Lo que el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump propuso como idea en 2018 y fue derribada como tal, vuelve a resugir cuatro años más tarde, en plena administración de Joe Biden: crear un operador de telecomunicaciones en 5G donde una empresa privada se hace cargo de construir una red y de operarla pero el espectro queda en poder del Estado. ¿Les suena la idea? Sí, sí, los vecinos de México encararon ese proyecto hace casi una década y los resultados no han sido los esperados. O, mejor dicho, han sido más bien negativos.
El caso Altán Redes sobrevuela por Estados Unidos, y en su sección de columnas de opinión el Wall Street Journal advierte sobre las consecuencias del intervencionismo del Estado en el sector de las telecomunicaciones. El nivel de alarma que plantea es tal que asegura que este país va camino a repetir el mismo error de la Red Compartida si se impulsa un proyecto orientado a crear una red donde el espectro, en vez de estar en poder de los privados, queda en manos del Estado. Lamentablemente, los casos conocidos donde se da esta situación no han brindado los frutos esperados.
Aquel proyecto original señalaba que un proyecto de estas características “supuestamente estimularía la inversión y promovería la innovación”, tal como lo señaló Thomas W. Hazlett , quien firma la columna en el WSJ y es profesor de economía de la Universidad Clemson y que fuera economista en jefe de la Federal Communications Commission (FCC) entre 1991 y 1992, además de haber sido autor del libro La política del espectro: La liberación tumultuosa de las tecnologías inalámbricas desde Herbert Hoover hasta el smartphone.
Hazzlet recuerda en su artículo la historia de Altán Redes, donde el esfuerzo que supuso dictar una norma constitucional para asignar al Estado la banda de 700 MHz -para que otro construyera una red bajo la buena intención de que ese operador mayorista se convirtiera en la autopista sobre la que se montarían otros prestadores de servicios- no condujo a nada.
Tal como lo contó TeleSemana.com hace un año, por la red de Altán pasa apenas el 2 por ciento del total de los clientes de México y no se subieron otras compañías a esa infraestructura. AT&T avanzó con su propia red y Movistar se apoya cada vez más en esta por las dificultades que supone en este país acceder a espectro adicional, y Telcel, al que se pretendía afectar en su dominancia del mercado, supo encontrar la forma de seguir ampliando su participación. Esto es lo que cuenta Hazlett en su columna en el WSJ.
“El espectro regalado a la Red Compartida ha enfriado la rivalidad y forzado a la consolidación. De 2017 a 2020 Telcel aumentó la participación en los ingresos. Sus mayores rivales, Telefónica y AT&T, fueron bloqueadas de pujar por el espectro donado a Red compartida. Movistar, pobre en espectro, está en caída libre. Su estrategia de salida desesperada es cambiar a sus suscriptores a la red de AT&T, que tiene más ancho de banda. El premio gratis no ha empoderado a la Red Compartida, que se ha perdido múltiples plazos de cobertura y ganó pocos clientes”, asegura Hazzlet en ese artículo.
¿Por qué razón aparece este tema en una columna de opinión del WSJ? Porque detrás de esta idea de que el Estado se involucre más en las asignaciones de espectro hay un grupo de inversión, Rivada Networks, que quedó afuera de la compulsa de la Red Compartida tras haber sido asignada a Altán Redes.
A tono con ciertos vientos que corren, revoltosos, por el mundo, Rivada Networks “declara lealtad a los mercados libres, ataca las subastas de licencias de la FCC y propone una plataforma de acceso abierto dotada de derechos de espectro otorgados por los hacedores de la política y no por ofertas de dinero”, señala Hazzlet en su columna. Según pudo saber TeleSemana.com, se trata de un fondo de inversión que suele aparecer en aquellos países en donde se abordan ideas similares a los de la Red Compartida, razón por la que este experto alza la voz. En su web, este fondo de inversión señala que se dedica a la tecnología de arbitraje dinámico de espectro que transforma las redes en mercados.
Hazzlet asegura que las cosas están yendo muy bien en Estados Unidos a través de un modelo mayorista y de compartición de infraestructura que las mismas operadoras administran, sin la intervención estatal. Recuerda que hay 130 operadores móviles virtuales en ese país funcionando sobre las redes de Verizon, AT&T y T-Mobile, donde el espectro es asignado por el Estado. Agrega, asimismo, que este esquema es el que está permitiendo que las redes 5G se estén desplegando rápidamente en este país porque se incentiva la reducción de costos y la competencia. Y proclama que debe continuar promoviéndose este sistema de distribución de recursos.
En otras palabras, Hazzlet no solo está a favor de la compartición de infraestructura sino que, de algún modo, también avala a las redes neutrales en donde existe este doble juego ya conocido desde hace muchos años por los distintos jugadores del sector: la coopetencia, es decir, la colaboración y la competencia entre las operadoras a las que, ahora, podría agregarse la compartición por los costos que supone para un solo operador levantar una red. Este punto pareciera cobrar mayor relevancia en plena era de 5G donde, como bien se sabe, la construcción de infraestructura será, al menos, 10 veces más amplia que la visto hasta ahora, de acuerdo a lo que se desprende de distintos estudios privados.
Hazzlet finaliza su columna, que puede leerse desde aquí, señalando que lo que mejor ha funcionado han sido las políticas basadas en derechos de espectro de uso flexible, donde es el Estado el que se ocupa de distribuirlo entre los jugadores del sector y no dejándolo para sí. El caso de México es, tal vez, el mejor ejemplo que, en la mirada de este especialista y es funcionario, no se debe seguir. El Estado debe estar, claro que sí, pero solo para ordenar la disponibilidad de espectro.
