Movistar, la filial uruguaya de Telefónica, recibió una oferta de 400 millones de dólares. Sí, hace una semana, aproximadamente, los adoquines de las calles orientales vieron deambular a Edgardo Novik, fundador del Partido de la Gente, un armado político por el que fue candidato a presidente en 2019 y que hoy es un sector socio de la coalición de gobierno; y lo hizo en representación de un grupo inversor extranjero del que formaría parte con la firme intención de comprar la operación.
La noticia se conoció en el mismo momento en que Telefónica daba a conocer el replanteo de sus planes para la región. Y fue el semanario local Búsqueda quien avanzó este jueves con el dato, que TeleSemana.com confirmó mediante fuentes oficiales.
La oferta de Novik se ubica en los 400 millones de dólares para hacerse de Movistar, operador que concentra el 31 por ciento del mercado de servicios móviles uruguayos, frente al 51 por ciento de Antel y al 18 por ciento de Claro, según los indicadores publicados por el ente regulador local, la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec).
Con todo, Movistar posee 1.663.809 clientes y, si se los cruza con el indicador del monto ofrecido, el costo por cliente sería de alrededor 240 dólares por cada uno de ellos: una cuenta simple pero que permite dimensionar de algún modo la oferta.
Y, aunque el operador prefirió no hacer declaraciones al respecto, se cree que es la única oferta formal y se sumaría al deseo de compra expresado públicamente por el Grupo Olmos hace cuatro meses.
“Novik es accionista minoritario en la iniciativa liderada por la empresa argentina Supercanal y un fondo de inversión estadounidense, que ya completaron la due dilligence para evaluar los riesgos y las debilidades que presenta la adquisición”, publicó el medio.
Y, según dejó trascender el mismo medio, Novik se habría reunido con Omar Paganini, ministro de Industria local; y con Mercedes Aramendía, directora de la Ursec; e inclusive que el propio Ejecutivo Nacional estaría al tanto de que un miembro de la alianza de gobierno podría adquirir a un operador que compite con la empresa pública.
Esta posible oferta se inscribe en un escenario en el que no se saldaron las cuentas en torno a la política de telecomunicaciones local, dado que muchas de las nuevas legislaciones que intervendrán en la arquitectura de ese escenario todavía están irresueltas.
Por ejemplo, la Ley de Urgente Consideración (LUC), que deberá enfrentar un referéndum a 135 de sus artículos, entre los que se encuentra el de la Portabilidad Numérica; o el de la Ley de Medios, que generó mucho debate, entre otros aspectos porque propuso (primero como obligación) que Antel compartiera su infraestructura.
