Como ya es sabido por todos, la guerra geopolítica y económica iniciada por Donald Trump contra China tocó de lleno al sector de las telecomunicaciones, y Estados Unidos, alegando motivos de seguridad, obligó a los operadores a deshacerse de los equipos de telecomunicaciones que fuesen de proveedores de ese país, principalmente de Huawei y ZTE.
Esto se produjo bajo lo que se llamó Secure and Trusted Communications Networks Act que iba encaminado a ayudar operadores regionales y rurales a deshacerse de dichos equipos alegando motivos de seguridad nacional. El programa, sin embargo, se expandió con el Consolidated Appropriations Act, por el cual otros operadores también podían aplicar —operadores hasta 10 millones de clientes activos—.
Dentro de este proceso, por el cual el Estado iba a proporcionar ayudas a los operadores para poder desprenderse de dichos equipos, Jessica Rosenworcel, presidente de la Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos, explicó al Congreso de ese país el viernes pasado que las aplicaciones de empresas que habían calificado para las ayudas llegaban a una cifra de 4.800 millones de dólares, lo que significa casi 3.000 millones más a los 1.900 millones presupuestados para estas ayudas. Esta previsión ya se había realizado unos cinco meses atrás, aunque en ese momento el cálculo era tres veces superior al inicial.
“Para financiar todas las estimaciones de costos razonables y respaldadas dentro del primer grupo de priorización y cubrir gastos administrativos, el Programa de Reembolso requerirá 4.700 millones de dólares, lo que refleja un déficit actual de 2.800 millones. Para financiar todos los costos razonables dentro del primer y tercer grupo de priorización y cubrir los gastos administrativos, el programa de reembolso requerirá 4.980 millones, lo que refleja un déficit actual de 3.080 millones. No hay solicitudes que entren en la segunda categoría de priorización”, decía Rosenworcel en su misiva al Congreso.
Los motivos por los cuales se ha superado con tanto margen son variados pero incluyen la ampliación del tipo de operadores que podían solicitar las ayudas, no se estimaron correctamente los costos que eran reembolsables según la ley, y que los operadores han enfrentado costos adicionales debido a las limitaciones de la cadena de suministro, la inflación y la necesidad de completar sus proyectos dentro del plazo de un año obligados por la propia normativa vigente.
