El tiempo se terminaba. El mercado esperaba. Y los runrunes ya hablaban de un claro ganador. Pero a último momento, hubo volantazo, y la operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica (RDNFO) quedó en poder del Estado a través del Pronatel, a cargo de promover el acceso a los servicios de telecomunicaciones de toda la población. Esto sucede en Perú, donde el pasado viernes, Azteca Comunicaciones dejó de operar dicha red. ¿Puede el Pronatel gestionarla y dar servicios? La ley dice que no. Pronatel no tiene concesión, por ende, no puede brindar servicios de telecomunicaciones. ¿Y entonces?
Hasta ese mismo día, las especulaciones sobre a quién le caería la moneda de la operación iban del lado del consorcio conformado entre Gilat y Optical Networks, el grupo que comanda los destinos de Win, que viene desplegando fibra al óptica al hogar de manera agresiva en Lima y alrededores. Pero no. El mismo Pronatel informó este lunes que, “en virtud de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 689-2021 MTC/01, hoy se produjo la caducidad del Contrato de Concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) suscrito entre el MTC y la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. En razón de ello, el Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL, ente adscrito al MTC, informó que ha asumido provisionalmente la operación y mantenimiento de la Red, en observancia de lo señalado en dicha Resolución Ministerial, ratificando su compromiso de garantizar la continuidad de la operación y mantenimiento de la RDNFO”.
En el mismo comunicado se informó que aún no se dio curso al acta de reversión de los bienes en favor del Estado puesto que Azteca Comunicaciones no subsanó las observaciones surgidas de la supervisión efectuada entre noviembre y diciembre de 2021.
Para los expertos en telecomunicaciones de Perú, el proceso llevado adelante sobre la Red Dorsal fue, por lo menos, desprolijo, particularmente desde que se decidió resolver el contrato, 15 días antes de la asunción del nuevo presidente del país, Pedro Castillo. Ya esa determinación representó un problema porque, en medio de una transición, resulta difícil encaminar los nuevos destinos que, por lo que se advierte, necesita esta red troncal, base para que se lleve conectividad al 40 por ciento de la ciudadanía peruana que no cuenta aún con ella.
Virginia Nakagawa, socia fundadora de Nakagawa Consultores Regulatorios, ofreció una de las más fuertes críticas del proceso por el que viene transitando esta red. Explicó que la resolución de un contrato de asociación público-privado (APP) permite que, para salvaguardar la continuidad de los servicios, se habilite la designación de un interventor por un máximo de tres años y que Pronatel está autorizado para operarla temporalmente. “Pero siempre se entendió que lo haría con una empresa concesionaria que contratara con Pronatel y que fuera casi como un administrador, y que quien realizara la operación y mantenimiento tuviera perfil sólido y técnico, hasta tanto se resuelva”, subrayó.
Eso no sucedió. Tampoco las normas se modificaron en este tiempo como para que Pronatel pudiera asumir su nueva función en el marco de la ley. “Pronatel no tiene concesión. El Estado no puede tener concesión para servicios públicos de telecomunicaciones”, agregó Nakagawa quien aventuró, sin embargo, que seguramente los abogados del ente interpretarán que sí puede hacerlo. Un clásico.
Si esto es factible de que suceda, ¿cuál es el problema?
La falta de horizonte, la inexistencia de certidumbre sobre cómo continuará la operación de la red hacia adelante. Por eso, Nakagawa y otros expertos consultados, que prefirieron el off, coincidieron en que lo mejor hubiese sido encarar un concurso sólido y entregar la Red a tiempo a aquella operadora que reuniera las mejores condiciones y, así, avanzar en una mejor política en relación a esa infraestructura.
“De acuerdo a la cláusula 61 sobre consecuencias de la caducidad de la concesión, se señala que el concesionario deberá continuar prestando el servicio en los mismos términos por un plazo que le dará el concedente, en ningún caso menor a seis meses. (El ex presidente Francisco) Sagasti resolvió el contrato por causal de interés público y estableció un plazo de seis meses que quedó reducido. Azteca está haciendo lo que le dijeron. Pero el Estado tenía la oportunidad de que Azteca se quedara por un plazo mucho mayor”, recordó Nakagawa, también ex viceministra de Comunicaciones para quien, “si bien se trató de una adjudicación directa, esto no la libera de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, y aquí han habido, además, cuestionamientos sobre que los requisitos han sido teledirigidos”, en relación al candidato que se perfilaba para quedarse con la gestión aunque, luego, esa definición no se dio.
Los expertos consultados coincidieron también en que un problema mayor que surge de este proceso es que Pronatel anticipó que continuaría con las mismas condiciones tarifarias del contrato de Azteca, que fue por lo que se resolvió. Entonces, Nakagawa se pregunta “¿cómo es que se resuelve y voy a continuar con lo mismo mientras lo voy pensando”. Indicó que los peruanos en su conjunto van a terminar pagando la factura de este manejo deficiente y que, más allá de que en Pronatel exista la mejor intención para gestionar la Red Dorsal, no cuenta con los suficientes recursos.
“Además de supervisar 18 proyectos más (en relación a los Proyectos Regionales) tiene también el plan Todos Conectados. Además, no tiene concesión, así de clarito, no puede prestar servicios. Qué le queda entonces (al Pronatel), hacer términos de referencia, que haya competencia, con mayor transparencia y hacer un nuevo con concurso en el que se asegure que no haya empresas cuestionadas ni cuestionables sino absolutamente transparentes. Recordemos que por ahí pasa todo el tráfico de la Rednace, la red de todos los peruanos, por lo tanto no se pueden estar haciendo cosas en términos politiqueros”, sentenció Nakagawa.
Aunque Pronatel convocó a todas las empresas del sector a participar de la elección del remplazante de Azteca, solo ocho se tomaron la convocatoria con seriedad pero apenas tres fueron las más mencionadas en la recta final, y una a la que se daba ganadora, el consorcio Gilat-Optical Networks. Gilat opera una parte importante de los Proyectos Regionales en marcha y es la que tiene cobertura en todo el país gracias a su pisada satelital. Tener cobertura de estas características fue una de las condiciones que estableció el Pronatel para interesar a las operadoras a conducir los destinos de la Red Dorsal. Sobre Optical Networks no habían observaciones, al contrario, se le reconocen las inversiones que está realizando en despliegues de red, como se mencionó más arriba.
TeleSemana.com intentó comunicarse con Optical Networks y con Pronatel pero, en el caso de la empresa, desistieron porque el organismo estatal se encargará de la tarea, mientras este último no respondió hasta el cierre de este artículo.
Las críticas hacia el Pronatel fueron fuertes en la previa a la finalización de la actividad de Azteca y eso parece haber motivado la decisión de tomar el control de la red, aún cuando la regulación no lo contempla. Lo cierto es que esta decisión no parece ser la mejor para el futuro de la Red Dorsal si esto se mantiene en el tiempo.
Está claro que la RDNFO necesita un plan claro para ampliar la conectividad y alcanzar a las poblaciones que todavía no tienen acceso a Internet. Y que si el plan previsto con Azteca no resultó, pues habrá que pensar en otro, teniendo en cuenta las características actuales del mercado peruano.
Las infraestructuras de telecomunicaciones que construyen los gobiernos en América latina para llevar la conectividad al 100 por ciento de las poblaciones y los territorios por donde ellas se mueven son incuestionables desde lo conceptual, pero no todas logran los objetivos que se proponen. Uno es el caso de Perú. A veces fallan los planes de negocios iniciales, que siempre pueden modificarse, pero la cosa se agrava cuando se presentan problemas vinculados con las regulaciones, sin olvidar ciertos casos en los que la falta de transparencia de los procesos levanta todo tipo de sospechas.
La necesidad de tener políticas claras en relación a ellas y flexibles, dada la dinámica propia del sector, y las urgencias que presenta la región, obligan tanto a contar con profesionales idóneos en los organismos como a priorizar el rol de las telecomunicaciones en toda agenda. En Perú urge.
