La economía de Ecuador atraviesa un momento sensible, no sólo por la erosión que un año y medio de pandemia por covid-19 pueda generar sino porque sus indicadores de pobreza son muy altos pues, según los datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), el 32 por ciento de la población vive con ingresos diarios de 2,80 dólares. En este escenario, resulta fácil pensar que muchos consumos resulten onerosos e inaccesibles y, entonces, las dificultades sectoriales son imaginables también. Sin embargo, siempre se puede hacer algo y en el primer balance de los primeros cincuenta días de gestión de Guillermo Laso, se conocen iniciativas y discusiones que se fijan entre las tarifas y las regulaciones.
El primer día de agosto, es decir, en 10 días, entrará en vigor una nueva resolución anunciada por Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Producción, y emitida por el Comité de Comercio Exterior (Comex) de Ecuador -Disponible aquí- que establece la reducción arancelaria de 667 partidas de insumos, materias primas y bienes de capital que el sector productivo importa.
La expectativa es que esta medida impacte directamente en los costos de producción y reactive la economía general pero también la sectorial, dado que la resolución alcanza a componentes de computación e insumos tecnológicos como radiobases, fibra óptica, aparatos de conmutación para telefonía, tarjeta de banda magnética incorporada, antenas parabólicas, y más.
Esta reforma arancelaria representa un ahorro de 180 millones de dólares para 81 sectores productivos, beneficia directamente a más de 6.300 empresas que generan 560.555 empleos y se traduciría en la merma del valor de venta de equipos tecnológicos por hasta un 14 por ciento. “En efecto, la reducción de costos de producción favorecerá al consumidor”, celebró la cartera en su anuncio.
Inclusive, a comienzos de 2021, la GSMA publicó el reporte “El camino hacia un Ecuador Digital” –disponible aquí-, en el que revisó los indicadores locales y el avance de la transformación digital, y que los elevó como aporte a la nueva gestión presidencial local, comandada por Guillermo Laso.
En el análisis de la GSMA se hicieron tres enfoques, uno sobre las políticas regulatorias, en el que se subrayó la importancia de que se promueva “la inversión, la innovación y la competencia” , pero que también se invitó a explorar los nuevos modelos de “desregulación inteligente”, mediante la exploración de mecanismos de sandbox regulatorios.
El segundo aspecto señalado por la GSMA giró en torno a “impulsar una política fiscal que fomente la asequibilidad y la inclusión, teniendo al dispositivo móvil como principal democratizador del acceso a Internet” y sugirió una reducción de al menos el 50 por ciento del pago por participación de mercado para “ayudar a aliviar la alta carga tributaria regulatoria del sector móvil”.
“Ecuador presenta una de las proporciones de tasas regulatorias más altas al alcanzar el 21 por ciento de los pagos de impuestos totales; esto impacta negativamente en la capacidad de inversión de las compañías para mejorar los servicios y la infraestructura móvil”, sostuvo el informe y advirtió que “esta reducción podría beneficiar ampliamente a los ciudadanos”.
La política fiscal “debería” fomentar la asequibilidad y el acceso de los ciudadanos; e incentivar a las empresas a que continúen invirtiendo, generando empleo e innovando; y “ello implica eliminar impuestos específicos”, dijo el informe y señaló como ejemplo al impuesto al Consumo Especial (ICE) a las empresas y a los planes de telefonía pospago.
Pero, además, la GSMA propuso planificar políticas de espectro a largo plazo que tengan como centro la inclusión digital y la innovación, “pero no con una vocación recaudatoria”
“Se debería evitar inflar los precios del espectro” sentenció el informe e invitó a que las políticas de espectro se enfoquen en “ampliar la capacidad y la cobertura de las redes presentes, pensando en el futuro; reducir al menos un 50 por ciento el pago recurrente por el uso del espectro impulsará la expansión y el desarrollo digital en Ecuador”.
Sucede que Ecuador registra la tasa móvil más alta de la región, al significar el 14 por ciento de los ingresos totales; mientras que en República Dominicana es del 12 por ciento, en Argentina del 10 por ciento; al tiempo que Brasil, Perú, Colombia, México y El Salvador se ubican entre el siete y el dos por ciento; y Guatemala, que está en el cero por ciento.
Entre tasas y contribuciones generales y específicas, el sector paga el 21 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA), 6 por ciento de aranceles, 14 por ciento de impuesto a la renta y 12 por ciento de otros; al tiempo que paga el 21 por ciento por el uso de espectro, 21 por ciento de tasas regulatorias y 5 por ciento de Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), tal como repasa el medio local La Hora en su entrevista a Jorge Cevallos, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador (Asetel).
Según estimó el medio, el 20 por ciento de la población más pobre ecuatoriana -que gana alrededor de 110 dólares- debería involucrar al 15 por ciento de ese total a consumir una canasta de datos baja, de unos 500 megabytes de datos; o del 22 por ciento si ese consumo oscilara los dos gigas.
Para Cevallos, la ecuación sólo es posible por tener los segundos costos de espectro más caros de la región, luego de México, algo que “tiene una implicación directa en los precios a los usuarios finales”.
“El enfoque en recaudar tiene efectos en la disponibilidad de los servicios y el costo de éstos. Los presupuestos que podrían destinarse a invertir, a instalar más radiobases, a aumentar la cobertura 4G, se van hacia la caja pública”, puntualizó el representante de Asetel.
A su vez, Cevallos recordó que la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria contempló una modificación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que, si se aplicara, “las tarifas ya podrían haberse reducido sustancialmente, en alrededor de un 45 por ciento”.
Inclusive, el funcionario de Asetel disparó que la reducción arancelaria, anunciada por el ministro Prado, “contribuye a reducir costos, pero no mejora los problemas estructurales de competitividad del país”, según divulgó La Hora y cuestionó que “no tenemos visto ni siquiera una política de 5G”.
Cabe recordar, que apenas comenzó su gestión Laso puso su foco en las Comunicaciones, aunque en su aspecto mediático, al enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación, iniciativa con la que aspira a derogar la vigente Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
