La portabilidad numérica (PN) se queda en Uruguay luego que éste y los otros 134 artículos controvertidos que integran la Ley de Urgente Consideración (LUC) y que fueron expuestos a un repechaje en el referéndum nacional que se realizó este domingo 27 de marzo, obtuviera 22.000 votos más que aquellos que anhelaban su derogación.
El balance ofrecido por el Comité Electoral arroja que con 1.065.001 votos por el sí, 1.087.557 votos por el no, además de 28.747 sufragios en blanco, 81.817 anulados y otros 36.080 observados, los más de 2,2 millones de votos emitidos ofrecieron a los 135 artículos puestos a consideración de la LUC y, entre ellos, la PN, su continuidad en la arquitectura legislativa local.
Los cruces, las discusiones y las argumentaciones fueron copiosas y dividieron la sociedad uruguaya desde hace mas de un año en torno a los diversos aspectos que fueron reunidos al calor de un articulado tan controvertido. En lo que refiere a la PN fue más un debate político que técnico, al tiempo que es dable señalar que todo el mecanismo de creación fue puesto en marcha desde el primer día por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), dado que eso establece su norma vigente.
Por ello, tras su sanción en julio de 2020, el regulador avanzó con las tareas administrativas que le permitieron dar inicio a la PN el pasado 12 de enero de 2021, aún con la cláusula de derogarlo si el referéndum hubiera sido diferente del que ayer fue. El resultado ofrece otro panorama y la PN seguirá su curso, al tiempo que las y los usuarios podrán conservar su número celular, más allá de quien sea la empresa que le preste el servicio; tal como sucede en casi toda la región desde hace más de una década.
Cabe recordar, además, que pocos días antes de realizarse esta cita ciudadana, la Ursec había publicado su primer análisis comparativo de precios y rendimientos registrados antes y después de implementada la PN y había concluido que “el impacto de la implementación de la Portabilidad Numérica en los planes de telefonía móvil ofrecidos por los OSTM (ponderado por los meses de duración de los respectivos contratos)”, evaluó el reporte oficial.
“Fue una etapa superada, la ley queda firme”, celebró a modo de balance Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, tras conocer el resultado. En esa mega normativa se desarrolla su modelo de gobierno y, hoy, cuenta con la anuencia popular. En adelante, resta ver cómo la PN impactará en el mercado móvil local y en la suerte de sus tres operadores; el público, Antel; y los privados, Movistar y Claro. Será tarea de las crónicas futuras, reflejarlo.
