Uruguay avanza con la Portabilidad Numérica (PN), luego de haber definido que el consorcio Cleartech – Cietel es el candidato a tomar la posta y darle vida al Administrador de Base de Datos (ABD). Y, mientras la empresa elegida cuenta con cinco días hábiles para confirmar o rechazar la designación, el debate se instala. Sucede que está previsto que en diciembre se desarrolle un referéndum en el que la sociedad convalide o anule la PN junto a otros 134 artículos de la cuestionada Ley de Urgente Consideración (LUC). Pero ¿puede caerse la PN? Sí, es una de las posibilidades. Lo que no es claro es cómo sería la marcha atrás. Mientras tanto, los avances aceleran pero abriendo el paraguas.
Por estas horas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) anunció la resolución -disponible aquí- que exhibe el nombre del consorcio elegido para erigir y operar al ABD hasta 2023: Cleartech – Cietel. Éste fue el seleccionado en primer orden que, en caso de desconocer o rechazar el nombramiento en el plazo previsto, la designación recaerá en el consorcio Sonda Uruguay – Mediafon Datapro, por encontrarse en el segundo puesto, tal como lo estableció el Comité de Portabilidad Numérica (CPN).
Hace un mes, TeleSemana.com informaba que el CPN había resuelto la nómina de oferentes e iniciado el procedimiento de contratación del ABD pero desde aquel momento hasta hoy no se comunicaron avances en ese ámbito.
Lo que sí avanzó fue la colecta de casi 800.000 firmas, cuyo recuento se ultima y que habilita la realización de un referéndum a 135 artículos de la LUC, entre los que se destaca la posibilidad o no de portar el número celular; y que se materializaría en diciembre.
En ese doble escenario, el run run local se activó y así lo reflejan sus medios. La Diaria, por ejemplo, publicó que, ante la posibilidad de derogación de la PN, el gobierno habría incluido una cláusula que busca evitar juicios y acelerado el proceso de selección del ABD.
El CPN está integrado por la Ursec pero también por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Comunicación (Agesic), la Antel, AM Wireless Uruguay SA (Claro) y Telefónica Uruguay SA (Movistar), y allí se habría votado por unanimidad esta llave para que la empresa que asumiera ante el ABD no pudiera hacer un reclamo jurídico al Estado ante una eventual derogación de la portabilidad.
Y, por ello, representantes del Frente Amplio (FA) y del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) manifestaron en el medio local que es necesario frenar la implementación del ABD para evitar las posibles consecuencias negativas que implicaría el dejarlo sin efecto una vez concesionado.
“La LUC está vigente y el referéndum no tiene efecto suspensivo, además al momento la Corte Electoral está haciendo el conteo de firmas por lo que todavía no está confirmado y nuestro deber es aplicar la ley”, explicó Mercedes Aramendía, presidenta de la Ursec en diálogo con El Observador, y aseguró tomar “todos los recaudos para dar seguridad a todas las partes, al Estado, a los ciudadanos, a los operadores de telefonía móvil y al eventual ABD”.
Por tal motivo, la funcionaria subrayó en esa misma charla un listado de pasos previstos en el marco de un proceso en marcha y valoró que, en caso que se derogue el artículo que establece la PN dentro de la LUC, no habría ningún impacto para los usuarios, porque “los usuarios que ya hayan hecho uso de su derecho durante el tiempo en que se pueda gozar del mismo, ya quedaron efectivos en la otra compañía a la que se han cambiado”.
Pero hay un contrapunto dentro de la Ursec y lo planteó en diálogo con TeleSemana.com el propio Pablo Siris Seade, representante del Frente Amplio en el Directorio del organismo. “El CPN emitió una cláusula que eximiría al Estado de obligaciones, pero no explica quién absorbería el perjuicio económico que significaría para todo el ecosistema y las empresas que debieron recurrir en gastos e inversiones. Inclusive, en relación a los usuarios, me genera dudas, porque hay muchas situaciones que no están previstas” dijo Siris Seade y consideró que “genera inseguridad jurídica para el Estado, las empresas y los usuarios”.
El representante del Frente Amplio en la Ursec sostuvo que “no hay razones técnicas, ni jurídicas, como tampoco una voluntad ciudadana para que se impulse la PN; es sólo una decisión política” y se preguntó cuáles son las justificaciones que motorizan “tanto apuro, sin esperar las semanas que nos separan del resultado del referéndum, algo muy importante para el desarrollo nacional. Pero se opta por avanzar aún a pesar de esto”.
Sucede que si el referéndum deroga los artículos que dan vida a la PN, el CPN deja de existir y “¿quién va a dictar las normas para volver atrás de forma ordenada, tanto para las empresas y a los usuarios?”, cuestionó Siris Seade y repasó que el cronograma original preveía seis meses de plazo entre la firma del ABD y el inicio de la PN, para avanzar con capacitaciones y pruebas pero que, ahora, sería sólo de tres. “Es como querer cambiar una rueda pinchada en un auto en marcha y a gran velocidad” ejemplificó y agregó que “ni si quiera dan los tiempos para publicitarlo. Termina siendo un disparate y sólo lo explicaría la decisión política de buscar influir en el resultado del referéndum”.
