La pandemia no terminó. Ya conocemos gran parte de las consecuencias, como la reducción de 3,3 por ciento del Producto Bruto Mundial en 2020, producto de las caídas de las economías, particularmente, el comercio, el transporte, el consumo de energía. También fue el tiempo de la aceleración digital y sus transformaciones, en usos, consumos, nuevos modos de operar; y aprendizajes. ¿Qué enseñanzas dejó en materia de conectividad? En primer lugar, la necesidad de llegar con infraestructura robusta de banda ancha a todas las poblaciones, y en centrar los despliegues en las personas.
Fue una de las conclusiones del extenso informe elaborado por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), llamado El estado de la banda ancha: enfoques centrados en las personas para la banda ancha universal -que puede descargarse desde aquí– en el que desglosa de manera puntillosa los indicadores económicos que atravesaron al planeta en 2020 y 2021, y las proyecciones para los próximos años. Allí se destacaron las acciones tomadas por los gobiernos para mantener las comunicaciones activas como forma de hacer frente a los confinamientos, las ventajas que tuvieron los trabajadores que pudieron continuar con sus tareas de manera remota, y las desventajas de quienes no cuentan con ningún tipo de conexión, poseen un servicio de muy baja calidad o tienen problemas para acceder a los dispositivos que son, en definitiva, los que permiten advertir las ventajas de tener acceso.
El informe indicó que, en el período inmediato en que surgió el covid-19, los operadores de red tuvieron algunos inconvenientes para aumentar la capacidad de esa infraestructura, excepto en aquellos casos en donde había capacidad existente no utilizada.
También señaló que las redes DSL y de cable tuvieron mayores dificultades para expandir cobertura o aumentar la capacidad a los clientes. No obstante, se activaron “opciones de emergencia” tendientes a aumentar rápidamente la banda ancha móvil e inalámbrica, especialmente en aquellos casos en que los prestadores contaron con espectro temporal para hacerlo. Oriente Medio y África del Norte fueron ejemplos de implementaciones de emergencia sobre la banda de 700 MHz que fue “prestada” para paliar las necesidades del momento.
Las consecuencias son variadas. Y así lo evidencia el reporte que señala que “a medida que disminuyen los contagios de covid-19, los proveedores de infraestructura de banda ancha se centran en el futuro y parece haber animado a algunos a acelerar la inversión en infraestructura de red para capitalizar el aumento en la demanda de conectividad”. Las distintas poblaciones del planeta aumentaron el consumo de conectividad. Este aspecto tiene sus claroscuros: en la previa de la pandemia, el 87 por ciento de las poblaciones de los países desarrollados tenía acceso a Internet, contra un 19 por ciento de los habitantes de los países menos desarrollados.
El incremento del tráfico en 2020, que este reporte estableció en 48 por ciento a escala global, es una muestra más de esta situación. Aunque, una vez más, surgen contrastes: el aumento de la demanda es mucho más alto que el crecimiento de más personas conectadas. Y es ahí en donde se necesita concentrar acciones.
Ese mayor consumo de conectividad se explica porque se recurrió a Internet para trabajar, estudiar, comprar, entretenerse, socializar, y porque más personas debieron recurrir a la tecnología para realizar estas actividades y otras, nuevas para el nuevo escenario. Aquí se enciende otra alarma más: plantea que mientras hubo porciones de población que pudieron hacer frente a la contratación de más servicio dada la necesidad, hubo otras que no tuvieron la misma posibilidad. De modo que esta situación es la que exacerba la brecha digital.
La propuesta de la ITU, entonces, apunta a encarar las políticas de conectividad con foco en las personas. O, como se señala en el informe, una banda ancha universal centrada en las personas. Si bien destaca que las acciones que se realizaron en los primeros meses de la pandemia apuntaron a garantizarle la conectividad a las ciudadanías a través de acciones de impacto, como extensiones de validez de servicios prepagos, imposibilidad temporal de dejarlos desconectados frente a falta de pago, entre otras medidas del estilo, una de las cosas sobre las que se pone énfasis es la necesidad de trabajar en la asequibilidad tanto de los servicios como de los dispositivos para conectarse en los hogares de menores ingresos.
Se puso como ejemplo lo sucedido en Singapur. En ese país surgieron iniciativas públicas y privadas orientadas en esa dirección. Hubo programas orientados a subsidiar la conectividad digital y los dispositivos en los segmentos más vulnerables, incluidos el de adultos mayores. Uno de los casos mencionados en el reporte es el de Singapur, llamado Digital for Life, mediante el cual el presidente Halimah, a principios de 2021, convocó al sector público y privado a generar recursos para incorporar a más singapurenses a la vida digital y a enriquecerse a través de ella. Para ello se creó un fondo con el que se impulsan proyectos y actividades que promueven la alfabetización digital, donde se incluye la ciberseguridad.
Por otro lado, el informe de la ITU también subrayó la necesidad de incrementar las capacidades de red no sólo para la descarga sino también para la carga de contenido. El consumo de videoconferencias reveló las asimetrías existentes en los diseños de red. Las actividades remotas evidenciaron la necesidad de contar con buenas capacidades de carga que experimentó uno de los mayores crecimientos en algunos mercados, en torno a un 63 por ciento.
De ahí que una de las propuestas radica en elaborar propuestas de conectividad de largo plazo. Es lo que se aborda en el tercer punto del reporte, con la mira puesta en 2030. La prioridad ya no pasará solo por desarrollar infraestructuras centradas en las personas sino, además, encararlas de manera sustentable. Señala que serán necesarios esfuerzos de financiación directa para abordar los desafíos de quienes aún no están conectados y que esto exigirá innovación en los modelos de negocios, en las tecnologías, en las políticas, y en la regulación. Será una prioridad aumentar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero sólo será posible a través de un acceso universal y asequible a internet.
