La iniciativa de generar una consulta pública que permitiera conocer más acerca de la prestación del servicio de televisión propició un escenario de debate mucho más profundo en Colombia, en el que los principales actores del sector pidieron a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que ponderara el impacto que los servicios de video bajo demanda (OTTs) imprimen en el mercado audiovisual.
Pero antes de ingresar al tema en cuestión, cabe recordar que Colombia contabilizó 6,06 millones de suscriptores a televisión paga, lo que significó más de 131.000 suscriptores nuevos en la comparación interanual que, a su vez, generaron ingresos a las empresas por casi un millón de dólares (3,26 billones de pesos colombianos) y significó un crecimiento de 2,13 por ciento interanual, según los datos oficiales observables aquí.
No está de más decir que el de la audiencia televisiva con abono es un mercado a cuidar por sus actores y el pedido que elevaron las cámaras empresariales y las compañías sectoriales al regulador, en el marco de la consulta pública realizada sobre el proyecto titulado de “Actualización normativa en materia de contenidos”, puede ser considerada una alerta acerca de algunas problemáticas que visualizan sus actores.
En este caso, la convocatoria de la CRC cerró el sexto día de agosto y tuvo por objeto conocer más sobre la prestación del servicio de televisión y determinar si las medidas establecidas para la protección del televidente, vigentes para la televisión abierta, deben incorporarse también a la paga y la comunitaria; y por ello participaron todos los operadores, pero también representantes de la academia junto a otros actores del sector.
El resultado fue que las empresas le pidieron al regulador que actualizara la normativa de los contenidos contemplando el impacto que les imprimen los OTTs y la piratería a la actividad, tal como lo exhibe el propio órgano aquí.
Así, la CRC promovió la consulta por considerar que las medidas vigentes, expedidas por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) “no reflejan la evolución” del sector por no promover el pluralismo y la imparcialidad informativa por haber un desfasaje entre esa letra y la aparición de nuevas plataformas y de dinámicas de consumos audiovisuales.
La Cámara de Comercio Colombo-Americana (Amcham), por ejemplo, valoró que ese diagnóstico de la CRC “no justifica” la necesidad de impulsar una nueva normativa y haga un seguimiento del impacto de las OTT en el sector audiovisual “con el fin de tener en cuenta las cargas regulatorias que esto implica y evitar las distorsiones dentro del mercado”.
“Sugerimos respetuosamente al regulador realizar una revisión de las causas planteadas en el documento teniendo en cuenta que ellas no justifican la necesidad del proyecto normativo”, sentenció el documento de Amchan y agregó que entre las causas del problema se encuentran “el crecimiento exponencial de la piratería audiovisual en sus modalidades tradicional y off line, y la falta de información brindada desde el regulador al usuario sobre los riesgos y las consecuencias que puede traer la piratería”.
“Debe tenerse en cuenta el impacto de los OTT en el mercado audiovisual evitando generar cargas regulatorias que acentúen la distorsión de dicho mercado”, agregó la cámara Colombo-Americana.
Del mismo modo, la Cámara de la Industria Digital y Servicios (ANDI), consideró “preocupante” que el esquema utilizado por la CRC para abordar el asunto sea una consulta y no un estudio del impacto económico y propuso implementar “líneas de acción” que generen una cultura de denuncia que mitiguen “los efectos indeseados que genera la piratería en el segmento de la TV paga”.
Y todo el sector, incluida la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), sugirió la incorporación de medidas tendientes a enfrentar la piratería y la valoró como “una amenaza directa para el consumidor” pero que no es considerada en el abordaje de la CRC.
En esta misma discusión intervino Claro, principal operador de TV paga, para señalar que la CRC estudie el impacto que las plataformas OTT imprimen al mercado local, sobre todo, en relación a las cargas regulatorias “con la finalidad de evitar distorsiones” de mercado.
DirecTV, recientemente adquirida por el Grupo Werthein, también participó de esta discusión y planteó que la CRC “omite” el crecimiento exponencial de la piratería a la que valoró como “una de las mayores amenazas de la protección al consumidor”.
Tigo (Une Telecomunicaciones y Edatel) también participó, pero entre sus definiciones se manifestó “de acuerdo en que la CRC no entre a regular las OTT en este proyecto” aunque aclaró que valora “importante” analizarlas con un enfoque propio “con la finalidad de verificar las evidentes asimetrías que se dan en los mercados de contenidos y con ello entrar a disminuir y simplificar las cargas actuales que se tienen en materia de televisión para los operadores de televisión paga, de tal forma que se garantice la estructura competitiva del mercado”.
