Altán Redes vuelve a estar en el centro de la atención de las telecomunicaciones en México. La dueña de la Red Compartida, ahora asociada con el Gobierno luego del rescate que ordenara el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de la banca de desarrollo mexicana, plantea la necesidad de atender a los usuarios finales y de contar con mayor flexibilidad para poder darle respuesta al negocio. ¿Es posible pensar en una Altán Redes proveedora de servicios minoristas? ¿A qué se refiere con mayor flexibilidad? Hay respuesta, aunque no es lineal, y también hay que intentar ver qué es lo que está sucediendo detrás de esta nueva postura tomada por la compañía.
Llegar a los usuarios finales es la novedad que está proponiendo Carlos Lerma, el nuevo CEO de la compañía, quien planteó la necesidad de venderles servicios a los usuarios finales para generar los ingresos que, hasta ahora, no consiguió porque, sostuvo, es el modo de darle un giro al negocio. Esto lo aseguró en el marco del Foro Telecomunicaciones para la Inclusión: ¿Puede la conectividad reducir la pobreza y la desigualdad?, realizado este miércoles en la Cámara de Diputados del Congreso de México, en el que se abordaron diversas cuestiones, como el costo del espectro y el acceso.
“Si tuviéramos flexibilidad para comercializar de forma directa (a usuarios finales) tendríamos una herramienta importante para incrementar nuestras posibilidades de aumentar nuestros ingresos de una forma directa”, dijo Lerma, de acuerdo a lo publicado por Expansión. Este medio cita documentación presentada por la operadora en la que da cuenta de los altos costos que el despliegue de la cobertura, la ejecución de los objetivos sociales y el mantenimiento demandan. Y justificó que los retrasos que, por estas razones, se produjeron a nivel de ampliación de infraestructura impidió que se desarrollaran otros Operadores Móviles Virtuales (MVNOs, por su sigla en inglés). Solo a modo de recordatorio, hay que señalar que hoy sobre la red de Altán se presta servicios a unos seis millones de clientes cuando la previsión era que, a finales de 2021, ya hubiesen 19 millones de usuarios sobre esta infraestructura.
En este contexto, incluyendo lo planteado ahora por Lerma, ¿es posible pensar que la Red Compartida venda sus servicios a los clientes finales? En principio no porque no lo permiten las leyes supremas de México. Con una excepción: solo podría llegar a los clientes finales en caso de que no haya ningún operador ofreciendo servicios en esa misma localidad, tal como lo establece el artículo 140 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Entonces la pregunta obligada que le sigue es ¿qué porcentaje de la población de México no tiene acceso a ningún proveedor de servicios de telecomunicaciones? Entre el cinco y el siete por ciento, según las fuentes consultadas por TeleSemana.com. ¿Lerma está pensando en esa población?
El modelo de negocios de Altán no puede modificarse así como así, tal como lo explica Jesús Romo, director de Telconomía quien, en diálogo con TeleSemana.com, sostuvo que “la Constitución dice que esta Red Compartida tiene que operar como mayorista. Y esta clase de red como la que opera Altán tiene garantizado el uso de la banda de 700 MHz que está subsidiada y le marca, además, que sus clientes finales son otros prestadores de servicios”.
De modo que si se quiere abordar a los clientes finales desde la Red Compartida solo podría ser posible cambiando la Constitución, hecho que, al mismo tiempo, generaría un conflicto de intereses porque el gobierno se convertiría en un prestador de servicios subsidiados y eso rompe las leyes de un mercado en competencia.
Que Altán tenga, ahora, al Estado entre sus accionistas no sería un conflicto pero sí el hecho de competir con otros actores siendo un operador favorecido por los subsidios otorgados a su espectro. De hecho, Romo recordó que la ley de telecomunicaciones prevé la existencia de redes con participación estatal. “Si bien está hecha a la medida de la red mayorista, (la norma) dice que las redes con participación estatal solo operan como mayoristas. Por eso (para avanzar con la idea de vender servicios a usuarios finales) habría que introducir una reforma a la ley federal de telecomunicaciones y también de la Constitución. Y si se abre la puerta a esto último también se abre la puerta a que se reformen otros aspectos, y ya estamos viendo el conflicto entre el gobierno federal y los organismos autónomos”, apuntó.
En tiempos donde se deslizan esas intenciones, también surgen especulaciones de otro tipo. Si bien hay consenso en que un cambio en el negocio de Altán, su espíritu, obligaría a reformar la Constitución, también surgen dudas respecto a cómo se interpreta el artículo 16 que, en su apartado VI, plantea que la compañía “operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red compartida”.
El artículo 140, mencionado más arriba, es bien claro pues afirma que aún cuando haya proveedoras de servicios con articulación público-privada “en ningún caso podrán estas redes ofrecer servicios a los usuarios finales”. Y la excepción solo correría “cuando no hubiere concesionario o autorizado que preste servicios a los usuarios finales en determinada zona geográfica y exista cobertura e infraestructura de las redes mayoristas referidas en los artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto del Decreto”. En ese caso, sigue la norma, “el Ejecutivo Federal garantizará, a través del organismo descentralizado denominado Telecomunicaciones de México, de comercializadoras o concesionarios, la prestación de servicios a los usuarios ubicados en las localidades respectivas, hasta en tanto exista otra oferta para los usuarios”. Es decir, se trata de un aspecto que también está resuelto desde la normativa vigente. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión puede consultarse aquí.
El planteo de Lerma sobre la venta a usuarios finales genera suspicacias, pues permite especular con la existencia de interesados en que cambie el negocio de la operadora y se dé paso, así, a otra serie de reformas. En este escenario, siempre aparecen mencionados los 90 MHz del espectro de 700 MHz Altán, tal como está expresado en las normas de este país. Y es bien conocido el apetito de las operadoras de telecomunicaciones privadas por esa frecuencia. ¿A qué viene esta consideración? A que encarar una reforma de la Constitución para que Altán se convierta en proveedor minorista podría llevar, inexorablemente, hacia ese lugar también.
Por lo pronto, es de esperar que el rescate por 388,1 millones de dólares realizados por la banda de desarrollo mexicana tenga sus resultados y le dé a la operadora el aire suficiente para continuar desplegando su red y brindando servicios mayoristas a los MVNOs o a las operadoras de telecomunicaciones que se van desprendiendo de su infraestructura para concentrarse en los servicios. Y seguir con atención los próximos pasos de la nueva conducción de Altán.
