de Bolsonaro es “dar libertad y sanciones para quien no respete la libertad”, aseguró el funcionario en la ceremonia de apertura de la Semana Nacional de Comunicaciones, según publicó oportunamente Teletime.
Sin embargo, muchos sectores cuestionan la iniciativa por considerar que aumenta la “inseguridad jurídica” al “prohibir la moderación de contenidos”, en lugar de promover medidas que “aumenten la transparencia” de las plataformas.
Para Carlo Affonso, abogado e investigador del Instituto de Tecnología y Sociedad (ITS) de Brasil, la medida es “inconstitucional” porque “crea derechos e impone deberes que van más allá de la Ley Federal que busca regular. No hay nada en MCI que prohíba a los proveedores moderar contenidos”, dijo en declaraciones al medio ya citado y subrayó la importancia de que en el derecho privado la prohibición sea explícita.
A su vez, Bruna Santos, abogada y coordinadora de la Asociación de Investigación Data Privacy Brasil, dijo a Teletime que el principal problema del texto radica en el intento de subvertir el modelo de responsabilidad de los intermediarios de MCI y que “termina insertando una nueva dinámica para los proveedores de aplicaciones de Internet, nuevas sanciones y un modelo de rendición de cuentas que, para dejar de estar parado y tener cierto sentido de legalidad, debe estar en el cuerpo de la Ley”.
Santos recordó que “no existe un texto legal en Brasil que prohíba la moderación de contenidos” y que “la idea de que este tipo de acto pueda ser sancionado con una multa de hasta el 10 por ciento de la facturación o suspensión o bloqueo parcial es bastante preocupante”, evaluó.
Las redes sociales generan todo tipo de ideas y en México, el senador oficialista Ricardo Monreal, presentó en febrero un borrador de proyecto de ley para regularlas mediante la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), y propone atribuir al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la facultad de autorizar (o no) el funcionamiento de redes sociales en el país, entre otras medidas. Sin embargo, el plan de reforma es muy grande y está en medio de acaloradas discusiones.
En Perú, a su vez, el ojo está puesto en el comercio electrónico y, a comienzos de abril, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), órgano encargado de velar por la defensa de las normas referidas al comercio y de pronunciarse sobre la aplicación de las disposiciones, propuso establecer un estándar mínimo para el comercio electrónico y garantizar la seguridad de las personas que compran por Internet mediante la actualización del Código de Protección y Defensa del Consumidor entre las que incorpora el derecho de arrepentimiento.
En otro orden de cosas, y haciendo foco en las OTT, también se pueden observar intentos regulatorios, tímidos, por ejemplo, en lo que se refiere a la cuota de pantalla exigida. Los Estados avanzan sobre su regulación, primero impositiva y luego sobre sus contenidos para propiciar que el negocio alcance a todos los actores del sector (tanto productores locales como extranjeros) pero también para garantizar productos audiovisuales locales en la cuota de pantalla, dado el conocido aporte que éstos hacen a la construcción de la subjetividad simbólica de los pueblos.
Según diferentes indicadores, los OTT reúnen hasta el dos por ciento del mercado de la televisión paga en la región y aunque su desarrollo sea lento, todo indica que es un negocio con un capital exponencial sobre el que se consiguió gravar impositivamente en Argentina, en México, en Colombia y en Chile, por ejemplo, pero donde no existe una letra integral que lo regule.
En Argentina hubo algunos debates en torno a las cuotas de producción nacional que exhiben las plataformas de servicios on demand. Un ejemplo fue el nacido al calor de la llamada “Ley Corta” de 2019, que promovía garantizar el 10 por ciento del total de la exposición y cuyo nombre signó su suerte.
La respuesta a esta Ley se repartió entre la que ofrecieron actores como el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), que la consideraban escasa al aspirar al menos a un 30 por ciento, citando como referencia la directiva audiovisual europea; y los que, como la Cámara Argentina de Internet (CABASE) que, por el contrario, subrayaron que la regulación desalentaría la actividad, su desarrollo tecnológico e inversión. Sin embargo, nada indica que haya incidido en las pantallas.
En Brasil, la Agencia Nacional de Cine manifestó la necesidad de analizar los impactos del servicio de oferta de contenido audiovisual en línea, con el objetivo de garantizar que el sector audiovisual tenga un desenvolvimiento equilibrado, en relación a la aplicación del acceso y variedad de contenido local, y realizó en 2020 una consulta pública ante la Anatel con la intención de recibir contribuciones para un eventual tratamiento regulatorio.
En pantallas convencionales, en Colombia dio el batacazo al reducir el porcentaje asignado a producciones nacionales en televisión abierta al 20 por ciento por considerar que la coyuntura de pandemia impedía cumplir el 70 por ciento previsto en la legislación vigente y, como es de imaginar generó un gran debate en la comunidad local. La norma alcanza a un universo integrado por tres canales de televisión abierta nacional, ocho canales regionales y 21 canales locales que utilizan el espectro electromagnético; pero también a sus 32 prestatarios de los 537 autorizados (como RCN, Caracol y City TV)
El tema es grande, es diverso y tiene diferentes enfoques, posibilidades y alcances según donde esté puesta la lupa. Sin dudas, una agenda que tiene hojas por escribir.
