La noticia estalló hace tres semanas y fue un golpe en seco para los estudiantes colombianos que habitan las zonas periféricas de 15 departamentos: el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) había adjudicado una licitación a un supuesto consorcio para la instalación de 7.000 Centros Digitales para escuelas rurales del país y adelantado 17,5 millones de dólares (70.000 millones de pesos locales) para comenzar su ejecución; pero luego descubrió que la empresa estaba floja de papeles. Lo que vino después fue una crónica de declaraciones cruzadas entre las partes.
La Unión Temporal (UT) Centros Poblados adelantó que no devolverá el dinero recibido en concepto de anticipo de la obra, que preveía conectar por 11 años al Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vichada, al alegar haberlo ejecutado en equipamiento para el fin revisto y que demandará en lo contencioso administrativo al Estado si no prospera la tutela en el Juzgado de Barranquilla, tal como lo reflejan medios locales como La República y El Colombiano, entre otros.
Sucede que al conocerse el escándalo, el MinTic decidió dar por concluido el contrato y embargar las cuentas de la UT y de sus miembros, e impedirles celebrar acuerdos por cinco años, pero en estas últimas horas el apoderado legal de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, dijo a los medios locales que los miembros de UT “tienen derecho a demandar, que se les cancele la utilidad que habrían recibido si les fuera permitido terminar la totalidad de los contratos que están en ejecución y que, como consecuencia de la caducidad, no pueden terminar”, y adelantó que presentarán una demanda de nulidad y una indemnización por perjuicios.
Karen Abudinen, titular del MinTic, a su vez, ratificó la posición oficial: “El contratista no sólo estaba retrasado, sino que descubrimos que presentó documentos presuntamente falsificados, lo cual constituye un delito penal. Ese mismo día, los denuncié ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría”.
A la voz del apoderado de la UT se sumó la de Luis Fernando Duque, representante legal de la misma parte, quien sostuvo que “no es cierto que no se estuviera ejecutando el contrato”, pero reconoció la existencia de “retrasos”.
“Decir que Centros Poblados no ha ejecutado el contrato no es cierto. Hicimos una tarea de acuerdo con lo fijado por MinTic. Se entregaron los estudios de campo en los tiempos establecidos y cuando empezamos a presentar inconvenientes por los temas de suministros se lo comunicamos al ministerio, porque eran problemas que podía presentar cualquier contrato”, sostuvo Duque y señaló la existencia de 1.002 Centros Digitales ya instalados.
Según publicó El Colombiano, el Ministerio confirmó la declaratoria de caducidad junto a la obligación a que la UT cubriera la cláusula penal pecuniaria que asciende a 10,1 millones de dólares (39.015.740.594.00 pesos colombianos).
“Sobre ese tema se conoció que el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia rechazó la acción de tutela interpuesta por Centros Poblados. Está claro que la estrategia de los contratistas es seguir dilatando las acciones que hemos tomado en este proceso”, concluyó Abudinen.
