La Comisión de Industria, Energía y Minería del parlamento uruguayo sesiona tradicionalmente los miércoles y, aunque el de esta semana no diera lugar al tratamiento del nuevo proyecto de Ley de Medios, nada impidió que el debate se diera por fuera del palacio. La discusión, esta vez, estuvo propiciada por dos declaraciones de porte, de actores diferentes pero pertinentes: por un lado la realizada por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) y, por el otro, la del Consejo Directivo Central (CDC), de la Universidad de la República (UdelaR), sobre la base del estudio multidisciplinario y académico de la normativa.
En resumidas cuentas, la Asiet sostuvo que aún compartiendo los “objetivos generales” de la nueva letra, ésta daría lugar a “circunstancias anticompetitivas” entre los proveedores; mientras que la resolución de la CDC advirtió que el proyecto vigente “no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación”, entre otras definiciones que serán abordadas más adelante en esta misma nota.
Sucede que el derrotero de esta iniciativa legislativa no se detiene y no ahorra en anécdotas, postergaciones e imprevistos. Al momento del cierre de esta nota, y aún a pesar de las consultas formales realizadas por TeleSemana.com, se desconocen los motivos por los que esta la iniciativa legislativa no fue tratada este miércoles, aún luego del malestar que generó siete días atrás la sorpresiva postergación de su tratamiento y otros quince tras conocida la novedad de que el Ejecutivo había reemplazado el proyecto que ya llevaba un año de trabajo.
El mensaje de Asiet -observable aquí- se resume en la intención de “avanzar hacia un mercado en el que cada operador pueda prestar todos los servicios que le permita su tecnología”, y aunque la asociación sinceró que “comparte los objetivos generales de la actualización normativa” advirtió que ciertos “puntos” de la redacción actual “podrían dar lugar a circunstancias anticompetitivas en perjuicio de los usuarios”.
En esa misma nota, la asociación empresaria subrayó que la reescritura legislativa es “una oportunidad de avanzar en la eliminación de las asimetrías existentes para que los proveedores de servicios puedan competir en igualdad” y consideró que la “limitación a prestadores por razones tecnológicas no tiene fundamentos técnicos y va en contra de las garantías constitucionales que dan soporte al derecho de los usuarios de contar con distintas alternativas que se adecuen a sus necesidades de consumo”.
En ese sentido, además, señaló la existencia de “asimetrías existentes que se mantienen y profundizan la desventaja competitiva al no permitir a todos los operadores participar del mercado audiovisual y de Internet en igualdad de condiciones, en perjuicio de los usuarios”, subrayó el comunicado y recomendó la “eliminación de algunas restricciones vigentes”.
“El país requiere de un marco normativo que genere los incentivos necesarios para promover la inversión eficiente en el despliegue de servicios” sostuvo Asiet, reclamó “reglas de juego parejas para todos los proveedores de servicios equivalentes” y agregó la importancia de avanzar en una Ley que propicie “las mejores condiciones para el desarrollo del mercado, sin elegir ganadores ni perdedores” e incorpore las mejores prácticas internacionales.
Este martes también se conoció la opinión del CDC sobre el proyecto en danza -observable aquí-, que refleja el estudio de académicos y en cuya nota advirtió que “habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios”; pero también sumó que “afecta derechos ciudadanos consagrados en la normativa vigente”.
La mirada del CDC está en sintonía con la de Gustavo Gómez, director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), quien consideró, en diálogo con TeleSemana.com, que tiene un enfoque empresario.
La resolución publicada proclamó “manifestar públicamente la necesidad de proteger y profundizar los valores de libertad, respeto a los derechos humanos, garantía de transparencia y consolidación institucional, así como la defensa y promoción de la diversidad y pluralidad en la regulación normativa de los medios de comunicación” y de “advertir” al cuerpo legislativo sobre aspectos sensibles y de impacto del Proyecto de Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual.
El resultado de su análisis sentenció que el proyecto presentado “no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación, como sí cumple la normativa vigente, que tuvo una parcial y tardía aplicación”, dijo y enumeró observaciones acerca de su impacto en términos regulatorios, derechos ciudadanos, límites a la concentración y parámetros para la producción nacional de contenidos.
El enfoque académico subrayó la eliminación de diversas instancias de control, como las ejercidas por el Consejo de Comunicación Audiovisual, de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), de la Defensoría del Público, de la Comisión Honoraria Asesora del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional y de las audiencias públicas para la asignación de frecuencias de radio y televisión.
“La ausencia de mecanismos de aplicación de la Ley que garanticen la participación ciudadana y la transparencia no resulta conveniente según la evidencia y las recomendaciones de los organismos internacionales de referencia en la materia”, sostuvo el comunicado.
A su vez, la nueva iniciativa ofrece discrecionalidad en materia de asignación, otorgamiento y renovación de licencias de frecuencias al dejarlas “en manos del Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Ursec” y por el que este informe académico alertó que “dejar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo las decisiones sobre el uso del espectro radioeléctrico y la regulación de los medios de comunicación audiovisuales se aleja de los estándares internacionales hacia los que el país había comenzado avanzar en los últimos años”.
La cuestión de los derechos ciudadanos fue otro de los puntos abordado por el CDC, aunque en este aspecto también reconoció su ida y vuelta a la reposición de parte del articulado, vale destacar que fue, de todos modos, en detrimento de los alcances que tiene la normativa vigente.
Por ejemplo, repasó que la nueva iniciativa elimina artículos que apuntan a la protección a los derechos de la infancia y la adolescencia, y valoró positivamente que uno de ellos, referido a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, volvió a incluirse en la nueva versión; misma situación que señalaron en lo concerniente a los estímulos a la accesibilidad audiovisual y el derecho a la objeción de conciencia por parte de periodistas.
La concentración empresaria fue otro punto que analizó el grupo interdisciplinario de académicos que los llevó a considerar que los cambios introducidos “posibilitan un aumento de la concentración y extranjerización de los medios de comunicación, afectando su pluralismo y diversidad, y por tanto los estándares de calidad democrática del país”.
“Como lo muestra la experiencia internacional y los estudios nacionales, los sistemas de medios altamente concentrados ofrecen menores estímulos a la capacidad creativa que los productores audiovisuales uruguayos demostraron en los últimos años y que tanto puede aportar al país en términos económicos y culturales”, sostuvo en su presentación el CDC y agregó que “en ambientes convergentes, el aumento de concentración como solución a la viabilidad de los medios tradicionales puede resultar una solución transitoria, pero al mismo tiempo desincentivar las capacidades del sistema de medios en su conjunto”.
Se refirió, por ejemplo, al incremento de la cantidad máxima de licencias de radio y televisión abierta que puede tener un mismo titular, que pasa de tres a ocho, y la eliminación de este límite para quienes tengan hasta el 30 por ciento de las acciones de cada licencia y cuyo nuevo límite pasó de seis licencias por titular para radio y televisión abierta.
Asimismo, la nota del CDC subrayó la eliminación de todo límite en la cantidad de licencias de televisión para abonados por un mismo titular, establecida en tres para Montevideo y seis para el interior, y que en la versión reciente se incorporó un límite de ocho licencias por titular para todo el país.
La ampliación de los plazos y mecanismos de renovación automática para las licencias de los actuales concesionarios de radio y televisión de la normativa vigente y la ahora posibilidad (pero no obligación) a que la empresa pública Antel hiciera la apertura de sus redes para su uso con empresas privadas competidoras, fue otro aspecto subrayado.
A su vez, la producción nacional fue foco de objeción por la academia, dada la eliminación del cobro de un canon por el uso del espectro radioeléctrico para los concesionarios de las señales audiovisuales abiertas y la desaparición del Fondo de promoción del Sector de Comunicación Audiovisual.
“Estas acciones afectarán a la industria audiovisual, dado que la recaudación de estos fondos se destinan a la generación de contenidos televisivos”, sostuvo la presentación del CDC y señaló que de esta manera “se perjudica el trabajo de productores independientes, empresas nacionales y de toda su cadena de valor asociada”, al tiempo que advirtió que también “afectará la difusión de las artes, la ciencia, la historia y la cultura uruguaya”.
