Publicado ya en el Diario Oficial El Peruano la ley 31.207 mediante la cual los operadores de telecomunicaciones de ese país tendrán que garantizar el 70 por ciento la velocidad contratada en sus servicios, contra un 40 por ciento de la normativa anterior, comienzan a surgir diversos interrogantes sobre cómo impactará esta decisión en otros objetivos planteados entre el sector público y el privado tales como ampliar la conectividad para reducir la brecha digital.
Esta es la principal preocupación de los especialistas en telecomunicaciones porque, más allá del desacuerdo manifestado por las operadoras contra este medida, la realidad de la conectividad de Perú obliga a tomar decisiones que contemplen la situación de los usuarios y de las empresas del modo más amplio posible porque, de lo contrario, estos actores también quedarán cada vez más alejados entre sí.
La penetración de la banda ancha en Perú alcanza al 38 por ciento de los hogares, de acuerdo a los datos de la Encuesta Residencial de Servicios de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) de 2019.
Este bajo nivel de penetración es compensado, lógicamente, por la telefonía móvil, que hasta 2019 alcanzaba una penetración de más de 120 por ciento. La variedad de geografías que presenta Perú es lo que la lleva a tener estos indicadores, de ahí la fortaleza de la móvil frente a la fija, pero también la necesidad de fortalecer a esta última.
Cuando en 2020 los movimientos de los peruanos quedaron restringidos debido a la pandemia y el hogar pasó a ser el lugar de trabajo, de estudio, de entretenimiento, la conectividad móvil ayudó pero no fue suficiente. Los ojos se posaron sobre los accesos fijos.
Los usuarios comenzaron a mirar los detalles de los acuerdos que celebraban con los operadores y ahí advirtieron o que lo contratado no era suficiente, o lo que estaba garantizado a través del reglamento de calidad no se satisfacía. Con razón se quejaron porque debían seguir con su vida en un modo que sólo las redes podían ayudar a continuarla. Acto seguido, los legisladores tomaron el guante.
Y acá comenzó una parte de los problemas. No porque no se pretenda la mejora sino porque suele suceder que las buenas intenciones de legisladores o autoridades gubernamentales chocan de bruces con la realidad de la industria. Faltan, en la mayoría de las discusiones, la inclusión de los criterios técnicos. Porque, al no considerarlos, las consecuencias a futuro para los usuarios podrían ser peores que las que buscan resolverse en el presente.
Hasta ahora, el reglamento vigente en este país contemplaba garantizar el 40 por ciento de la velocidad contratada tanto en las conexiones fijas como en las móviles. La nueva norma lleva la obligación al 70 por ciento de lo contratado como mínimo todo el tiempo. Aquí aparece el primer problema, no se puede exigir lo mismo a plataformas tecnológicas que funcionan de manera diferente.
Esto lo estuvieron repitiendo una y otra vez las operadoras de telecomunicaciones a través de la GSMA que, en enero pasado, había señalado que “la conectividad móvil es una cadena con múltiples eslabones en la que proveedores externos contribuyen al servicio final que recibe el usuario: desde el suministro eléctrico, hasta los servidores que alojan los servicios en la nube distribuidos en todos los rincones del mundo y operados por diversas entidades. La calidad de las comunicaciones móviles se ve afectada también por cuestiones de entorno, como la demanda de tráfico por parte de los usuarios en diferentes horas del día; factores geográficos y edilicios que interponen obstáculos entre antenas y terminales; y fenómenos meteorológicos como la lluvia”.
La conectividad móvil se “mueve” con la gente. Quedó demostrado en la pandemia. Las redes que se concentraban en las áreas de oficinas, donde había alto movimiento laboral atendían esa demanda de comunicaciones. Al pasar a estar todos en el hogar hubo que reconfigurarlas para atender esa demanda que había dejado la zona de oficinas para trasladarse a la zona residencial. Si bien el trabajo remoto será uno de los nuevos comportamientos que deje la pandemia, a medida que se salga de ella también volverá un mayor movimientos a las ciudades que hoy están prácticamente vacías en comparación al pre-covid. Las inversiones de las compañías móviles atienden estos cambios, y parte de las inversiones se orientan para responder a esta necesidad.
A esto se debe sumar que ni las líneas móviles ni las de banda ancha son dedicadas sino que son compartidas entre miles de personas. Por ende, su diseño responde a esa característica y en función del tráfico que, el año pasado, explotó y lo hizo de modos y en zonas que no entraban en las variables que se manejaban hasta entonces.
Por ende, elevar ese mínimo garantizado impactará en otros niveles. Porque las empresas que, seguramente, tenían definidos sus planes de inversión para avanzar en determinadas áreas, ahora tendrán que concentrar más energía en aumentar la capacidad de esas redes para cumplir con la norma.
Con la mirada de corto plazo se ve muy bien. Pero hacia el mediano y largo plazo no porque impactará en los despliegues de red que, en el caso de Perú, es lo que necesita: que hayan más redes fijas y móviles para conectar a los que no lo están.
“Así como las autopistas se diseñan y construyen en función del tráfico, con las redes de telecomunicaciones pasa lo mismo. Si en una autopista se ponen mucho más carriles implica mayores presupuestos de inversión. Con esta ley me están diciendo que tengo que poner la inversión en el mismo lugar en que está”, explicó a TeleSemana.com, Virginia Nakagawa, experta en regulación e infraestructura y ex viceministra de Transporte y Telecomunicaciones de Perú.
Para la especialista, el problema radica en que la decisión tomada disminuirá la inversión en mayor despliegue de fibra óptica y de casas pasadas porque ese dinero se va a destinar a incrementar la capacidad. “Esto no conecta a los no conectados y las empresas van a tener que absorber esa inversión porque mayor garantía de velocidad es mayor inversión en capacidad y parte de ese incremento estará ocioso fuera de las horas pico. Matemática simple, que no miente”, enfatizó.
En otras palabras, el costo para cumplir con la ley se concentrará en las zonas urbanas porque allí las operadoras tienen la chance de asegurarse los ingresos.
Lo había asegurado también la GSMA al señalar que “al no contemplar las características particulares de la tecnología que regula, la disposición corre el riesgo de limitar el acceso a los servicios, acotándolos a entornos determinados y profundizando las desigualdades entre zonas urbanas y rurales”.
En América latina se acumulan definiciones orientadas a un buen fin. Pero el abordaje sobre el tema es de tan corto alcance que no ayudan a resolver los problemas, en este caso, de conectividad.
“La ley tiene buena intención pero se olvidan de un concepto claro que es que Perú tiene, a diferencia de Chile, Argentina y Brasil, un gran porcentaje de desconectados, y la pandemia lo desnudó. Y los tengo que conectar sin mentir. Tengo que incentivar a las empresas a ir a las zonas no conectadas”, enfatizó, no sin decepción, Nakagawa.
Conocedora de la cosa pública también entiende que las decisiones se deben tomar contemplando todo el escenario, no sólo una parte. Destacó los avances que ha hecho este país en 4G, con el plan Internet para Todos, con la Red Dorsal, sobre la que también dijo que hay que mejorarla, con el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) pero también advirtió que “no vamos a seguir si se hacen normas sin razonamiento técnico y económico”.
Lamentablemente, la aprobación de esta ley estuvo cruzada por el año electoral -el próximo domingo, 6 de junio, se define el ballotaje entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y, lamentablemente en América latina, los años electorales no arrojan los mejores resultados en materia legislativa. La falta de la mirada técnica en telecomunicaciones es un problema que se repite y que, lamentablemente, lejos de resolver problemas, impide su mejora.
