“A partir de hoy, todos los hogares colombianos van podrán aspirar a tener servicio de Internet y no verlo con lejanía. Será una labor de los alcaldes, de los gobernadores y del gobierno nacional llegar con el servicio para que este sea un camino de oportunidades”, sostuvo el viernes Iván Duque, presidente de Colombia en el marco de la sanción de la Ley que reconoce a Internet como un servicio público esencial y universal.
Esta nueva legislación, sancionada hace dos meses y que contempla una docena de artículos, fue presentada por los legisladores Rodrigo Rojas y Carlos Bonilla, ambos del Partido Liberal, y contó con unanimidad de votos. Fue, sin dudas, una iniciativa nacida al calor de la crisis sanitaria por Covid-19, tendiente a disminuir la brecha digital y fortalecer diversos sectores de la economía.
La normativa define que su objetivo es promover el acceso a Internet entre la población vulnerable y garantizar la prestación “continua y eficiente” de la conectividad en todo el territorio, como también prohíbe a los operadores a cortar el servicio en caso de labores esenciales y hace definiciones regulatorias.
En el marco del anuncio, Karen Abudinen, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), valoró que esta sanción propicie la existencia “tarifas asequibles y competitivas, navegación gratuita en un portal de contenido educativo”, como también destacó el financiamiento para operadores de Internet fijo residencial.
Y es, justamente, la cartera que Abudinen comanda la que deba enfrentar las negociaciones con los privados: por ejemplo, la incorporación de zero rating en sitios de gobierno, la excepción del pago de contribución anual a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y del aporte al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) a las empresas con menos de 30.000 usuarios, para las que también prevé desarrollar líneas de crédito.
La infraestructura también forma parte de esos doce artículos al señalar la obligatoriedad al Estado a responder con celeridad cuando los operadores requieren lineamientos para construir, instalar o mover su infraestructura. El plazo es un mes y/o, de lo contrario, es la autorización la que regirá a partir de ahora.
A su vez, Rodrigo Rojas, representante a la Cámara por Boyacá del Partido Liberal de Colombia y autor de la iniciativa valoró que esta promulgación prevé dar conectividad en zonas rurales y profundas, de la mano a propiciar la prestación de otros servicios, como salud y educación.
“Colombia dio un paso histórico en su camino por reducir la brecha digital y aumentar las oportunidades de progreso y desarrollo para miles de colombianos que hoy habitan en las zonas rurales más apartadas”, expresó la Abudinen.
La idea de que Internet sea un servicio universal también es un consenso alcanzado en diversas latitudes, como es el caso de Chile, México, Costa Rica y Argentina, pero también Francia, Holanda, Canadá, Finlandia y Estonia, por citar algunos de ellos.
Inclusive, en 2019, organismos internaciones como Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron una declaración conjunta pidiéndole a los Estados “reconocer el acceso y uso de Internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión”.
