El Grupo de Seguimiento para el Costeo de Proyectos de Conectividad Escolar (GAPE), nacido al calor de la licitación de 5G y bajo la órbita de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para “disciplinar y fiscalizar” que las obligaciones comprometidas en la banda de 26 GHz se realizaran, continúa en su labor cotidiana de establecer definiciones concretas y acaba de dictaminar, por ejemplo, que la velocidad mínima requerida será de 256 Kbps por alumno, aunque dependerá de la matrícula que esa institución educativa tenga.
El criterio por matricula establece, según lo comunicó el propio GAPE, de 50 Mbps para escuelas con 15 a 199 inscripciones; 100 Mbps para escuelas con 200 a 499 inscripciones; y de 200 Mbps para escuelas con 500 inscripciones o más.
Las definiciones para el desarrollo de proyectos de conectividad en las escuelas primarias públicas se realizaron en el marco de la cuarta Reunión Ordinaria del GAPE y establecieron que la provisión de conectividad tendrá un enfoque de uso pedagógico, experiencia a la que busca “potenciar” y mejorar”; admite que aspira a “maximizar el impacto de la inversión de los recursos proporcionados”, por ejemplo, evitando la superposición de iniciativas; y que brega por reducir las desigualdades sociales y regionales.
Pero este equipo de trabajo también publicó los resultados del primer estudio sobre educación conectada, como consecuencia de la quinta reunión y en el marco del cumplimiento de otros de los objetivos que esta cartera tenía por delante y que estaba vinculado al análisis y mapeo del estado de situación local.
En ese relevamiento, disponible aquí, se advierte la existencia de 14.894 colegios sin Internet pero, 4.625 de ellos no tienen energía, y por tanto recalcula el universo a servir en esta iniciativa a 10.269, de los cuales 8.877 son rurales y 1.392 urbanos.
El orden de prioridad para asistir a las escuelas estará dado por la conectividad de banda ancha a las que no están conectadas a Internet, seguido por aquellas instituciones que están conectadas pero que no tienen ancho de banda amplio. A ellas le seguirán la mejora en la calidad de enlace para el uso pedagógico de los establecimientos que ya tienen banda ancha, y luego la mejora de la infraestructura interna de distribución de Internet en las escuelas; la conectividad y el uso de Internet dentro del aula; y la formación de profesores y técnicos escolares, con el objetivo de un mejor uso de la conectividad.
Así, el GAPE estableció que la prioridad será la fibra óptica y que las iniciativas que se presenten para resolver esta brecha digital escolar deberán contemplar la implementación total de la infraestructura, tanto interna como la de última milla y que, en los casos que -aunque no estén conectadas, pero en cuya zona exista cobertura fija- el esfuerzo será menor y se podrán vehiculizar con menos recursos y mayor simpleza.
Entre sus definiciones, además, se pondera la posibilidad de avanzar con proyectos que involucren equipamiento y dispositivos de conectividad, como computadoras, notebooks, tablets u otros que pudieran utilizarse a los fines pedagógicos; como también tender alianzas con organizaciones territoriales y con experiencias en este tipo de iniciativas.
Cabe recordar que el Gape está en funcionamiento hace seis meses y cuya creación se enmarcó en la licitación de 5G, realizada en noviembre de 2021. También, que el aviso preveía la asignación de más de 607 millones de dólares (3.100 millones de reales) para la provisión de conectividad en las Escuelas Públicas de Educación Básica a través de proyectos que serán propuestos por la Gape y operados por la Entidad Administradora de la Conectividad de las Escuelas (Eace).
El Gape tiene como accionistas a los operadores ganadores de la subasta 5G: Vivo, TIM, Claro, Algar y Neko (Surf Telecom), aunque también es pertinente señalar que este último renunció hace un mes a la frecuencia. Por esos días, Maxwell Borges de Moura Vieira, ejecutivo que ocupó el cargo administrativo y de Telebrás, fue nombrado al frente del Eace.
