El fútbol es sin dudas uno de los deportes más amados en las costas uruguayas y el tema de la nueva Ley de Medios parece dividir a la población del mismo modo que lo hace el mentado deporte de los once contra once cuando juegan Nacional y Peñarol.
La cancha está dispuesta, pero pareciera que los que ansían la aparición de una nueva legislación son los que llevan el tanteador de su lado. Sucede que el Poder Ejecutivo uruguayo envió esta semana a su Parlamento una nueva versión del anteproyecto de Ley de Medios, unos 93 artículos con los que aspira a actualizar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que actualmente está vigente, y en los que resume los consensos alcanzados en comisiones, no sin debate. No sin penales cuestionados, siguiendo la analogía del balómpié.
El nuevo proyecto que hace modificaciones al que había sido presentado originalmente, que llevaba un año de debates y análisis, se estimaba tendría aprobación este mes. Y, aunque formalmente no hay plazos, se cree que esta nueva iniciativa, a la que TeleSemana.com pudo acceder y que entró este miércoles a la Cámara de Diputados para ser discutida por la comisión de Industria, Energía y Minería, no enfrentará mayores traspiés pero sigue dando que hablar. Y, una vez que pase por la Comisión, llegaría al pleno para convertirse en Ley… quizá, en junio.
Inclusive y según trascendió en diversos medios locales, Cabildo Abierto, uno de los sectores de la coalición de gobierno no parece estar de acuerdo con la totalidad de la nueva Ley o, al menos, de darle tratamiento acelerado. Sin embargo, se rumorea que este sector político recibirá el pedido especial para que adopte la iniciativa para que, quizá con una mínima modificación, alcance su aprobación inmediata.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto original era la obligatoriedad de Antel a compartir su infraestructura y, aunque la nueva letra tampoco impide que lo haga por decisión propia (y aquello que la ley no prohíbe está técnicamente permitido) ya no es una imposición.
Un aspecto que generó controversias fue la falta de transparencia que la nueva norma instala y que actores como Gustavo Gómez, consultor uruguayo y director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) cuestionó en su cuenta de la red social Twitter por derogar todos los organismos de fiscalización que la actual legislación sí dispone, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca) y el Consejo Honorario.
“Ya no habrán audiencias, ni consultas públicas que garanticen la transparencia de los procesos de otorgamiento de licencias de radio y TV, o su venta, como se hace ahora con la Ley de Medios vigente. Un retroceso importante en transparencia”, dijo Gómez.
“Algo no cambia. Los privilegios a los grades medios del proyecto de Ley inicial. No pagarán nada por usufructuar un bien público, no aportarán a la creación del Fondo Audiovisual y tendrán renovaciones casi automáticas (eternas) de 15 años”, agregó en su hilo Gómez.
A su vez, con esta nueva norma, las empresas de TV cable podrán tener su licencia de prestadores de Internet pero sólo para el área de servicio en el que tienen cobertura y no así, a todo el país, como en algún momento había sido ponderado.
La cantidad de licencias que se pueden concentrar sigue siendo tema de discusiones y la nueva iniciativa reduce de ocho a seis la cantidad de licencias de radio y TV que se pueden concentrar, y siguen estando por encima de las tres habilitadas por la normativa actual; y en hasta ocho las licencias de TV paga, cuando el proyecto inicial no imponía límites.
Otro aspecto muy reclamado fue la extranjerización de las señales televisivas y, aunque la nueva letra no lo establece expresamente, insta al Poder Ejecutivo a considerar la autorización o no del traspaso de las actuales manos nacionales a otras, futuras, pasibles de ser transnacionales o subsidiarias.
Ahora, el artículo 13 instaló como impedimento para tener una licencia el concepto “un mismo grupo económico” que “infrinja los límites a la concentración que impone la ley”, cuya definición y alcance quedará en manos del Ministerio de Industria, Energía y Minería, responsable de reglamentarla.
Se trata de un tema en pleno debate en el que los medios pero también las telcos tienen injerencia y que, según publicó el periódico local La Diaria, el Partido Nacional confía en votar su nueva Ley de Medios en junio. La pelota está en la cancha
